«Para saber que fue homicidio no necesitábamos de una Comisión Forense Internacional. El informe de la OEA sobre la muerte de los diputados del Valle (en Colombia) nos entristece y decepciona», dijo a IPS la abogada Faisury Perdomo.
"Presentaremos el caso ante las instancias nacionales e internacionales que sean necesarias, porque necesitamos saber la verdad", agregó Diego Quintero, hermano de Alberto Quintero, uno de los 11 legisladores muertos en junio y cuyos cuerpos fueron entregados esta semana a sus familiares.
Estos diputados, junto a su par Sigifredo López, habían sido secuestrados por las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2002 de la Asamblea Departamental del occidental Valle del Cauca.
El 28 de junio pasado, la guerrilla izquierdista dijo que el 18 de ese mismo mes habían muerto los 11 políticos en una acción de fuego cruzado. También el grupo indicó que López había sobrevivido porque "no estaba en ese instante junto a los demás" rehenes.
Pero el gobierno colombiano del derechista Álvaro Uribe asegura que fueron asesinados a sangre fría. Además de Quintero, los fallecidos son Carlos Barragán, Carlos Charry, Jairo Hoyos, Héctor Arismendy, Nacianceno Orozco, Rufino Varela, Francisco Giraldo, Ramiro Echeverry, Edinson Pérez y Juan Narváez.
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Para intentar conocer a fondo el hecho en el que fueron baleados los rehenes, Bogotá pidió a la OEA (Organización de Estados Americanos) que investigara el caso.
El informe de lo investigado por la Comisión Forense Internacional del foro continental fue presentado el viernes y concluye que los diputados murieron por múltiples disparos provenientes de diferentes direcciones.
En consecuencia, "deducir que fue una ejecución sería especulación", aseguró el coordinador de la Comisión, el médico forense canadiense James Young, en el informe entregado al secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, en reunión que inicialmente se hizo a puerta cerrada.
Young agregó que "la comisión puede concluir que los diputados fueron víctimas de homicidio, pero no puede señalar quiénes fueron los autores del crimen".
"El informe no disminuye nuestro sufrimiento de cinco años de secuestro más cuatro meses en espera para la entrega de los cuerpos, con un dolor a cuenta gotas, primero imaginando cuánto padecieron secuestrados, para ahora continuar llenos de dudas sobre la forma en que murieron", señaló la abogada Perdomo, cuñada de Narváez.
"Mi hermana Fabiola (esposa de Narváez y portavoz de las familias de las víctimas) dice que no se puede perdonar lo que no se conoce. Comparto su afirmación. Y porque no somos personas de odios, continuaremos buscando la verdad", añadió.
El informe de la Comisión Forense Internacional fue publicado sólo en inglés, en la página de Internet de la Presidencia de la República de Colombia al final de la tarde de la víspera.
"Los familiares de las víctimas esperamos que nos entreguen de forma personal una copia del mismo, y en español", dijo a IPS Quintero.
"Las informaciones que hemos recibido hablan de disparos en distintas direcciones y de distintos calibres", continúo Quintero. "Eso me hace pensar, y lo afirmo a título personal, que existe la posibilidad de que los diputados hayan sido usados como escudos humanos", apuntó.
"Es la razón por la que vamos a insistir hasta el fin. He pedido a Faisury Perdomo, quien conoce el caso a profundidad, que nos represente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante las instancias nacionales pertinentes", informó.
"Somos seis familias las que estamos dispuestos a entregarle a ella y a los abogados que sean necesarios los poderes respectivos", indicó.
Según el informe, varios cuerpos presentan más de 10 impactos de bala, y la trayectoria de los proyectiles era de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
"El 80 por ciento tendrían disparos en un solo sentido, de atrás hacia delante, lo que nos permitiría pensar que fueron sorprendidos. Pero toda especulación hace más daño, por lo que el informe nos decepcionó profundamente", dijo Perdomo.
Al dolor de los familiares de los diputados muertos se suma la incertidumbre de los parientes de los que aún siguen secuestrados por la guerrilla, como Ingrid Betancourt y Clara Rojas, entre otros.
"En el entierro de nuestros familiares nos acompañaron Yolanda Pulecio y Clara González (madres de Betancourt y de Rojas) y seis esposas de secuestrados. Ellas nos expresaron todo su temor ante la posibilidad de que un día seamos nosotros quienes las acompañemos en una situación similar. Ojalá eso no suceda nunca", agregó Perdomo.
Una opción para evitarlo es alcanzar un acuerdo humanitario, sobre lo que insistió la Gestora de Paz del Valle del Cauca, Ángela Giraldo, al ministro de Gobierno, Carlos Holguín, en entrevista emitida en la noche del viernes por el canal privado de televisión RCN.
Giraldo, hermana de Francisco, otro de los diputados muertos, dijo a Holguín que los crímenes de lesa humanidad cometidos por las FARC hubieran podido disminuir su impacto si se hubiese gestionado de manera negociada la liberación de los rehenes. "Pero en cinco años no lo hicieron", aseguró.
El gobierno colombiano enfatiza en la única responsabilidad del grupo guerrillero.
"Para nosotros resulta clara la directa responsabilidad de las FARC en este delito", dijo el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo.
"La Comisión Forense ha logrado identificar plenamente los cadáveres, como lo había hecho la Fiscalía (General de la Nación) y ha constatado con claridad que se trató de un homicidio, de una acción violenta. Sin embargo, no ha podido dar detalles sobre las circunstancias en que se produjo la muerte, básicamente porque la Comisión no tuvo acceso al sitio donde se produjeron los hechos", agrega Restrepo en informe público.
"Para el gobierno es claro, por las informaciones de inteligencia a las que ha tenido acceso desde el momento en que sucedieron los hechos, que la responsabilidad directa recae en las FARC, y por su puesto es este grupo el que tendrá que responder ante el país por estos hechos tan dolorosos", agregó el Comisionado.
El embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Ospina, sostuvo que, a su juicio, no hay duda de que los autores fueron las FARC, agregando que se trató de una ejecución premeditada, según publica la página en Internet de la Presidencia de la República de Colombia.
Por su parte, Insulza comentó que, tras el informe de los forenses, se hace cada vez más urgente la liberación de los secuestrados, "porque cada día que pasa sus vidas corren más peligro".
