Estudiantes universitarios, gobernadores regionales y un pequeño grupo parlamentario, junto a los disminuidos partidos tradicionales, convergen en Venezuela en la incipiente lucha contra la reforma constitucional propuesta por el presidente Hugo Chávez.
Los nueve representantes de la agrupación Podemos son los que se negaron esta semana a votar el texto presentado durante la segunda de las tres lecturas, que se completarán en octubre.
"Estamos en presencia de la deserción de un nuevo grupo y eso debe alegrar a los revolucionarios, porque no necesitamos gente de doble cara", respondió Chávez 24 horas después del voto adverso de Podemos. "Se les cayó la máscara. Fariseos", agregó.
"Son revolucionarios de pacotilla, o revolucionarios de otoño, que de revolucionarios no tienen
y no digo más nada", volvió a la carga el mandatario. "Es más, ya están en la contrarrevolución y son contrarrevolucionarios", añadió.
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Ricardo Gutiérrez, diputado de Podemos, dijo a IPS que no están "rompiendo con el presidente, sino reafirmando principios y convicciones". "Somos revolucionarios, socialistas, venimos de una larga lucha y estábamos en ella antes de que llegase Chávez y aquí continuaremos", apuntó.
Podemos es una escisión del Movimiento al Socialismo (MAS), fundado por ex comunistas en 1971, concretada en 2001 para mantener el apoyo a Chávez que el resto del partido le negó.
También este grupo respaldó al presidente durante la crisis política de 2002, que incluyó el frustrado golpe de Estado, sí como en el referendo que ratificó su mandato en 2004 y en las elecciones del año pasado.
En esos comicios, Chávez fue reelegido con 7,3 millones de votos, de los cuales Podemos aportó 760.00, mientras que el mayoritario Movimiento V República recogió 4,8 millones.
Cuando este año el mandatario dispuso disolver el MVR para conformar un Partidos Socialista Unificado, emigraron a la nueva formación nueve de los 18 diputados que tenía hasta entonces Podemos.
La agrupación ahora disidente con la propuesta reformista adhirió a la Internacional Socialista y sus portavoces insisten en defender "un socialismo democrático, no autoritario". Empero, evaden enfrentar a Chávez, "pues no somos enemigos ni adversarios del presidente, aunque tampoco formamos parte de un coro obligado a aplaudir y decirle sí a todo lo que diga", remarcó Gutiérrez.
En tanto, en vísperas del año lectivo venezolano que va de octubre a julio, comienzan a reagruparse los estudiantes universitarios que marcharon por millares en mayo y junio para protestar por la no renovación de la licencia a la popular estación de televisión privada Radio Caracas TV.
A semejanza de la Asamblea Nacional, las federaciones de universitarios crearon un "parlamento estudiantil", con 167 representantes de las distintas regiones del país.
El parlamento juvenil "aprobó un plan de asambleas en medio centenar de campus y en plazas de las principales ciudades del país para debatir sobre la reforma constitucional con el comienzo de las clases ", dijo a IPS Stalin González, presidente de la Federación de Estudiantes de la caraqueña Universidad Central, la principal del país.
"Vamos a discutir cómo enfrentar esta reforma. Creo que toda la oposición debe unirse, en la abstención o en la concurrencia a las urnas para decir que no, pero la unidad es prioridad", opinó González. Agregó que, "si el estudiantado lo decide, volveremos a tomar las calles, para marchar por la democracia".
Entre las modificaciones a la Constitución propuestas por Chávez, en el gobierno desde 1999, están la extensión de seis a siete años del mandato presidencial, la posibilidad de reelección continuada para este cargo y la recomposición del mapa político-administrativo del país, creando distritos y territorios especiales.
También se propone en el texto que el Ejecutivo nacional designe y remueva vicepresidentes regionales que sobrepasarían el poder de los gobernadores y alcaldes, que dirija las políticas del Banco Central, cuya autonomía actual queda expresamente suprimida, y se reserva la facultad de ascender y designar a los oficiales militares en todos sus rangos, cargos y grados.
Las Fuerzas Armadas tradicionales se acompañarán con milicias populares y en paralelo se establece como núcleo de la sociedad a la comuna, formada por comunidades de residentes y que se expresarán políticamente a través de Consejos Comunales, no electos sino activados desde grupos sociales.
Los consejos comunales y los de trabajadores, campesinos, estudiantes, indígenas y de otros sectores sociales establecerán un llamado Poder Popular, como sexto poder del Estado socialista, que ya tiene Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Electoral y Moral.
Las disposiciones más populares son las propuestas de reducción de la jornada laboral a seis horas diarias y la de establecer una seguridad social que permita acceder a pensiones y otros beneficios a los trabajadores por cuenta propia.
La reforma deberá someterse a un referendo ciudadano, posiblemente en diciembre.
Una encuesta de la firma Datos, realizada entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre, señaló que 43,3 por ciento de los consultados apoyan la reforma constitucional y 34,9 por ciento está en desacuerdo.
La reelección presidencial indefinida es apoyada por 47,3 por ciento de los entrevistados, mientras que 49,3 por ciento está en desacuerdo. Si el referendo sobre la reforma se celebrase ya, 40,6 por ciento declara votar por su aprobación, 22,5 por ciento en contra y 24 por ciento se abstiene, según Datos.
"El país democrático se está reuniendo, angustiado por lo que se nos viene encima", dijo Henry Ramos, secretario general de Acción Democrática (AD), mientras conmemoraba modestamente el 13 de este mes, en un salón de regiones en el residencial este de Caracas, el cumpleaños número 66 de su partido socialdemócrata.
Desde 1947 a 1997, AD fue el principal partido político venezolano y durante casi 40 años se repartió el poder con el socialcristiano Copei. Ambas organizaciones están hoy muy disminuidas, aunque siguen convocando a la oposición contra Chávez. Ramos pidió "salir a la calle para detener a este megalómano autoritario", como lo calificó.
Por su parte, Manuel Rosales retó al parlamento a que organice "un debate entre el oficialismo y la oposición sobre esta reforma, llevado a todo el país en cadena nacional de radio y televisión".
Este líder político es gobernador del petrolero y occidental estado de Zulia, y fue el principal rival de Chávez en las últimas elecciones presidenciales de 2006, cuando consiguió 4,3 millones de votos.
La amplia mayoría de los 23 gobernadores de Venezuela son chavistas, pero a los dos de la oposición que existen desde 2004 podrían unírsele otros dos que militan en Podemos, que son Didalco Bolívar, del norteño e industrial estado de Aragua, y Ramón Martínez, del nororiental y pesquero estado de Sucre.
Martínez dijo que "los socialistas siempre hemos rechazado el poder en pocas manos, y mucho menos en las manos de una sola persona". Sostuvo, además, que el nuevo proyecto "desintegra y atomiza el país, lo lleva hacia la ingobernabilidad y la aventura".
También se unió al pedido opositor para que la reforma sea votada por temas, lo cual niega en redondo el oficialismo, que reclama una votación en bloque. Para ello, el chavismo cuenta con el respaldo de su clara mayoría en el Consejo Supremo Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, concuerdan los analistas políticos.
