Gobiernos y funcionarios de agencias internacionales aplaudieron la aprobación en la ONU de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, lograda tras dos décadas de negociaciones. Pero líderes indígenas y expertos latinoamericanos no encontraron mayores motivos para celebrar.
El documento no tiene carácter vinculante y se negoció, en varios de sus tramos, de espalda a los presuntos beneficiarios, coincidieron en señalar a IPS los dirigentes indígenas Manuel Castro, de Ecuador, y Luis Andrade, de Colombia, así como el ex director del Instituto Indigenista Interamericano, el mexicano José del Val.
Una postura diferente mostró Elmer Erazo, portavoz de la no gubernamental Fundación Rigoberta Menchú, de Guatemala. Para este observador, el instrumento podría considerarse un avance sólo "en la medida que lo utilicen los pueblos indígenas".
Pero es cierto, "tampoco es para saltar de alegría", admitió ante IPS.
La Declaración fue adoptada el jueves en la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) por la mayoría de los gobiernos asistentes.
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Los votos en contra fueron de Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. El único latinoamericano que se abstuvo de votar a favor fue Colombia, junto a otros 10 países de diversas regiones.
El instrumento de 12 páginas y 16 artículos, señala que los indígenas tienen derecho a su autodeterminación como pueblos y a ejercer su autonomía en "asuntos internos y locales".
Además, indica que los nativos cuentan con el derecho a no perder su cultura y a no ser desplazados de sus tierras, y exhorta a los Estados a indemnizarlos cuando sus territorios o recursos son usados o dañados sin su consentimiento.
El presidente de Bolivia, el aymara Evo Morales, se declaró feliz por la aprobación. "Estas normas permitirán que los derechos sean únicos para todos y no sigamos marginados", declaró.
El mandatario boliviano convocó a sus hermanos indígenas a realizar una cumbre mundial el 10 y 11 de octubres próximos para celebrar y analizar las implicaciones del hecho.
Sin embargo, otros creen que no existen mayores motivos para celebrar.
"Veinte años de debates para sacar esta declaración y terminamos con un instrumento declarativo que no obliga a nada a los gobiernos, esto es una vergüenza", sentenció Castro, portavoz de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
Por su parte, Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, opinó que el nuevo instrumento "es como decir sí, pero no", al no ser vinculante. A su entender, muchos gobiernos firmaron el documento "sólo para salvar su responsabilidad".
Respecto de la postura de su país, que se abstuvo de votar a favor de la declaratoria, dijo que tal actitud "demostró que se trata de una administración "que amenaza los derechos de los indígenas y que es su enemigo".
El ex director del Instituto Indigenista Interamericano, el mexicano Del Val, señaló que el instrumento debe ser tomado "como un referente ético y moral para los pueblos indígenas, pero hasta ahí, nada más".
"Es una declaración no obligatoria, muy general, con un lenguaje lleno de candados y varias imprecisiones", describió Del Val, quien es jefe del Programa Universitario México Nación Multicultural en la Universidad Nacional Autónoma de México.
"Muchos gobiernos lo firmaron para llenar el expediente burocrático, para zafarse del tema", sostuvo. Erazo, de la Fundación Menchú, grupo que trabaja en temas indígenas bajo la égida de su líder, la guatemalteca y premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, comparte la idea de que la Declaración no ofrece ninguna garantía de cumplimiento.
No obstante, recomendó tomarla "como una arma para ser usada por los pueblos". Según gobiernos y las autoridades de la ONU, entre ellas su secretario general Ban Ki-moon, la declaratoria fue un triunfo para los 270 millones de indígenas del mundo.
Ban consideró incluso que la aprobación fue "un momento histórico en el que los estados miembro y los pueblos indígenas se reconciliaron con sus dolorosas historias".
Mientras, el director de la oficina latinoamericana del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Nils Kastberg, dijo que representa "el reconocimiento más importante que la comunidad internacional debía hacer a los niños, niñas y adolescentes indígenas de cara a la construcción del mundo que siempre soñaron los sabios indígenas del planeta".
Tales declaraciones fueron consideras exageradas por el dirigente indígena ecuatoriano. "Para nosotros no hay una ganancia importante, si además consideramos que en las negociaciones no estuvimos bien representados y que muy pocos indígenas ni siquiera saben de la existencia de este documento", expresó
"Hay varias leyes y acuerdos que hablan de nuestros derechos, ésta (la declaración) es una más en el camino de ser letra muerta", sostuvo.
En las negociaciones de la declaración participaron en diferentes momentos líderes nativos de la región, algunos de los cuales fueron considerados poco representativos. También estuvieron debatiendo el tema funcionarios de gobierno y expertos.
"Participamos en algunas discusiones, pero hay que decir con sinceridad que el nivel de representación de la mayoría de indígenas fue bajísimo", apuntó el presidente de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia.
Ateniendo las estadísticas de los gobiernos, en el continente americano habría 38,5 millones de indígenas. Tal cifra es considerada por algunos expertos como muy baja.
En lo que no hay discrepancia es en el hecho de que los indígenas son el grupo social más empobrecido de la región y que el concentra la mayoría de rezagos sociales en salud, educación, vivienda y alimentación.
A pesar de esa condición, los movimientos indígenas de América Latina y el Caribe dieron en los últimos años muestras de un creciente poder y protagonismo político.
En la última década su actuación fue decisiva, por ejemplo, en el derrocamiento de los presidentes Jamil Mahuad, en enero de 2000 en Ecuador, y de Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre de 2003 en Bolivia. Además, desde comienzos de 2006 ocupa la presidencia de Bolivia, el aymara Morales.
Los indígenas latinoamericanos también trazaron nuevas rutas en los procesos políticos y dejaron huella en parlamentos, ministerios y alcaldías.
