En medio de la escalada del conflicto armado interno de Afganistán recrudece la pobreza, se agrava la corrupción, las instituciones se hunden en la crisis y la justicia está paralizada, según un informe difundido por la ONU.
En el Índice de Desarrollo Humano que elabora año a año el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre la base de la educación, la longevidad y el desempeño económico, entre otros indicadores, Afganistán ocupa el lugar 174 en una lista de 178 países.
Mientras, el Índice de Pobreza Humana lo describe como "uno de los peores del mundo", muy por debajo de Malí, considerado uno de los más pobres del mundo.
El Informe de Desarrollo Humano 2007 para Afganistán, un informe nacional de 176 páginas elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano y Políticas de la Universidad de Kabul, pinta un panorama crudo de las condiciones económicas y sociales en este país.
Afganistán es un país devastado por un ciclo de enfrentamientos armados internos iniciado por la invasión de la hoy disuelta Unión Soviética en 1979, que incluyó más de un lustro de régimen islamista opresivo encabezado por el movimiento Talibán (1996-2001).
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El estudio encargado por el PNUD y presentado el miércoles señala que, a pesar de los avances en materia de desarrollo humano desde 2002, "el país no progresa lo suficiente en la mayoría de las áreas", con "consecuencias nefastas para los pobres y los vulnerables".
Entre otras constataciones, el informe indica que 6,6 millones de los más de 25 millones de habitantes de Afganistán no satisfacen sus requisitos alimentarios mínimos.
En general, los más afectados son mujeres y niños. Los hechos son asombrosos: 60.000 niños afganos son adictos a las drogas, y otros 100.000 quedaron discapacitados o han sufrido algún tipo de herida por los prolongados conflictos.
Además, hay alrededor de 8.000 ex niños soldados, mientras que se estima en un millón los niños de entre siete y 14 años que trabajan.
Al mismo tiempo, unos 37.000 niños que trabajan y mendigan sólo en las calles de Kabul. Ochenta por ciento de ellos son varones, de los cuales 36 por ciento tienen entre ocho y 10 años.
El estudio también señala que el "alto nivel de discriminación" contra la población femenina se refleja en la frecuente falta de acceso equitativo y justo de víctimas mujeres y acusadas a la justicia, porque tradicionalmente es inusual que puedan presentar demandas por sí mismas.
De todos modos, a pesar de las guerras, Afganistán registra avances hacia algunos objetivos de desarrollo, según el estudio.
El producto interno bruto por habitante aumentó de 683 dólares en 2002 a 964 dólares en 2005.
Otros 132.000 kilómetros cuadrados de tierra fueron despejados de minas terrestres en 2006. La cantidad de usuarios de teléfonos se disparó a unos 2,5 millones (10 por ciento de la población), mientras que las inscripciones en las escuelas aumentaron en cinco años de 900.000 a casi 5,4 millones.
La malaria y la tuberculosis cayeron drásticamente, según el informe. Pero Afganistán se ubica en el puesto número 17 entre los 22 países con alta incidencia de tuberculosis.
"El suelo, el agua y los bosques —base del sustento para la mayoría de los afganos— fueron degradados severamente debido a las demandas excesivas de energía para uso agrícola y doméstico", señala el estudio.
Para revertir esta tendencia, Kabul sancionó una ley ambiental.
Mientras, el presidente de Afganistán instalado por Estados Unidos, Hamid Karzai, dijo el martes a la Asamblea General que su país afronta "desafíos capitales", entre ellos el terrorismo y el narcotráfico.
Karzai señaló el agudo aumento de los ataques terroristas —incluidas "nuevas y brutales tácticas como decapitaciones, secuestros e incendios de escuelas"— como obstáculos al progreso social y económico del país.
Reafirmando sus observaciones, el Informe de Desarrollo Humano señala que uno de los principales desafíos a la ampliación del régimen de derecho es el "comercio de narcóticos, en constante expansión" en Afganistán.
La producción de opio fue calculada en unas 6.100 toneladas en 2006, lo que representa un aumento de alrededor de 49 por ciento respecto de 2005.
El comercio del opio representa para el país ingresos por unos 3.100 millones de dólares anuales, casi 50 por ciento del producto interno bruto legal del país, según el informe.
"La economía afgana depende mucho más de la producción, refinamiento y exportación de narcóticos que cualquier otra en el mundo, con un ingreso por persona a partir de los narcóticos que excede la asistencia oficial al desarrollo", agrega.
Una de las mayores preocupaciones es el frágil estado de la seguridad del país, que tiene un impacto negativo sobre el desarrollo.
Efectivos militares de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que ocupan grandes áreas de Afganistán, pasaron del sur al este en respuesta al aumento de los ataques de las fuerzas de Talibán.
Un nuevo informe de la ONU elaborado por el secretario general Ban Ki-moon y presentado la semana pasada establece que ambas fuerzas, en su mayoría lideradas por Estados Unidos, aumentaron de 18.500 miembros en julio de 2006 a los actuales 39.500, procedentes de 37 países.
La seguridad continuará en manos de tropas de la coalición porque las fuerzas de seguridad nacional afganas y la policía nacional afgana "actualmente son inadecuadas, tanto en número como en profesionalismo".
El secretario general también dijo que el "empeoramiento de las condiciones de seguridad y la ausencia de un consistente estado de derecho" tuvieron "un impacto negativo en el goce de los derechos humanos en Afganistán, especialmente el derecho a la vida y a la seguridad, al libre movimiento, el acceso a la educación y a la salud y el acceso al sustento por parte de las comunidades".
En una conferencia de prensa realizada en la ONU la semana pasada, Tom Koenigs, representante especial del secretario general en Afganistán, dijo que no era verdad que el poder de Karzai estuviera limitado a Kabul, aunque todavía era débil en algunas provincias.
También señaló que el presidente designó a los 34 gobernadores del país y que hasta ahora ninguno desobedeció sus órdenes.
