Los gobiernos de la Unión Europea (UE) se declaran impotentes para impedir, en el futuro, el pasaje por su espacio aéreo de aviones con supuestos terroristas secuestrados por Estados Unidos, rumbo a países que practican la tortura.
Un comité investigador del Parlamento Europeo concluyó en febrero que al menos 1.245 vuelos dispuestos por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos pasaron sobre territorio del bloque entre fines de 2001 y fines de 2005.
Los eurodiputados a cargo de la investigación reclamaron que sólo se dé autorización para el pasaje por espacio aéreo o por los aeropuertos a vuelos militares y policiales a cambio de garantías de respeto a los derechos humanos.
Pero Portugal, a cargo en este semestre de la presidencia de la UE, indicó el miércoles que el bloque no tiene facultades legales para controlar estas cuestionadas actividades de la CIA.
El secretario de Estado de Asuntos Europeos de Portugal, Manuel Lobo Antunes, negó que esto se deba a "falta de compromiso" por parte de los gobiernos de la UE. Además, no reconoció como convincente el informe de los legisladores. "No debemos confundir hechos con alegatos", dijo.
Activistas de derechos humanos reaccionaron con furia a los comentarios de Antunes ante miembros del Parlamento Europeo.
En ese sentido, recordaron que el presidente estadounidense George W. Bush admitió hace un año que sospechosos de terrorismo habían sido detenidos e interrogados en secreto fuera de territorio de su país en el marco de su "guerra contra el terrorismo".
El Consejo de Europa, organización que integra a 47 países, entre ellos los 27 de la UE, realizó su propia investigación sobre los vuelos de la CIA.
El senador suizo Dick Marty, quien dirigió la pesquisa, consideró que había suficiente evidencia para asegurar que la CIA poseía prisiones secretas en Polonia y Rumania, países integrantes de la UE, entre 2003 y 2005.
Natacha Kazatchkine, de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, sostuvo que los gobiernos de la UE "no hicieron nada" colectivamente para seguir las investigaciones del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa.
"La política es negar lo que sucedió manteniendo silencio y socavando la evidencia, a pesar de que el propio Bush informó al mundo lo que había sucedido", dijo Kazatchkine a IPS.
Entre los casos mencionados por el informe del Parlamento Europeo figuran el de Abu Omar, clérigo egipcio a quien Italia había concedido asilo, secuestrado en Milán en 2003, transferido entonces a Alemania y luego a Egipto, donde fue aislado y golpeado.
Claudio Fava, el eurodiputado socialista italiano que redactó el borrador del informe del Parlamento Europeo, dijo que el órgano "le pidió al Consejo que presione a los gobiernos para que faciliten información" sobre esos casos.
"No estamos en absoluto satisfechos con el resultado", agregó. "La opinión pública está preocupada. El silencio del Consejo y los gobiernos son una ocasión perdida para Europa."
"Necesito saber" si los gobiernos europeos "le han dado seguimiento" a las 48 recomendaciones al respecto formuladas por el Parlamento Europeo, enfatizó Fava.
El informe también reclama compensaciones económicas para aquellos secuestrados por la CIA en Europa cuya inocencia quede comprobada.
En enero, Canadá se disculpó formalmente con Maher Arar y accedió a pagarle nueve millones de dólares. Arar, de nacionalidad canadiense, fue arrestado en una escala aérea en Nueva York. Luego, pasó 10 meses en una cárcel siria, donde fue torturado, sin que se le comprobaran vínculos con el terrorismo.
No hubo compensaciones o pedidos de disculpa similares por parte de los países europeos.
El informe de Fava asegura, además, que los estados de la UE sabían que los vuelos de la CIA pasaban sobre su espacio aéreo y que Estados Unidos mantenía prisioneros en cárceles secretas en el continente. Y acusa a Austria, Gran Bretaña, Italia, Portugal y Polonia de no cooperar con la investigación del Parlamento Europeo.
Ni Polonia ni Rumania respondieron al reclamo formulado en julio por el comisario de Justicia de la UE, Franco Frattini, de realizar una investigación profunda sobre las detenciones secretas.
Pero la eurodiputada liberal holandesa Sophie intt Veld, la Alianza de los Demócratas y Liberales, advirtió que no se debía tomar a esos dos países como "chivos expiatorios", y lamentó que los gobiernos de la UE "aún no hayan aceptado su responsabilidad colectiva".
Su par británica Sarah Ludford, del mismo sector, lamentó que sólo 12 países europeos hayan firmado hasta ahora la Convención de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas. Entre los omisos figuran Alemania, España, Gran Bretaña, Portugal y Rumania.
El también eurodiputado Proinsias de Rossa, del Grupo Socialista, observó que 147 vuelos de la CIA aterrizaron en su país, Irlanda, y que el parlamento nacional no realizó investigación alguna al respecto.
Las autoridades alemanas anunciaron el fin de semana que habían retirado el pedido a Estados Unidos de extradición para 13 agentes de la CIA sospechosos del secuestro de Khaled al-Masri, ciudadano del país europeo secuestrado en Macedonia y conducido a Afganistán.
El pedido de extradición había sido emitido por un tribunal de Munich en enero.
La eurodiputada alemana Sylia-Yvonne Kaufmann, de la alianza Izquierda Unitaria/Verdes, dijo que el gobierno de Angela Merkel "se había arrodillado ante las autoridades estadounidenses".
"Hubo una violación ilimitada de derechos humanos", agregó. "La detención ilegal se hizo. Y los estados miembros de la UE miraban al costado mientras se cometían secuestros en sus territorios."
