Ex prisioneros en la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba, volvieron a ser maltratados al ser entregados a sus países de origen, a pesar de las «garantías diplomáticas» prometidas por Washington, según Human Rights Watch.
Esta organización internacional de derechos humanos lo aseguró este miércoles en un informe "Ill-fated Homecomings: A Tunisian Case Study of Guantanamo Repatriations" ("Regreso a casa mal predestinado: Estudio de caso tunecino de repatriaciones de Guantánamo").
La investigación se concentra en el caso de Abdullah al-Hajji Ben Amor y Lotfi Lagha, enviados a sus hogares en Túnez luego de cinco años en Guantánamo, sin que siquiera se les imputaran cargos. Allí sufrieron torturas y otros abusos.
"Cerrar Guantánamo brindaría a Estados Unidos una de las mejores oportunidades de ayudar a reconstruir su autoridad moral y la buena voluntad internacional", dijo Jennifer Daskal, experta en terrorismo de Human Rights Watch (HRW).
"Washington no debería desperdiciar esa oportunidad repatriando detenidos por la fuerza a países con conocidos antecedentes de tortura y abuso", agregó.
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Según el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, Túnez tortura a sus prisioneros con privación del sueño, choques eléctricos, "water-boarding" (equivalente al "submarino" utilizado durante las dictaduras latinoamericanas de los años 70), quemaduras con cigarrillos, golpizas y suspensión prolongada por las muñecas.
Ben Amor y Lagha dijeron a sus visitantes de HRW que preferirían volver a Guantánamo que sufrir sus abusos actuales, dijo el informe.
"El Departamento de Estado de Estados Unidos es claro en cuanto a la práctica persistente de torturas y juicios injustos en Túnez. ¿Acaso el gobierno de Estados Unidos realmente piensa que las 'garantías diplomáticas' van a impedir estas arraigadas prácticas?", dijo Sarah Leah Whitson, directora de la división Medio Oriente y África septentrional de HRW.
En el marco de la Convención Contra la Tortura, Estados Unidos tiene oficialmente prohibido devolver personas a países donde hay un riesgo sustancial de que sean sometidas a esas prácticas.
Pero, como señaló HRW en otro informe, publicado en marzo, el gobierno estadounidense parece satisfecho por las simples garantías de un tratamiento adecuado por parte de los países a los que son enviados los detenidos.
"Los gobiernos con antecedentes de torturas no cambian repentinamente su comportamiento porque el gobierno de Estados Unidos alegue haberles extraído alguna clase de garantía", enfatizó Carroll Bogert, director asociado de Human Rights Watch.
"Este caso muestra de modo preciso por qué el gobierno de Estados Unidos debería estar evaluando a los detenidos de Guantánamo antes de enviarlos a casa. Obligar a las personas a volver a esta clase de abusos es una clara violación del derecho internacional", agregó.
El informe de HRW de marzo examina el caso de siete ciudadanos rusos liberados de Guantánamo en 2004, luego de que Moscú garantizó a Washington que los trataría de manera humana. Pero los prisioneros regresaron para recibir golpizas, ser acosados y torturados.
HRW recomienda implementar un sistema por el cual los detenidos sean informados de antemano sobre su transferencia y se les permita impugnar la decisión ante un tribunal federal si temen maltrato.
"Nuestro punto de vista básico es que Estados Unidos nunca debería transferir personas a países donde es probable que los detenidos sean torturados. Cuando los prisioneros plantean temores de ser torturados, esa preocupación debería ser atendida por un juez o un tribunal independiente", dijo a IPS Priti Patel, abogada asociada de la organización Human Rights First.
Según el informe, aproximadamente 50 de los 355 detenidos actualmente en Guantánamo proceden de países con antecedentes conocidos de abusos —entre ellos, Argelia, China, Libia, Túnez y Uzbekistán— y les dijeron a sus abogados que no quieren volver a casa por temor a ser maltratados.
Según HWR, Al-Hajji fue condenado en ausencia por un tribunal militar tunecino, por participar en una organización terrorista extranjera en 1995, cargo del que fue informado sólo al llegar a Túnez y sobre el que dice que, de haberlo conocido, ciertamente habría pedido no ser repatriado.
A diferencia de Al-Hajji, Lagha no tuvo sentencias sin cumplir, pero desde su regreso a Túnez un juez recomendó que también sea juzgado por actividades terroristas.
A su regreso a Túnez, hace 11 semanas, Al-Hajji, de 51 años y padre de ocho hijos, y Lagha, de 38 años, fueron entregados a las fuerzas de seguridad. Las vendas que cubrían sus ojos fueron reemplazadas por capuchas y así los llevaron al Ministerio del Interior, señaló HRW.
Aunque Lagha sólo fue amenazado allí, Al-Hajji dijo luego a su familia y su abogado que en estos dos días fue abofeteado, amenazado con la violación de su esposa e hijas, sacudido para mantenerlo despierto cuando intentaba dormir, y obligado a firmar un documento que no pudo leer debido a la ausencia de gafas adecuadas.
Tras aparecer brevemente en tribunales, ambos hombres pasaron las siguientes seis semanas en confinamiento solitario, donde Al-Hajji, todavía sin gafas apropiadas, ni siquiera pudo leer para pasar el tiempo entre los encuentros semanales de 15 minutos con su familia, citas observadas por los guardias. Los temas de conversación debían ser informados con antelación.
"Estados Unidos tiene la responsabilidad legal de no enviar detenidos a lugares donde es probable que sean torturados y necesita asegurarse de que eso no viole esa obligación legal", dijo Patel.
