Al grupo terrorista ETA le fracasaron cinco atentados que tenía planificados en España, varapalo al que se suman los duros golpes recibidos en Francia como resultado de un operativo policial conjunto de ambos países, hechos que confirman su debilitamiento progresivo.
En el transcurso del operativo binacional fue descubierto y allanado un local en el que la banda terrorista almacenaba materiales para la fabricación de explosivos y enseñaba a sus nuevos activistas a prepararlos.
Los cinco atentados frustrados, estaban programados para el domingo, cuando se esperaba un denso tráfico en todas las carreteras españolas por finalizar el período vacacional del año.
De los cinco atentados programados, sólo se produjo uno, pero con la explosión de un artefacto de escasa potencia.
Pasado el mediodía del domingo, ETA telefoneó a la Asociación de Ayuda en Carretera y al Diario de Teruel, avisando que había colocado cinco artefactos en las rutas de las comunidades autónomas de La Rioja, Castilla y León, Cantabria, Álava y el País Vasco, indicando el kilómetro de cada una de ellas en el que estaba previsto que estallasen cuatro horas después.
No obstante, según fuentes policiales, sólo se produjo un estallido "de escasísima potencia" en La Rioja. El artefacto contenía entre 200 y 400 gramos de explosivo, colocado en una zona deshabitada, y no provocó daños pues apenas hizo un agujero de 50 centímetros de diámetro y 10 de profundidad.
Las mismas fuentes han señalado que los otros cuatro explosivos probablemente no hayan sido colocados, porque quienes iban a hacerlo no se atrevieron a exponerse al comprobar el denso tránsito de vehículos en la zona.
"Sus pistoleros cada vez más son jóvenes, sin ninguna experiencia y sin demasiadas motivaciones", dijo a IPS un oficial que pidió no hacer público su nombre.
Esa carencia de "expertos" se agravó para ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en lengua vascuence) este sábado, cuando las policías de Francia y España detuvieron en la localidad francesa de Cahors a cuatro terroristas y entre ellos a Luis Ignacio Iruretagoyena, "Suni", el número dos del grupo y su máximo experto en explosivos.
Junto a Suni fueron apresados Olhan Barandalla, Ander Múgica y Alaitz Aramendi. Los cuatro montaron los últimos coches bomba y fueron el núcleo central de quienes trasladaron, colocaron e hicieron estallar una gran carga explosiva que el 29 de diciembre pasado produjo cuantiosos daños en el aeropuerto de Madrid y la muerte de dos trabajadores inmigrantes ecuatorianos.
En el lugar donde fueron detenidos, las fuerzas policiales se incautaron de dos grandes bombas preparadas en termos de agua, cada uno de ellos con capacidad para doscientos litros.
Los termos ya tenían colocados los detonadores y faltaba sólo llenarlos con los explosivos que tenían en el depósito, junto a otras bombas. Además, en el garaje había un automóvil robado al que ya habían puesto cables y un detonador a distancia, lo que permite suponer que tenían previsto cargarlo con los explosivos y perpetrar un atentado.
El ministro del Interior y hombre de peso en el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó en la víspera en rueda de prensa que estas detenciones y el secuestro de materiales suponen "un golpe decisivo" contra ETA.
Por otra parte, el fiscal antiterrorista de París, Jean-Michel Bourles, dijo a la prensa que el mismo "va a generar una desorganización del aparato de ETA durante un tiempo" y reclamó el alerta de las fuerzas de seguridad, para que el grupo no se pueda rearmar.
A pesar de estos éxitos de la política antiterrorista del gobierno español presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, el centroderechista Partido Popular (PP), la principal fuerza de oposición, insiste en reclamarle "hechos concretos".
Refiriéndose a la fallida conversación del gobierno con ETA, que nunca llegó a iniciarse porque Zapatero puso como condición que el grupo abandonase previamente las armas y renunciase públicamente a la violencia, el jefe del PP, Mariano Rajoy, dijo que falló en sus intentos de convencer al presidente "de que no se podía negociar con una organización terrorista".
En la misma línea se pronunció José María Michavila, dirigente del PP y ex ministro de Justicia durante el gobierno de ese partido (1996-2004), quien en un artículo publicado este lunes en el diario local El Mundo reclamó "que el gobierno gobierne y le diga a ETA que vamos a por ellos sólo con la ley, pero con toda la ley".
Porque, añadió, "hay que aplaudir cada detención de los terroristas, pero también hay que hacer política antiterrorista e ilegalizar a Batasuna-ANV".
ANV es el partido que reemplazó al brazo político de ETA, Batasuna, cuando éste fue ilegalizado por el Tribunal Constitucional. En la actualidad, esa agrupación tiene 437 concejalías, gobierna en 32 ayuntamientos (municipios) y, según Michavila, "manejan cientos de millones de euros" procedentes de los sueldos que cobran sus concejales y de los presupuestos de esos ayuntamientos.
Michavila critica al PSOE porque su gobierno no extendió a ANV la ilegalización de Batasuna, cosa que Zapatero no ha hecho, según sus asesores, porque la ilegalización es una facultad de la justicia y no del Poder Ejecutivo.
Zapatero ha repetido una y otra vez en las últimas semanas que se empeñó en lograr un final dialogado con ETA, pero que, si ese grupo rompió la tregua que había declarado para negociar, resolvió ser implacable.
Precisó que "contra la violencia estará la fuerza del estado de derecho, la ley y la prisiones. Ése será el destino de ETA, que por la violencia nunca conseguirá nada".
Esa es la situación en la actualidad, una ETA cada vez más debilitada, menos operativa y más castigada.
