Ante la inminencia de elecciones legislativas anticipadas, no queda claro cómo se las va a arreglar Polonia para manejar la intención del gobierno de divulgar los nombres de colaboradores del régimen comunista (1945-1990).
Los gemelos Lech y Jaroslaw Kaczynski, presidente y primer ministro de Polonia, eliminaron a los comunistas de la vida pública, una promesa electoral que data de 2005, cuando se celebraron los comicios anteriores.
En un intento de solucionar la crisis en el seno de la coalición gobernante por desacuerdos internos, el primer ministro anunció la realización de elecciones legislativas anticipadas previstas para el 21 de octubre o, a más tardar, principios de noviembre.
El gobernante conservador Partido Ley y Justicia (PiS) es acusado por observadores locales y extranjeros de estar obsesionado con los hechos del pasado y de tratar de corregir la historia, lo que no le ha impedido lograr un crecimiento económico de más de seis por ciento y reducir el desempleo.
Desde 1992 se observan ese tipo de intentos de limitar la participación de ex comunistas en la vida pública de país.
La ley de investigación de antecedentes, promulgada el 15 de marzo a instancias del PiS, obliga a los funcionarios públicos a someterse a indagaciones para determinar si colaboraron con los servicios secretos durante el régimen comunista.
Varios funcionarios de alto rango se negaron a completar su declaración de antecedentes, entre ellos el ex canciller y disidente Bronislaw Geremek, quien en abril todavía era diputado del Parlamento Europeo.
Geremek, quien fue removido del cargo, calificó la ley de "paranoica" y de reflejo de la concepción de algunos políticos, según la cual "la camarilla comunista gobernó la economía, la prensa y el Estado".
El Tribunal Constitucional consideró el 11 de mayo que las disposiciones centrales de ley eran inconstitucionales, en especial los artículos que establecen la investigación de antecedentes de empleados de universidades privadas, editoriales y periodistas.
El tribunal también revocó una disposición que estipulaba la proscripción por 10 años de toda persona que no cumpliera con las ordenanzas. Más de 700.000 polacos podrían haber sido sometidos al proceso de "lustración", de acuerdo con la versión original de la ley.
La "lustración", término procedente del latín, se refiere a un rito católico de purificación y reconciliación en el que se ofrecía un sacrificio solemne. En los países de Europa oriental y central, denota los mecanismos utilizados para desenterrar su pasado comunista.
Pero no se vislumbra aún el fin del debate, indicó Maciej Kaczynski, analista del Instituto de Asuntos Públicos de Varsovia.
"La lustración es constitucional, pero el procedimiento propuesto no lo es", indicó Kaczynski. "El parlamento tendrá que enmendar la ley para que sea constitucional debido a que el tribunal básicamente tiró a la basura puntos importantes de la norma."
"Desde entonces, la agitación política se agravó y llevó a la ruptura de la coalición gobernante. Pero es necesario enmendar la ley para que puedan llevarse a cabo las elecciones, porque los candidatos deben completar sus declaraciones de no haber colaborado con la policía secreta" del régimen comunista, explicó Kaczynski.
Tras las últimas elecciones, el PiS decidió aliarse con los populistas de Autodefensa de la República Polaca y con la extrema derecha ultra-católica.
La solución más obvia, según Kaczynski, será hallar un mínimo denominador común sobre el que la mayoría de las fuerzas políticas se pongan de acuerdo. "Pero no podrá realizarse una gran reforma antes de los comicios", añadió.
La decisión del Tribunal tornó confusa la ley e interrumpió la entrega de declaraciones de antecedentes. Pero el debate se centra ahora en una propuesta para publicar los nombres de destacadas figuras que colaboraron con el régimen comunista.
Los gemelos no cuestionaron la decisión del tribunal, pero se mostraron profundamente disgustados. El gobierno pretende publicar una lista de 500 personas que, según sus registros, colaboraron con los servicios secretos del régimen comunista.
"No es del todo ilegal publicar una lista con 500 nombres. El problema es que el proceso de no está totalmente regulado y no hay un procedimiento para verificar errores", dijo a IPS Piotr Maciej Kaczynski.
El presidente amenazó con abrir archivos de la época comunista como "solución brutal", en tanto el tribunal anunció que estudiaba si la ley era constitucional.
Ciertos funcionarios y directores del Instituto de Memoria Nacional, creado por el parlamento en 1998 para investigar "delitos contra la nación", tuvieron acceso a esos archivos. Algunos de ellos fueron acusados de utilizar la información para intimidar a la oposición.
Varios analistas hubieran preferido una política de archivos abiertos a esta revelación selectiva de información que favorece los intereses de los que están en el poder. Esa sería la única forma de terminar con el interminable debate de la lustración, según ellos.
Otros, en cambio, piensan que la publicación de los archivos puede perjudicar a personas inocentes, víctimas de intentos de ex figuras del régimen comunista de ensuciarlas. Además de que se revelarían asuntos privados e irrelevantes.
"Mucha gente colaboró bajo presión. La situación de Polonia era muy distinta entonces", dijo a IPS un funcionario, ahora jubilado. "Muchas personas lo hicieron por miedo a lo que pudiera suceder a sus familias o para poder emigrar."
A pesar de los reveses y de la oposición, los hermanos Kaczynski siguieron su afán de "limpieza" en otros frentes.
Desde que a fines de junio se modificó un proyecto de ley del servicio militar, todos los oficiales del ejército, desde el rango de teniente hasta los más altos, deben someterse a una investigación de antecedentes afín de "garantizar que nuestros cuadros cumplan con los más altos estándares patrióticos", según arguyó el diputado del PiS Michal Jach.
