El ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra, sobre quien pesa una orden de detención por corrupción, también podría llegar a afrontar cargos por una sangrienta campaña contra traficantes de drogas hace cuatro años.
La Suprema Corte de Tailandia emitió el martes una orden de arresto a solicitud de la Fiscalía contra Shinawatra (2001-2006) y su esposa Pojaman, acusados de corrupción en un controvertido negocio de venta de terrenos en Bangkok.
El multimillonario de las telecomunicaciones devenido en político que se autoexilió en Gran Bretaña estuvo hace poco en los noticieros por la compra del prestigioso club de fútbol inglés Manchester City.
Un portavoz de Thaksin atribuyó la decisión judicial a cuestiones políticas del gobierno militar que lo derrocó en septiembre de 2006.
El pedido de detención o extradición tiene que ver con "el referéndum acerca de la Constitución que se realiza esta semana" en Tailandia, señala también el vocero en su declaración.
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Thaksin y Pojaman tienen plazo hasta el 25 de septiembre para entregarse a la policía, según la orden judicial, luego de lo cual se iniciarán los procedimientos correspondientes para su extradición.
El martes ambos fueron colocados en una lista de inmigración pasibles de ser detenidos de inmediato a su llegada a Tailandia.
Thaksin afronta varios cargos por corrupción y, si resultara condenado, podría ser no ser considerado más "apto ni indicado" para ser propietario del Manchester City. Además, la Premier League, responsable del principal campeonato de fútbol de Inglaterra, puede retirarle el permiso que le había sido concedido a tales efectos.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, es una de las que se opone a los certificados obligatorios para los nuevos propietarios de clubes de fútbol que emite la Premier League.
En una carta enviada al director general de la Premier League, Richard Scudamore, HRW llamó la atención acerca de la brutal "guerra contra las drogas" propiciada por el ex primer ministro.
En 2003, Thaksin dio luz verde a la policía y a otras autoridades para actuar sin piedad contra los traficantes de drogas de este país. En especial, arremetió contra la red de proveedores de metanfetaminas.
HRW recordó en su misiva los argumentos utilizados por Thaksin para justificar el baño de sangre.
"Como los traficantes son despiadados con nuestros hijos, no está mal ser despiadados con ellos", dijo el entonces primer ministro, según esa organización.
"Puede ser necesario tener víctimas. Es normal que mueran algunos traficantes", añadió.
Las consecuencias de sus dichos fueron reveladoras desde los inicios de la medida de lucha contra las drogas.
En los primeros tres meses de la "guerra", que comenzó en febrero de aquel año, más de 2.275 personas fueron asesinadas. Hubo más muertes a lo largo de la campaña que terminó a fines de 2003.
Mucha gente perdió familiares a causa de esa iniciativa.
La hermana y el cuñado de Malai Khamjarsai murieron el 19 de mayo de 2003 en un puesto de control próximo a la ciudad de Mae Sot, cerca de la frontera con Birmania.
"Los dos eran inocentes. Estaban limpios. Sus únicos ingresos procedían de su empresa de transporte", dijo a IPS Malai, de 40 años.
"La policía y el gobierno no hicieron mucho por investigar lo sucedido en aquel momento", apuntó.
Tras la muerte de su hermana Umpaipan Roopongpraserd, de 33 años, y su esposo Pongtep, de 44, Malai tuvo que hacerse cargo de sus dos sobrinos que ahora tienen 12 y 16 años.
"Todavía queremos saber por qué su mamá y su papá fueron asesinados", subrayó.
Quizá el respetado ex fiscal general Kanit Na Nakorn pueda responder a esa y a otras interrogantes.
Kanit Na Nakorn dirige un comité formado por el gobierno que siguió al golpe de Estado de septiembre de 2006 para investigar lo sucedido en la "guerra contra las drogas".
La demora de más de cuatro años en las investigaciones de los asesinatos a mansalva se debe a la fría respuesta del gobierno de Thaksin con el objeto de frenar las investigaciones de las miles de ejecuciones extra judiciales.
"Los asesinatos fueron perpetrados por la policía y sus agentes. Pero el gobierno de Thaksin no ordenó ninguna investigación al respecto", dijo a IPS Somchai Homlaor, abogado de derechos humanos.
"Se ignoraron, incluso, las quejas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sus miembros enviaron muchos informes respecto de la 'guerra contra las drogas' al gobierno de Thaksin y a la Organización de las Naciones Unidas" (ONU)", añadió.
Al investigador tailandés Sunai Phasuk, de HRW, le preocupan los argumentos empleados por el ex primer ministro y sus seguidores para desviar los cargos contra el papel que desempañó durante la violenta campaña.
"Thaksin pide un trato justo y ser considerado inocente hasta que se pruebe lo contrario", señaló Sunai.
"Pero cuando él estuvo en el poder, no le dio la oportunidad a sus víctimas de probar su inocencia ante un tribunal. Ordenó su asesinato", alegó.
La investigación encabezada por el ex fiscal general tailandés también arrojará luz sobre otra realidad, explicó Sunai al ser entrevistado.
"Es necesario cambiar la idea que se tiene en Inglaterra acerca de quienes fueron los asesinados. La mayoría eran personas inocentes, no traficantes", remarcó.
