Activistas y defensores de derechos civiles están furiosos por las fuertes medidas de seguridad que rodearán la cumbre del foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), que se realizará el fin de semana en la ciudad australiana de Sydney.
"Estas medidas no tienen precedentes y atentan contra la libertad de expresión democrática en la zona de exclusión" que rodeará el recinto donde se celebrará la cumbre, dijo a IPS Stephen Blanks, secretario ejecutivo de Consejo para las Libertades Civiles de Nueva Gales del Sur, estado donde se encuentra Sydney.
"La policía puede hacer lo que se le ocurra en la zona reservada para el foro de APEC", afirmó Blanks.
Las autoridades definieron ciertas zonas de exclusión para minimizar riesgos, incluida la posibilidad de ataques terroristas y manifestaciones violentas.
Australia tiene antecedentes de enfrentamientos violentos entre manifestantes y policías. El último fue en la conferencia del Grupo de los 20 (G-20), alianza de países opuestos a los subsidios agrícolas liderada por Brasil e India, que se realizó en esta ciudad en 2006.
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En la cumbre de APEC participarán jefes de Estado y de gobierno de Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Estados Unidos, la región administrativa especial china de Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa-Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam.
Entre ellos figura el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, quien llegó en la noche del martes y partirá el sábado, antes del fin de la cumbre, pues debe preparar su participación en la conmemoración de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington.
Asimismo, participarán en la conferencia en Sydney los presidentes Hu Jintao, de China, y Vladimir Putin, de Rusia.
En el marco de leyes aprobadas en vísperas de esta cumbre, se dio amplios poderes unos 3.500 policías para detener, revisar y movilizar personas dentro de la zona de exclusión.
La fuerza contará con el apoyo de 1.500 efectivos del ejército.
La mayoría de los peatones podrán ingresar a las zonas reservadas. En cambio, no podrán pasar algunas personas que fueron puestas en una "lista negra" como posibles alborotadores.
Además, los detenidos no podrán salir bajo fianza y 200 condenados a pasar entre rejas los fines de semana deberán permanecer en sus casas para tener más espacio en las cárceles.
Para Blanks, estas medidas no auguran nada bueno.
"Es un mensaje para los manifestantes de que la policía tiene previsto actuar con mano dura", sostuvo.
La policía dispondrá de camiones lanza-agua para dispersar a la multitud, si fuera necesario, en tanto una valla de seguridad de acero y concreto de cinco kilómetros rodea importantes sitios como el muelle Circular.
La Armada desplegará fuerzas especiales para vigilar los alrededores del puerto de Sydney y la Fuerza Aérea dispondrá de helicópteros y aviones de combate.
Por su parte, Jim Casey, del Sindicato del Cuerpo de Bomberos de Nueva Gales del Sur y portavoz de Stop Bush Coalition (Coalición Detengan a Bush), calificó de excesivas e innecesarias las medidas de seguridad dispuestas.
Se espera que esa organización lleve adelante la mayor manifestación opositora a la cumbre.
"Las leyes existentes permiten a la policía mantener el control de una manifestación sin necesidad de todas esas medidas", afirmó.
La Corte Suprema confirmó el miércoles la solicitud de la policía de modificar el recorrido de la manifestación de Stop Bush Coalition, prevista para el sábado, la cual deberá abstenerse de ingresar en la zona de exclusión.
Los manifestantes preveían marchar por Martin Place, donde se ubica el consulado de Estados Unidos, pero el máximo tribunal dictaminó que la protesta debe seguir la ruta sugerida por la policía.
Casey aseguró a IPS que la intención de su organización es manifestarse en forma pacífica y que el camino propuesto "no pasa por ninguno de los lugares dónde van a estar" los ministros y representantes de los países miembro de APEC, indicó Casey.
El objeto de la protesta es exigir medidas contra el recalentamiento planetario y en defensa de los derechos de los trabajadores y la retirada de los soldados australianos de Iraq.
Casey también arguyó que vincular la amenaza de ataques terroristas con una manifestación pacífica es un exceso "inaceptable".
Stephen Blanks, por su parte, consideró que "las manifestaciones populares no plantean, en sí mismas, problemas de seguridad pública".
"La gente puede expresar opiniones políticas sin atentar contra la seguridad y, del mismo modo, le gustaría hacerlo dentro de la zona de exclusión", sostuvo el secretario del Consejo para las Libertades Civiles de Nueva Gales del Sur.
Blanks reconoció como necesarias ciertas medidas de seguridad, pero sostuvo que éstas deben reflejar los derechos de toda la comunidad.
Por su parte, Dale Mills, de la organización Human Rights Monitors, 30 de cuyos miembros filmarán, fotografiarán y recogerán testimonios sobre la acción de la policía, consideró "comprensible que se tomen medidas de seguridad adicionales, porque viene George W. Bush".
Pero las fuertes medidas de seguridad adoptadas no se condice con la dimensión de la amenaza, arguyó, dijo Mills, cuya organización está formada por abogados y estudiantes de derecho.
"Creo que las medidas de seguridad dispuestas fueron una reacción exagerada. De hecho, prohibieron la manifestación", afirmó. "Las leyes no apuntan sólo a la amenaza terrorista. También parece que trataran de evitar todo tipo de protesta y eso no es necesario."
Veinte de los observadores de Human Rights Monitors lucirán identificación correspondiente para que la gente pueda ubicarlos, pero los restantes estarán de incógnito.
Son necesarios muchos voluntarios para esta tarea "porque no hay suficiente control sobre la policía", indicó Mills.
La expresión de los distintos puntos de vista forma parte de una sociedad democrática saludable, concluyó Mills.
