Malasia celebra este mes cinco decenios de independencia bajo el lema «un legado, un destino». La capital está empapelada de carteles de personas de diferentes orígenes étnicos tomadas de la mano y sonriendo, en flagrante contraste con la realidad.
Bajo la aparente fraternidad aparecieron profundas divisiones entre la etnia mayoritaria malaya y de fe musulmana y las minorías china e india respecto del futuro político del país.
El descontento latente estalló cuando el viceprimer ministro, Najib Razak, sostuvo que Malasia es un estado islámico. Sus dichos dejaron atónita a la población de este país de Asia sudoriental.
Razak se formó en un internado de la elite británica.
"Malasia nunca fue una nación laica", afirmó.
La gente teme que la Constitución laica y el derecho que la monarquía parlamentaria y federal, que esta ex colonia británica heredó de la metrópolis, esté en peligro justo cuando el 31 de este mes se celebran 50 años de independencia.
La declaración que desató la polémica es la culminación de años de desacuerdos en torno al Islam y a la Constitución laica.
Muchos temen que triunfe la religión que trajeron comerciantes indios por primera vez en el siglo XIII.
"La afirmación de que somos musulmanes y no laicos colocó al país en una encrucijada justo cuando tenemos que celebrar la Constitución laica", señaló el líder de la oposición Lim Kit Siang.
"En vez de celebrar 50 años como país multicultural, reafirmar las bases laicas de nuestra sociedad plural y la supremacía de la Constitución estamos peleando por la religión" nacional, se lamentó Lim.
"Nuestros líderes sin visión de futuro nos pusieron en este dilema, actuando para la galería musulmana", dijo Lim, quien es de origen chino.
La declaración del viceprimer ministro "reafirma la estrechez de los sentimientos religiosos y perjudica seriamente al núcleo laico del país", añadió.
Un año antes de la independencia de 1957, una comisión nombrada por Londres entabló consultas previas para dar a luz a la ley fundamental, emergida de acuerdos entre los nativos malayos y los descendientes de inmigrantes de China e India llegados al país un siglo antes.
Para satisfacer a los malayos, hoy 60 por ciento de los 26 millones de habitantes, los constituyentes conservaron sus tradiciones, el Islam como "religión de la federación" y mantuvieron a sus gobernantes bajo la forma de una monarquía constitucional.
Los inmigrantes y sus hijos nacidos después de 1957 recibieron ciudadanía en forma casi automática y garantías de que podían practicar libremente su fe.
Los malayos, en peor situación económica respecto de la floreciente comunidad china, se beneficiaron de privilegios especiales, cuotas y otras medidas de discriminación positiva.
Se suponía que esos beneficios tenían fecha de vencimiento.
Pero cinco décadas después, los privilegios de la comunidad malaya no han hecho más que ampliarse, arraigarse e institucionalizarse.
Los valores y principios musulmanes se volvieron el fundamento de las políticas gubernamentales.
La población no musulmana teme que el "sigiloso Islam " erosione la Constitución laica y ponga en peligro la libertad de culto, cada vez más vapuleada.
Los temores se profundizaron tras las declaraciones del ex primer ministro Mahathir Mohamad, el 29 de septiembre de 2001, cuando afirmó en forma unilateral que Malasia era un país islámico y no un estado laico.
La polémica se agudizó al punto de que algunos musulmanes radicales obstaculizan o impiden a los moderados y a quienes no profesan esa fe formar alianzas, organizar foros ni discutir el asunto en público.
Los contrarios sostienen es que la religión constituye un asunto privado y que la Constitución es la norma suprema del territorio que todos los ciudadanos deben respetar, y no el Islam, pese a que está declarada como "la" religión de la federación.
El debate alcanzó su máximo en junio, cuando un alto tribunal dictaminó que los no musulmanes debían someterse a la shariá (ley islámica) en casos de disputas por matrimonio, divorcio y custodia de los hijos con creyentes.
El máximo tribunal de este país dictaminó en julio que los musulmanes no pueden abandonar su fe, pese a que la Constitución garantiza la libertad de culto para todos los ciudadanos.
En el último incidente, autoridades musulmanas obligaron a un hombre hindú a separarse de su esposa musulmana, de 21 años, y de sus seis hijos.
El marido terminó obteniendo la custodia de los niños, pero se prohibió a la pareja convivir en forma legal.
El fallo trascendió fronteras porque colocó el Islam por encima de una lógica humanitaria.
A pesar de las disputas, la visión musulmana es consistente en que su fe constituye una "forma de vida" que no puede constreñirse a la esfera "privada".
"El Islam es un estilo de vida que engloba a todas las áreas", afirmó Zulkifli Ahmad, director de investigación del fundamentalista Partido Islámico Panmalayo.
"Es una religión global y perfecta. Los musulmanes deben darle preeminencia", añadió.
El independiente Centro de Estudios de Políticas Públicas emitió el 1 de este mes la Declaración "Merdeka", o de Independencia, que pretende restablecer los principios fundadores de la nación.
El documento que aboga por reformas políticas, económicas y sociales que promuevan una sociedad justa y unida, fue suscrito por decenas de centros académicos, organizaciones económicas, religiosas y otras.
"La unidad se está erosionando. Las divisiones étnica, lingüística y religiosa se profundizan, causan un dolor genuino e hieren a la nación", señala la declaración.
El movimiento reclamó al gobierno la creación de un panel independiente que revise todas las leyes y políticas que podrían socavar la armonía y las bases laicas del país e investigue las acusaciones de discriminación étnica y religiosa.
También propuso la creación de una comisión de verdad y reconciliación que ayude a los malayos a aceptar el pasado para que el país pueda avanzar.
El asunto creo fracturas dentro del gobierno, en general monolítico.
Nueve de los 10 ministros no musulmanes enviaron un memorando al primer ministro Abdullah Badawi en enero en el que le pidieron revisar todas las leyes que perjudican a la población que no profesa el Islam.
La presión de organizaciones islámicas obligó a los ministros a retractarse.
Pero el incidente ilustra las profundas escisiones, aun dentro del gobierno, respecto del futuro político del país.
El ministro cristiano Bernard Dompok declaró que los padres fundadores de la nación no pretendieron crear un estado islámico. Sus comentarios fueron censurados por los poderosos medios de comunicación dominantes.
Otra voz que se alzó fue la del príncipe heredero del septentrional estado de Perak, Nazrin Shah, un reformista educado en la universidad británica de Oxford y la estadounidense de Harvard, que aboga por una sociedad "abierta, tolerante y progresista", sin extremismo, ni chovinismo ni racismo.
"La Constitución es la ley suprema. Garantiza los derechos de todos los malasios. Hay que proteger su integridad a cualquier costo", declaró el domingo 4 ante una reunión de líderes estudiantiles.
Las cuestiones de la fe se han convertido en asuntos de enorme controversia. "Promueven actos coercitivos y conducen a los malasios a distanciarse más y más unos de otros", agregó.
La solución es abrazar la Constitución, asegurar la justicia económica y social para todos y ejercer una buena gobernanza. "Debemos creer en esto y trabajar por esto. Cada voz cuenta", concluyó Shah.