La primera denuncia seria de corrupción contra el gobierno de Daniel Ortega abrió un debate político en Nicaragua: ¿debe el presidente del país gobernar desde la sede de su partido que es, además, su propia casa?
Cuando asumió el cargo el 10 de enero, Ortega decidió dirigir los destinos de la nación desde su casa en el exclusivo barrio El Carmen, situado en el occidente de Managua, que es al mismo tiempo la sede de la secretaría política del gobernante e izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
A finales de mayo un grupo de inversionistas extranjeros y nicaragüenses afirmaron a medios de comunicación que miembros del FSLN habían intentado extorsionarlos.
La denuncia, interpuesta por socios del Consorcio Turístico Arenas Bay, señalaba que operadores del partido gobernante habían pedido el pago de un soborno desde la propia casa donde Ortega despacha.
"Yo fui a la secretaría (del FSLN) a oír una propuesta de entregar cuatro millones de dólares a cambio de recibir ayuda para solucionar un litigio de tierras", dijo a IPS Armel González, directivo de Arenas Bay, un proyecto turístico en la sureña zona de Tolá, en el litoral del océano Pacífico, que enfrenta una demanda por propiedad de predios interpuesta por la cooperativa campesina Pedro Joaquín Chamorro.
El incidente, que ahora está bajo investigación de la fiscalía, la procuraduría general y la Asamblea legislativa, bastó para encender la mecha de una acalorada discusión sobre la sede del gobierno.
El analista político conservador Carlos Tünnermann estima que se trata de "una evidente confusión Estado-partido".
"Un presidente no debe gobernar todo un país desde la sede de un partido, no es una muestra de transparencia, sobre todo cuando la mayoría de ese país votó contra ese partido", dijo Tünnermann a IPS, en referencia al 38 por ciento de votos con el que Ortega se alzó con la victoria electoral en noviembre de 2006, para regresar al poder político que había ejercido entre 1985 y 1990.
Ortega formó parte de las guerrillas que derrocaron en 1979 a la dinastía de la familia Somoza que mandó durante 43 años. Hasta 1984, fue coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y ese año fue elegido presidente por las urnas.
Luego de ser elegido para su segundo mandato constitucional, Ortega se negó a despachar desde la moderna Casa Presidencial, cuya construcción costó 14 millones de dólares donados por Taiwán y que utilizaron sus antecesores Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (2002-2007), aduciendo que sus elevados costos de mantenimiento no se condecían con su política de austeridad.
Antes de asumir, Ortega ordenó reconstruir el antiguo edificio Olof Palme para ocuparlo como despacho oficial. De hecho, celebró su investidura en la Plaza de los No Alineados, ubicada frente al inmueble que lleva el nombre del ex ministro sueco amigo de la revolución nicaragüense, que fue asesinado la noche del 28 de febrero de 1986 en Estocolmo.
Pero lo cierto es que Ortega, a la sazón secretario general del FSLN, despacha desde entonces en la sede partidaria, donde además vive con su esposa Rosario Murillo e hijos.
La casa tiene su historia: fue confiscada por los sandinistas en 1979 al somocista Jaime Morales Carazo, quien con el correr de los años se convirtió en compañero de fórmula de Ortega y es ahora su vicepresidente.
Pero la decisión del mandatario no generó mayor polémica hasta la denuncia de Arenas Bay.
La opositora y centroderechista Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), dirigida por el ex candidato presidencial Eduardo Montealegre y con 22 representantes, presentó ante la Asamblea un proyecto de ley para obligar al presidente a despachar desde la Casa Presidencial.
Eliseo Núñez Morales, portavoz de la ALN, dijo a IPS que el proyecto de ley presentado en junio y respaldado por los tres legisladores del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), "busca transparentar la función pública y evitar que el presidente Ortega maneje los asuntos del país como si fueran cosas domésticas o tareas del partido".
Víctor Hugo Tinoco, diputado del MRS, disidente del izquierdista FSLN, explicó a IPS que la iniciativa "establece como sede permanente de la presidencia las instalaciones contiguas al Teatro Nacional Rubén Darío y frente al Palacio Nacional de Cultura en Managua".
Tinoco espera el apoyo del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que cuenta con 26 diputados.
Maximino Rodríguez, jefe del bloque del PLC, anunció a fines de julio que defenderían el proyecto, que se encuentra en espera de que finalice el receso parlamentario el lunes 6 de agosto.
Para aprobarlo, se requiere del voto de 47 diputados del total de 92 que componen el parlamento. Los sandinistas cuentan con 38, más tres aliados disidentes de otras fuerzas políticas.
Sin embargo, "la Constitución no establece en ninguno de sus artículos que el presidente de la República deba sesionar en determinado lugar", dijo a IPS el ex presidente del parlamento, Cairo Manuel López.
Mientras los partidos de derecha intentan obligar a Ortega a salir de su residencia, el grupo parlamentario sandinista anunció que resistirá la iniciativa, considerada "absurda" por el jefe del bloque Edwin Castro, porque violenta el principio constitucional de independencia y equilibrio entre los poderes.
Otro legislador del FSLN, Wálmaro Gutiérrez, estimó que el proyecto no tiene asidero legal y confió en que la Junta Directiva del Congreso lo desestimará por improcedente.
Mientras, Ortega ofreció la Casa Presidencial donada por Taiwán al presidente venezolano Hugo Chávez, para convertirla en sede de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).
"No es un palacio presidencial el que puede convertir a alguien en presidente", dijo en defensa de Ortega su esposa, Murillo, secretaria de comunicación del gobierno.
Antes de llegar a la presidencia, Ortega había dicho que convertiría el edificio en un albergue infantil. Pero cuando llegó al poder, ofreció el inmueble como sede del Parlamento Centroamericano. Los diputados del istmo no lograron ponerse de acuerdo y la sede del legislativo regional siguió asentada en Guatemala.
Luego el gobierno ofreció la Casa Presidencial a la Corte Centroamericana de Justicia, extremo que tampoco se materializó. Ahora la oferta es para Venezuela.
"Han entrado en una discusión absurda de que el presidente debe estar allí, en ese lugar, fíjense qué absurdo. El presidente debe estar donde está el pueblo", dijo Ortega en presencia de Chávez el 20 de julio, al concluir la entrega de certificados de crédito a pequeños empresarios en el municipio de Ciudad Sandino.
