El uso del ejército en tareas policiales dejó en México un estela de violaciones a los derechos humanos, que incluyen allanamientos y detenciones injustificadas, robos, torturas, violaciones de mujeres y asesinatos cometidos por soldados bajo el efecto de drogas.
"Es hora de que el gobierno genere un plan para regresar los militares a los cuarteles y dejar de exponerlos en misiones para las que no están preparados. Será por el bien de los derechos humanos y del propio Ejército", señaló este viernes José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Soberanes habló en la presentación de la estatal pero independiente CNDH de un extenso informe que expone algunos de esos delitos cometidos por militares en los últimos meses. "La gravedad de los delitos descubiertos amerita que el Poder Ejecutivo emita un pronunciamiento al respecto y tome medidas urgentes", indicó.
Para Fabián Sánchez, director de la no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el "informe es una pincelada de la realidad, pero nos parece tardío y algo hipócrita". "La CNDH no salió desde el principio a protestar y censurar el uso del ejército como policía", criticó ante la consulta de IPS.
Frente al creciente poder y violencia de los narcotraficantes, que rebasa la capacidad de una policía marcada por la falta de preparación y la corrupción, el gobierno del conservador Felipe Calderón sacó a las Fuerzas Armadas de los cuarteles para enfrentar a esos grupos, como ya habían hecho sus antecesores, aunque ahora con una mayor amplitud.
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La Constitución de México prevé que ante problemas graves de seguridad interior se puede recurrir a los militares, disposición que avaló la Suprema Corte de Justicia en un fallo de marzo de 1996.
"Pero los militares no están preparados para ser policías, ellos van al combate y no esperan órdenes judiciales para actuar. Por eso cometen tanto atropello contra los civiles", señaló Sánchez.
Varios analistas avalan el uso de militares, pues consideran que es la única fuerza que puede enfrentar a los avezados narcotraficantes. No obstante, cuestionan al gobierno por no dar pasos firmes para profesionalizar a la policía.
La CNDH expuso en su informe cuatro casos de violaciones a los derechos humanos que involucra directamente militares, tres de ellos registrados durante la actual gestión de Calderón.
Uno de los casos es del 11 julio de 2006, poco después de las elecciones presidenciales que ganó Calderón y cuando aún era mandatario Vicente Fox (2000-2006).
Según la CNDH, en esa fecha un grupo de militares destacados en el estado de Coahuila, una de las zonas donde hay mayor presencia de narcotráfico, llegó a un salón donde mujeres ofrecían espectáculos eróticos y violaron a 14 de ellas.
"De una de las mujeres abusaron de manera tumultuaria, y a otra mujer, que estaba embarazada, le provocaron un aborto", se afirma en el informe. Por este caso, ocho militares están presos, tres permanecen prófugos, dos fueron dados de baja y uno más fue declarado en libertad por un juez.
Otro caso reportado, ya en la administración de Calderón, ocurrió en mayo, cuando militares llegaron a una zona rural del estado de Michoacán, luego de que cinco de sus compañeros habían muerto en una emboscada, al parecer montada por narcotraficantes.
Con la justificación de que buscaban a los culpables, los soldados golpearon y torturaron a varias personas, allanaron casas sin orden judicial y violaron, probablemente, a cuatro mujeres menores de edad, apunta la CNDH.
También en Michoacán, el documento expuso que soldados detuvieron en ese mismo mes a varias personas para luego trasladarlas a un cuartel donde sufrieron torturas y otras agresiones, mientras sus compañeros allanaban casas, en donde robaron dinero, teléfonos celulares y algunas joyas.
Un cuarto caso se refiere al asesinato de tres niños y dos mujeres que en junio viajaban en una camioneta por una zona rural de Sinaloa, otro estado con importante presencia de narcotraficantes. Las víctimas murieron por los disparos de soldados.
Algunos de los 19 militares que realizaron el ataque habían consumido marihuana y uno de ellos cocaína. La CNDH indicó que para tratar de ocultar el crimen, los culpables colocaron marihuana en el vehículo atacado y declararon que los ocupantes traían armas, lo cual resultó falso. Por el caso, todos los imputados están detenidos.
"Estos son algunos hecho documentados, pero sabemos de otros que irán saliendo a la luz y otros más que se repetirán", declaró el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
"Los militares no están preparados para combatir el crimen, no es su papel. Por eso hay estos abusos y por eso veremos más casos en el futuro", señaló el activista.
Legisladores y grupos humanitarios demandan al presidente Calderón dejar de lado a los militares en la lucha contra el narcotráfico. Pero gobernadores y otras autoridades locales le piden totalmente lo contrario.
Además, las encuestas indican que la mayoría de los mexicanos apoyan los operativos militares contra el tráfico de drogas.
En julio empezaron a declinar las ejecuciones y otros hechos violentos que las autoridades atribuyen al narcotráfico y que hasta ese momento y desde inicios de año habían dejado más de 1.000 muertos, en su mayoría miembros de bandas delictivas.
Pero ese freno a la violencia, que se mantiene con altibajos hasta ahora, no es atribuido a las acciones militares y policiales ni a labores de inteligencia, sino a los acuerdos a los que habrían llegado los jefes del narcotráfico tras reunirse de manera secreta.
La presunta cita de mafiosos, de la que dieron cuenta algunos diarios locales y de Estados Unidos citando fuentes anónimas y de inteligencia, se habría realizado en junio en algún lugar de México, donde se habría pactado una tregua.
El presidente de la estatal CNDH señala periódicamente desde mayo que, si los militares no están preparados para luchar contra el narcotráfico y al mismo tiempo respetar los derechos humanos, mejor deberían es que regresen a los cuarteles.
Pero el gobierno de Calderón no parece tener planes ni prisa para acuartelar a los soldados, y tampoco hay avances en el objetivo de reflotar a la policía como una institución capacitada y respetable.
En México hay 350.000 policías distribuidos en diversas corporaciones que no tienen una coordinación central. Se trata de agentes mal pagados, con escasa preparación y superados ampliamente por el poder táctico y de fuego de las mafias del narcotráfico.
En las encuestas, la gran mayoría de la población considera que la policía es una institución corrupta. En contraste, esos mismos sondeos indican que las Fuerzas Armadas tienen altos niveles de apoyo y respeto social.
