Los votantes de las zonas rurales de Tailandia se enfrentaron a la poderosa junta militar al negarse a apoyar las reformas políticas que ésta promueve con pompa, en el primer referendo sobre una nueva Constitución celebrado en este país de Asia sudoriental.
El noreste tailandés, donde vive el sector más pobre del electorado, pronunció el domingo un enfático "No" en las urnas al propuesto texto constitucional, que de todas formas fue aprobado a nivel nacional.
Según los resultados finales confirmados este lunes, casi 62 por ciento de los habitantes del noreste, o 4,6 millones de habitantes, rechazaron el proyecto de carga magna redactado por una comisión designada por los militares.
El "No" a la Constitución número 18 de Tailandia fue apoyado también en las provincias septentrionales, con 46 por ciento de los sufragios.
En todo el país, el texto fue rechazado por 41,4 por ciento de los votantes, esto es, 10,2 millones de personas.
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Esta cifra opaca el triunfo de la junta militar en las urnas. El "Sí" obtuvo 56,7 por ciento de los sufragios, unos 14,3 millones de votos.
Los militares, que asumieron el poder tras un golpe de Estado en septiembre de 2006, tendrán también que enfrentar a otro número problemático que surge del referendo.
Más de 19 millones de los 44,2 millones de tailandeses habilitados para sufragar se abstuvieron de ir a las urnas. Los votos por el "No" sumados a las abstenciones abarcan dos tercios de los electores registrados.
"Esto no es otra cosa que un voto de confianza para la junta. Pero el respaldo a ésta y a sus intentos de reorganizar la política tailandesa no fue tan amplio como los militares y sus partidarios lo hicieron parecer", dijo a IPS el politólogo Giles Ungpakorn, de la Universidad de Chulalongkorn.
Además, la junta no pudo gozar de una holgada victoria en las urnas a pesar de haber silenciado a críticos y a grupos opositores al proyecto constitucional.
Casi la mitad de las 75 provincias tailandesas, la mayoría en el norte y en el noreste, permanecen bajo ley marcial. A los opositores a la junta se les impidió viajar a Bangkok para realizar protestas, y la policía realizó redadas en oficinas de grupos que difundían material en contra del referendo.
En julio, el parlamento designado por los militares en Bangkok aprobó una ley que convirtió en delito "obstruir" la celebración del referendo, con penas de hasta 10 años de cárcel. Se considera obstrucción desde "engañar" al público sobre el significado de la votación hasta dañar papeletas.
Para fortalecer la campaña por el referendo en las áreas rurales, la junta apeló al Comando de Operaciones de Seguridad Interna para seguir de cerca de las comunidades locales.
"Quizás fue una votación pacífica, pero no libre y justa. Hubo muchas restrcciones durante la campaña", dijo en una entrevista el director de la Red Asiática por Elecciones Libres, Somsri Hananuntasuk.
"Pero esta vez hubo menos compra de votos que en otras ocasiones", reconoció.
El resultado del referendo también cuestionó la imagen que había presentado la junta militar tras derrocar al dos veces electo primer ministro Thaksin Shinawatra el año pasado. Fue el golpe número 18 desde el comienzo de la democracia en este país en 1932.
El Consejo de Seguridad Nacional, como se autodenomina la junta, acusó a Thaksin de dividir el país con su agenda política, y prometió restaurar la unidad nacional.
"Si algo hizo este referendo fue mostrar cuán profundamente dividida está Tailandia hoy", sostuvo el analista estadounidense David Streckfuss, experto en política tailandesa.
"Los militares deberían reconocer que el enfoque que adoptaron para la Constitución y el referendo fue tan divisivo como la política de Thaskin en los últimos años", dijo a IPS.
Votantes como Suchart, un empresario de 53 años, representan al electorado de Bangkok que se opone a la junta. En la capital, el "No" obtuvo 34,4 por ciento de los votos.
"Yo voté No, pero creo que la Constitución va a ser aprobada", explicó Suchart al salir de su centro de votación. El empresario dijo estar insatisfecho con la política de la junta.