El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrará una sesión especial la semana venidera para discutir la represión ejercida en los últimos días por el régimen militar de Birmania, que ha dejado una cantidad no precisada de muertos, heridos y detenidos entre los monjes budistas y otros manifestantes opositores.
La decisión del máximo organismo especializado de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) se convirtió en un broche de oro de su sesión ordinaria de tres semanas que había sido dedicada preferentemente a cuestiones de procedimientos.
La represión en el país asiático se volvió letal esta semana. Algunos medios occidentales mencionaban 13 o 14 muertos, pero fuentes diplomáticas en Rangún advertían de que podían ser muchos más y activistas hablaban de hasta 200 fallecidos en las acciones contra manifestaciones callejeras conducidas por los monjes budistas.
Birmania, que desde 1962 ha soportado una sucesión de regímenes autoritarios, se ha sumido en una creciente violencia desde que comenzaron las protestas populares contra un aumento de 500 por ciento en el precio de los combustibles, a mediados de agosto.
En ese contexto, esta resolución del consejo es un hecho trascendente, estimó Peggy Hicks, experta de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), quien viajó desde Nueva York, sede de la entidad, para seguir el desarrollo de los debates del consejo.
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HRW cree que el organismo dio este viernes un paso importante, tanto para Birmania como para el mismo consejo. Se trata de otra señal dirigida a los gobernantes birmanos de que la violencia no será tolerada, opinó Hicks.
La iniciativa de una sesión especial sobre Birmania, propuesta por la Unión Europea, recibió el respaldo de 17 miembros del organismo. El consejo está compuesto por 47 Estados y la mayoría requerida para convocar la sesión especial es de 16.
La Unión Europea hizo saber que la petición había sido firmada por 53 Estados, incluidos 36 que sólo tienen rango de observadores. La mayoría de los adherentes, según la lista suministrada por los europeos, forman parte del bloque de países industrializados. Los restantes son seis de América Latina y dos de África.
Ningún país en desarrollo de Asia y menos aun del Caribe aparece entre los peticionantes de la sesión especial. Tampoco figura Brasil, país de donde es oriundo el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Birmania, Paulo Sergio Pinheiro.
El grado de adhesión recibido por la iniciativa europea insinúa que el debate, a celebrarse el martes 2 de octubre, puede concluir con un moderado llamado de atención a la dictadura birmana y una incitación al diálogo entre los sectores contrapuestos.
De todos modos, Hicks resaltó que se trata de un hecho simbólico y opinó que "el simbolismo es importante" porque el consejo toma intervención en los hechos.
De por sí solo, el consejo no va a cambiar la situación, aceptó. "Sin embargo, creo que reviste una importancia increíble que se le pueda decir a las autoridades de Birmania que esa situación, donde hay una crisis de derechos humanos, demanda la atención urgente de este cuerpo", dijo la experta de HRW.
Hicks hizo también una evaluación positiva de los trabajos del consejo en estas primeras tres semanas de su sexta sesión ordinaria, que continuará en diciembre. "El consejo está trabajando un poco mejor que antes, aunque todavía le resta un largo camino", comentó la experta a IPS.
Sin embargo, HRW se siente todavía algo decepcionada porque de una lista de 10 países que requerían la atención del consejo, sólo dos quedaron bajo el examen del organismo: la Sudán, por la crisis humanitaria en su región occidental de Darfur, y Birmania.
"Hay muchas regiones en el mundo que necesitan el mismo tratamiento. Por eso estamos desilusionados", dijo Hicks.
Las discusiones para renovar los mandatos de los relatores sobre la situación de derechos humanos en todo el territorio de Sudán y en la República Democrática del Congo fueron pospuestas para diciembre, se quejó.
El consejo ignoró crisis endémicas de derechos humanos como las que existen en Uzbekistán y en Iraq. Tampoco se ocupó de lleno de los casos de Sri Lanka, Irán, Corea del Norte, Belarús y Zimbabwe.
Sin embargo, HRW rescató la decisión del consejo de iniciar a comienzos de 2008 el Examen Periódico Universal, un proceso que someterá a todos los Estados miembros de la ONU a una revisión de su apego a los tratados de derechos humanos que han ratificado.
Este sistema de supervisión constituye el rasgo distintivo del consejo con respecto a la desaparecida Comisión de Derechos Humanos, a la que reemplazó en marzo de 2006. La comisión examinaba casos individuales de países sospechados de graves violaciones. Por ese motivo se le acusó de selectividad y de sesgo político, dos cargos que precipitaron su extinción.
El consejo abrirá el nuevo procedimiento en febrero próximo con el análisis de las situaciones que atraviesan 16 países en su aplicación de los pactos y las convenciones internacionales de derechos humanos.
En esa lista figuran Bahrein, Ecuador, Túnez, Marruecos, Indonesia, Finlandia, Gran Bretaña, India, Brasil, Filipinas, Argelia, Polonia, Holanda, Sudáfrica, República Checa y Argentina.
