La Corte de Constitucionalidad de Guatemala tiene desde este jueves en sus manos la decisión de desclasificar o no documentos de operaciones militares de 1982 y 1983, comandadas por el entonces dictador José Efraín Ríos Montt, que contienen información sobre el genocidio perpetrado en este país.
"Las víctimas tienen derecho a saber la verdad, y el conocimiento (de estos documentos) es una forma de reparación", dijo este jueves Alejandro Rodríguez, abogado de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) en una audiencia pública celebrada por la Corte, en la que una fiscal del Ministerio Público y los defensores de Ríos Montt presentaron argumentos a favor y en contra de la desclasificación.
La Corte tiene cinco días para pronunciarse.
Esta vista pública se produce después de que el 19 de julio, la Sala Primera de Apelaciones, presidida por Napoleón Gutiérrez, rechazó una acción legal de Ríos Montt en la que pretendía que los documentos militares —"Campaña Victoria, 1982", "Operativo Sofía del 15 de julio de 1982", "Asuntos civiles, operación Ixil" y "Plan Firmeza, 1983"— se mantuvieran secretos.
Gutiérrez argumentó entonces que esos documentos no comprometen la seguridad nacional porque los crímenes ya fueron cometidos, y conminó al Ministerio de Defensa, que los protege como secreto de Estado, a entregar copias certificadas de ellos al juzgado encargado del proceso por genocidio contra Ríos Montt y otros militares.
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El artículo 30 de la Constitución establece que todos los actos administrativos y expedientes son públicos salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional.
"No podemos estar tratando de esconder las atrocidades que se cometieron arguyendo que se trata de un secreto de Estado", alegó el también abogado de la AJR, Edgar Pérez.
"El secreto de Estado no puede ser un mecanismo de impunidad", afirmó Rodríguez, para quien el propósito del secreto es evitar la investigación de las "atrocidades" ordenadas por Ríos Montt.
El ex dictador, que gobernó entre marzo de 1982 y agosto de 1983, tiene procesos abiertos en un juzgado de Guatemala por delitos relacionados con su mandato, considerado el más sangriento de los que se sucedieron en el conflicto armado interno (1960-1996) que dejó más de 200.000 víctimas mortales, la mayoría indígenas, incluyendo 50.000 desapariciones forzosas.
La Audiencia Nacional Española emitió el 7 de julio de 2006 una orden internacional de captura con fines de extradición a ese país contra Ríos Montt y otros siete ex funcionarios de su gobierno a los que se les imputa la comisión de crímenes de genocidio, torturas, terrorismo y detenciones ilegales.
El abogado de Ríos Montt, Luis Alfonso González, dijo este jueves que, según la normativa militar, un documento considerado secreto de Estado sólo puede ser desclasificado "después de 30 años o por decisión de la misma autoridad que lo clasifica", en este caso el Ministerio de Defensa.
"Si se llegara a acceder al pedido del Ministerio Público (fiscalía), tanto el Ministerio de Defensa como el juez (de la Corte de Constitucionalidad) estarían violando la Constitución", alegó González, para quien "el juez no puede decidir si el documento es secreto o no lo es".
Iduvina Hernández, de la no gubernamental Asociación Seguridad en Democracia, dijo a IPS que "a estas alturas, un cuarto de siglo después de los hechos, no hay razón de seguridad nacional que justifique la clasificación o el secreto sobre los operativos militares en el terreno".
Para los abogados de la AJR, que agrupa a sobrevivientes de las masacres cometidas en la guerra, si el fin primordial del proceso penal es saber la verdad, no se puede dar una interpretación absoluta a las disposiciones sobre restricciones de la publicidad contempladas en el artículo 30 de la Constitución.
"¿Qué es secreto de Estado, acaso matar niños, quemar casas hechas con hojas de caña? El ejército se quiere lavar las manos como Pilates", dijo este jueves a los periodistas Ramón Caba, sobreviviente de una masacre y presidente de la Junta Directiva de la AJR.
Al término de la vista pública, que duró una hora y media, Caba expresó su deseo de que la Corte de Constitucionalidad "dé una buena respuesta para nosotros, los sobrevivientes".
Tiburcio Gutui, de 67 años, recuerda muy bien el 16 de febrero de 1982, cuando los militares entraron a su pueblo y mataron a su padre, su madre y cinco hermanos. "Primero fusilaban, después quemaban todo y se llevaban las bestias, los cerdos y las gallinas", contó a IPS.
"Sólo en mi comunidad (en Chimaltenango, centro del país), mataron a 24, mujeres, niños, hombres. Nosotros queremos justicia porque quedamos en la pobreza después de que los militares quemaron nuestras casas", comentó a los periodistas Euligia López, cuyo esposo fue fusilado.
Las víctimas presentes en la audiencia expresaron su confianza en el sistema de justicia guatemalteco.
El coordinador del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Juan Francisco Soto, también manifestó a los periodistas su optimismo.
En un comunicado, el CALDH recordó que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos de violaciones de los derechos humanos las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad, o en razones de interés público o seguridad nacional para no aportar la información requerida por las autoridades encargadas de las investigación o procesos pendientes.
La Corte Interamericana emitió ese pronunciamiento en su fallo contra el Estado guatemalteco por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack, fundadora de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, apuñalada en septiembre de 1990 al salir de su oficina en la capital.
En 1989, había publicado un estudio en el que concluía que el desplazamiento masivo de indígenas había sido consecuencia directa de la política de contrainsurgencia del ejército.
Pese a las irregularidades y maniobras que retardaron ese proceso, el sargento Noel de Jesús Beteta Álvarez, miembro del Estado Mayor Presidencial, fue declarado en 1993 culpable del homicidio y condenado a 25 años de cárcel.
La audiencia de este jueves añade una nueva dimensión a los comicios generales del domingo 9, en los que 5,9 millones de guatemaltecos podrán elegir presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes.
Ríos Montt, de 81 años, se presenta como cabeza de la lista de candidatos a diputados por el derechista Frente Republicano Guatemalteco, después de que el Tribunal Supremo Electoral de este país centroamericano aceptó el 18 de mayo su postulación, despertando indignación dentro y fuera del país.
El 30 de julio, la fiscalía de Guatemala recibió más de un millar de cartas procedentes de 23 países reclamando agilizar los procesos contra Ríos Montt y otros militares acusados.
