Funcionarios de la ONU y organizaciones de la sociedad civil esperan que la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidades entre en vigor esta semana, en ocasión del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General.
Los 650 millones de discapacitados, más de 10 por ciento de la población mundial, son la mayor minoría del mundo, y este número aumenta constantemente con el crecimiento de la población, los avances médicos y el proceso de envejecimiento.
Estas constataciones, divulgadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), vuelven aun más urgente que la Convención adquiera fuerza legal.
Para eso se requiere que los parlamentos de al menos 20 países firmantes de la Convención la ratifiquen, lo que a menudo es un proceso largo y complejo. Hasta ahora se obtuvo la ratificación de sólo seis países: Croacia, Cuba, Hungría, Jamaica, Panamá y Namibia.
Este martes, cuando en la ONU (Organización de las Naciones Unidas) se lance una campaña en procura de cosechar nuevas firmas y ratificaciones del tratado, será "una gran oportunidad para que los países expresen su compromiso con la Convención y con las personas con discapacidades", dijo a IPS Thomas Schindlmayr, de la Secretaría para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades.
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"Es una Convención cuyo momento ha llegado, y espero que reciba un gran apoyo", agregó Schindlmayr.
Hasta ahora, 102 países firmaron el tratado, que detalla la aplicación de principios de derechos humanos específicamente a los discapacitados e identifica áreas en que la protección de estos derechos debe ser reforzada.
Cincuenta y nueve estados ya firmaron el Protocolo Opcional, que permite a individuos presentar peticiones ante el nuevo Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidades, de 18 miembros, en relación a las violaciones de la Convención luego de agotadas todas las formas apelaciones.
Se necesitan 10 ratificaciones para que el protocolo entre en vigor.
"Los miembros de la comunidad de discapacitados jugaron un rol significativo en la redacción de esta Convención", observó Shantha Rau, de Rehabilitation International, red global que trabajó con organizaciones de discapacitados.
Esto podría establecer un nuevo estándar para la cooperación entre gobiernos, la ONU y la sociedad civil en el impulso de tales procesos, dijo a IPS.
"Fue un proceso de negociación sin precedentes, dado que nunca antes tantas organizaciones no gubernamentales habían podido participar y dar sus opiniones", coincidió Vittoria Beria, de la Secretaría de la ONU para la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidades.
Jorge Ballestero, vicepresidente del comité especial que redactó durante cuatro años la Convención antes de que fuera adoptada por la Asamblea General, el 13 de diciembre de 2006, dijo que el tratado ayudará a cambiar la manera como la gente ve las discapacidades.
"Antes de esta Convención, la discapacidad a menudo era considerada una enfermedad, pero ahora nos hemos dado cuenta de que es una interacción entre cierta condición y la sociedad", sostuvo.
"La sociedad debe ayudar a eliminar las discapacidades a través de la accesibilidad, la no discriminación y la protección e implementación de los mismos derechos para todos", agregó.
Los ocho principios guía de la Convención son la dignidad, la autonomía individual, la no discriminación, la participación plena y efectiva y la inclusión en la sociedad, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre hombres y mujeres, y el respeto por las capacidades en evolución de los niños con discapacidades.
Tina Minkowitz, copresidenta de la Red Mundial de Usuarios y Sobrevivientes de la Psiquiatría, que jugó un importante rol en la elaboración de la Convención, ve el artículo 12 como uno de los aspectos clave del texto, dado que éste trata sobre los derechos legales de las personas con discapacidades.
"Las personas que son puestas bajo custodia comparan esto con una muerte civil, dado que no pueden tomar decisiones básicas por sí mismas. No pueden votar, casarse o firmar contratos. Los gobiernos tienen que reconocer que las personas con discapacidades tienen capacidad legal sobre una base igualitaria con respecto a los otros en todos los aspectos de la vida", explicó a IPS.
Minkowitz reconoció que los países afrontarán desafíos en la implementación de este artículo, y espera ver que algunos creen las innovaciones legales requeridas para garantizar los plenos derechos a la autodeterminación para las personas con discapacidades.
Para controlar este proceso, una Conferencia de Estados Parte se reunirá cada dos años en Nueva York. Elegirá a los miembros del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades, que serán asistidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra.
Para organizaciones como Rehabilitation International, el proceso de firma y ratificación es un comienzo promisorio, pero hay mucho más por hacer.
"Mientras que ahora el foco está puesto en la firma y la ratificación, Rehabilitation International y otros miembros de la comunidad que trabaja con la discapacidad están empezando a considerar cómo implementar realmente los objetivos de la Convención, centrándose en cómo hacer accesibles las comunidades, cómo volver inclusivas a las escuelas y cómo establecer programas concretos, planes de acción nacional y políticas efectivas", dijo Rau a IPS.
