El sindicato de profesores de Perú no da marcha atrás. Su asamblea nacional decidió buscar apoyo ciudadano para exigir la derogación de la ley de Carrera Pública Magisterial, reclamo que ya motivó una huelga de 15 días, reprimida con el saldo de tres muertos y varios heridos.
"En la mesa de negociaciones con el Ministerio de Educación dijimos que no íbamos a retroceder en nuestro intento de rechazar esa ley prepotente y antidemocrática", dijo a IPS el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (Sutep), Luis Muñoz.
Puntualizó que la norma cuestionada "privatiza" la educación y que, además, fue aprobada en tiempo récord, como para evitar su análisis.
El Sutep ha programado para este martes una movilización frente a las oficinas de la Organización Internacional del Trabajo en Lima, en contra de lo que consideran la violación de sus derechos sindicales. La Confederación Nacional de Trabajadores del Perú se sumó a la convocatoria.
Esta lucha es parte de una guerra laboral avisada. El mismo Muñoz lanzó hace tres días la campaña de recolección de las 50.000 firmas necesarias para presentar ante el Congreso legislativo el pedido de derogatoria de la ley, tal como el sindicato se lo había advertido en los últimos días al gobierno de Alan García.
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La ley fue promulgada por el mandatario el 11 de julio, en plena huelga de maestros y sin que fuera ratificada por una segunda votación en el parlamento, como se esperaba.
Unos 160.000 profesores paralizaron sus tareas a partir del 5 de julio, medida que fue respondida por el gobierno con un gran despliegue policial y militar. En ese marco de protestas, a las que se sumaron otras organizaciones de trabajadores, y la consecuente represión, murieron tres personas y resultaron heridas otras decenas.
En la otra tribuna, el viceministro de Educación, Ví¬ctor Raúl Dí¬az, señaló que su sector no retrocederá en la aplicación de la norma.
"El gobierno seguirá adelante, aunque respetamos que los profesoras tomen una decisión soberana de acogerse a las leyes para canalizar sus observaciones", apuntó Díaz.
Por ello, anotó, se trabaja en la elaboración del reglamento de la ley y en establecer las condiciones de evaluación para ingresar a la carrera magisterial.
El Poder Ejecutivo insiste en que la norma busca mejorar la calidad de la enseñanza mediante la capacitación de los maestros y el incremento de sueldos mediante el concurso de mérito.
Para pedir la derogatoria al Congreso, el Sutep se sustenta en la ley de participación ciudadana que exige que la solicitud debe estar acompañada de por lo menos 0,3 por ciento del padrón electoral en vigencia, porcentaje que en la actualidad ronda los 50.000 ciudadanos.
Es que los maestros y profesores consideran que la ley de carrera magisterial privatiza la educación, porque busca condicionar el aumento de salarios a evaluaciones constantes cuando esa mejora es un derecho postergado que les corresponde legalmente.
"No nos oponemos a ser capacitados, pero queremos que sean programas seguros y financiados en forma permanente. Quieren subir la valla para los ascensos cuando por años se ha abandonado al sector", apuntó Muñoz.
"¿Cómo va a rendir así¬ un maestro? No pidamos peras al olmo", indicó.
Según la nueva norma, un trabajador docente es expulsado de la carrera magisterial si reprueba por tercera vez una evaluación en su afán de ascender de nivel.
La legislación anterior no contenía sanción y el 50 por ciento de las evaluaciones se fundamentaban principalmente en el tiempo de servicio antes que en las pruebas de desempeño en la docencia.
Ahora se plantea que, además, no sólo la sede central del Ministerio de Educación sea la evaluadora sino que también lo hagan comisiones integradas por los directores de las escuelas, profesores y padres de familia.
Son 320.000 los maestros y profesores que trabajan en las escuelas estatales de Perú. La nueva ley mantiene los cinco niveles de ascensos, con la diferencia de que se les garantizarí¬a un incremento de sueldo considerable si pasan las evaluaciones, a diferencia de lo que sucede en la actualidad.
Los maestros ganan hoy al ingresar a la carrera magisterial 1.150 soles (365 dólares), mientras que quienes actúan en el mayor nivel reciben apenas 1.300 soles (412 dólares). Con la nueva norma se plantea que el profesor que sea promovido a la escala más alta pase a ganar 2.300 soles (730 dólares).
"Los presupuestos son reducidos. ¿Qué garantía tenemos que en verdad nos dupliquen el sueldo?, se pregunta Muñoz.
"Según la ley actual, cada tres años debe haber ascensos, pero ello nunca se ha cumplido. Es una gran estafa", insistió el dirigente sindical.
La ejecución de la ley de Carrera Pública Magisterial demandará una inversión de 1.400 millones de soles (443 millones de dólares) para los incentivos económicos a los maestros durante los 10 años que se prevé la aplicación.
Hugo Díaz, uno de los responsables de elaborar la norma y miembro del Consejo Nacional de Educación, explicó a IPS que la nueva ley exige un incremento anual del presupuesto para el sector educación de 140 millones de soles (44,4 millones de dólares).
Esa meta financiera es posible, según el funcionario, a juzgar por los años anteriores, porque entre 2002 y 2006 se ha logrado incrementar el presupuesto en 550 millones de soles (174,6 millones de dólares) y este año en 900 millones de soles (285,7 millones de dólares).
Pero los dirigentes del Sutep han elaborado su propio proyecto legislativo para modificar la norma anterior del profesorado, paralelamente a solicitar la derogatoria de la nueva ley de carrera magisterial.
En la iniciativa sindical no sólo se plantea mejorar la situación laboral de los profesores en actividad sino también la de los trabajadores cesantes y jubilados, que llegan en todo el país a 350.000.
"Es un proyecto que aborda el problema magisterial desde una perspectiva más amplia, universal y que además propone mecanismos de apoyo incluso para los jóvenes que están en formación y que en el breve plazo se convertirán en maestros", aseguró Muñoz.
Para promover esta iniciativa en el Congreso, el sindicato de trabajadores docentes iniciará conversaciones con los parlamentarios de la bancada de la centroizquierdista Unión por el Perú (UPP) y con el Partido Nacionalista Peruano (PNP).
Al respecto, el portavoz del PNP, Juvenal Ordóñez, informó a IPS que estudiarán el tema, porque "coinciden en que al magisterio les asiste un derecho constitucional que debe ser respetado y escuchado".
El consejero Hugo Díaz acepta que el gran error del gobierno de García es "no haber comunicado de manera efectiva de los beneficios de la ley". "Se prefirió tomar una actitud confrontacional antes que conciliadora", apuntó.
En efecto, semanas antes de promulgar la ley de carrera magisterial, el gobierno promulgó una norma declarando a la educación como "servicio público esencial", lo cual exigía que las clases en las escuelas no podían ser interrumpida bajo ningún concepto y, por lo tanto, no podía haber huelgas.
Dicha norma fue aprobada por mayoría en la Comisión Permanente del Congreso y promulgada por García en marzo.
En ley de carrera magisterial se ratifica esta categoría para la enseñanza que, a juicio de Nicolás Lynch, ex ministro de Educación del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), significa "criminalizar las protestas, afectando un derecho constitucional de los maestros".
Aunque Lynch dijo a IPS que la ley de carrera magisterial en general es positiva porque promueve la meritocracia, también opinó que debe hacerse algunos ajustes en la norma mediante el reglamento como establecer los requisitos necesarios para ingresar a la carrera pública y generar un debate amplio sobre la norma.
"No hay ninguna represión, porque la educación también es un derecho constitucional que debe garantizarse para todos los niños del país", recalcó a IPS el viceministro Víctor Díaz.
