El pequeño aparato negro que Panagiotis Vovos sostiene en la mano puede medir el voltaje de las antenas de transmisión de una red de telefonía móvil y detecta hasta siete voltios por metro.
Ese voltaje es superior al máximo permitido de entre 0,2 y seis voltios por metro en muchos países europeos, de seis voltios por metro en China o de un voltio por metro en Rusia.
Pero está muy por debajo del límite legal de Grecia, que llega a 33 voltios por metro.
"Si el indicador está siempre en rojo, quiere decir que la antena está instalada en uno de los edificios cercanos y que probablemente hay personas bombardeadas de radiaciones muchas horas al día", explicó Vovos a IPS.
En muchos casos, cuando se instala una antena, las personas comienzan a quejarse de dolor de cabeza, dificultad de concentración y memorización, insomnio y mareos.
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Hay algunos pocos casos que vinculan graves problemas de salud con una prolongada exposición a las radiaciones.
El caso más conocido en Atenas es el de la calle Terpandru, donde 10 personas que viven a 40 metros de una antena presentan tumores y leucemia.
Las compañías de telefonía móvil niegan que las antenas representen un riesgo para las personas y aseguran a la población que todas sus estaciones operan con menos de 33 voltios por metro, por debajo del límite establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 45 voltios.
"No le creo a esa organización", sostuvo Vovos. "Es la misma que promueve los organismos genéticamente modificados en el tercer mundo. Está muy cerca del ambiente corporativo como para creerle".
La comunidad científica griega se muestra cada vez más preocupada por las radiaciones producidas por los transmisores.
"El nivel actual de exposición aceptable a las radiaciones se fija de acuerdo con las reacciones termales de los organismos vivos. Es decir, por el aumento de temperatura que implican", dijo a IPS Loukas Margaritis, profesor de biología molecular y radiobiología de la Universidad Nacional de Kapodistrián, de Atenas.
"Hoy está probado que la mayoría de los efectos biológicos causados por el contacto de los seres humanos con los campos electromagnéticos artificiales no resultan en un aumento de la temperatura. Por ello, tenemos razón de desconfiar de los actuales límites de seguridad, que obedecen a criterios políticos y económicos, no científicos", explicó.
Recientes investigaciones establecieron una relación entre tipos específicos de cáncer y la exposición prolongada sin precaución a la radiación de antenas.
En los últimos seis meses, el aumento de quejas por antenas instaladas cerca de sitios vulnerables como escuelas y hospitales, combinadas con la falta de información creíble, causó preocupación entre la población.
Ciudadanos comenzaron a organizarse para crear conciencia y denunciar una serie de irregularidades en el uso de esas antenas.
Algunas personas quisieron ver los permisos de instalación de esos dispositivos en su barrio y descubrieron que las solicitudes nunca habían sido remitidas.
"Las empresas se ponen en contacto directamente con los vecinos por intermedio de sus representantes legales, y los convencen, sustancioso pago mediante, de instalar la antena en su edificio", sostuvo Vovos.
"Incluso, a veces, la camuflan como si fuera una caldera y la gente ni se entera de su existencia", apuntó.
La preocupación suele agravarse por la falta de transparencia en la forma en que las autoridades tratan los pedidos de información de los ciudadanos.
En marzo, una mujer pidió al Comité de Energía Atómica que midiera el voltaje de dos antenas en la calle Rodou, donde vive. Al mes siguiente, recibió una carta en la que se le aseguraba que ambas operaban por debajo del límite permitido.
"Me sentí segura, pero no duró mucho", relató la mujer. "Al poco tiempo me enteré de que existía una segunda carta que decía que el voltaje era superior al permitido".
Hurgando en la documentación del comité, un activista encontró una segunda misiva dirigida al Comité de Telecomunicaciones y Servicios Postales, responsable de otorgar los permisos a las compañías instaladoras.
El laxo marco legal es en gran parte responsable de que las compañías de telecomunicaciones tengan un significativo espacio de maniobra.
Según la legislación vigente, las solicitudes de instalación que no reciben respuesta en un mes son aprobadas de forma automática, aun si carecen de importante documentación como un estudio ambiental o la aprobación del Comité de Energía Atómica.
Tampoco identifica cuál es el organismo responsable de fijar las penas contra las empresas infractoras. Por eso, aparte de unas pequeñas sanciones que las corporaciones sortean con facilidad, muchas antenas siguen en su lugar, aun cuando la compañía haya perdido el caso en la justicia.
La ley incluso habilita su camuflaje arguyendo que eso contribuye a mantener la uniformidad urbana.
Los concejos municipales de Atenas y Piraeus, área en las que habitan más cinco millones de personas, se hicieron eco de las preocupaciones de la población y recomendaron revisar las normas.
Pero la lentitud de los procedimientos legales no conforma a los ciudadanos. Algunas personas inutilizaron con sus propias manos las antenas instaladas sin permiso e, incluso, las destruyeron después de que la compañía las volviera a habilitar.
"La exposición a gran escala de millones de personas en el mundo a los campos electromagnéticos de las redes de telefonía móvil es el mayor experimento biológico que jamás se haya hecho", señaló Margaritis.
"En vez de esperar los resultados, tenemos que actuar de forma preventiva. El ejemplo de Bélgica, que en febrero redujo su límite máximo de 27 voltios por metro a tres, junto a una propuesta de reducirlo hasta 0,6, es una buena guía", concluyó.
