El más alto tribunal electoral del país se encuentra envuelto en una polémica que amenaza con empañar el prestigio que ganó en los últimos años.
El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), Flavio Galván, renunció por "motivos de salud", según declaró. Pero versiones periodísticas hacen referencia a una denuncia por corrupción en la compra de un edificio y resoluciones sospechosamente favorables al opositor e izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La contraloría interna del Trife investiga una denuncia en contra de Norma Aguilar, coordinadora de asesores de Galván, quien presuntamente pidió una comisión por la adquisición del edificio para el tribunal. Su jefe se habría negado a despedirla.
El Tribunal, compuesto por siete magistrados, es el responsable de resolver las querellas en materia electoral en todo el país. En septiembre validó el resultado de los comicios presidenciales de julio y declaró ganador a Felipe Calderón, del conservador Partido Acción Nacional (PAN).
El candidato del PRD, Manuel López Obrador, afirma que las elecciones, que perdió por poco más de 200.000 votos, fueron fraudulentas.
"Hasta el pasado lunes he ocupado la máxima dignidad de este tribunal con la plena convicción de que lo hice con toda la dignidad, con toda la honestidad, con toda la entrega", dijo Galván el miércoles al inicio de la sesión del Trife y antes de entregar la presidencia a la jueza María del Carmen Alanís.
La sesión del Trife del lunes por la noche para suceder a Galván, quien sigue perteneciendo a la Sala Superior del tribunal, se realizó a puerta cerrada y no dio información pública sobre lo ocurrido hasta este jueves.
"Alguien falta a la verdad en el Trife. Y ese, el del engaño a la sociedad, es el problema de fondo, porque el máximo tribunal electoral mexicano (…) no puede estar bajo la sospecha ciudadana, ya que se trata de la instancia federal con la mayor responsabilidad electoral", escribió Ricardo Alemán, columnista del diario local El Universal.
"Galván debe pedir una licencia temporal, para hacer una investigación exhaustiva. Si está limpio, que regrese", planteó, ante la consulta de IPS, Fernando García, coordinador general de la no gubernamental Lupa Ciudadana, dedicada a controlar el desempeño del Poder Ejecutivo, el parlamento y de la asamblea legislativa de la capital mexicana.
Galván, un abogado egresado de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), había asumido el cargo en noviembre de 2006.
De las quejas presentadas por los partidos ante resoluciones del Trife, los magistrados fallaron a favor del PRD en 16 de 20 casos y, en cuanto al PAN, resolvieron favorablemente en dos de cinco oportunidades.
"Todos los integrantes de la Sala Superior del Trife son responsables de ocultar lo que pasa en esa institución, fundamental para la democracia electoral mexicana", resaltó Alemán.
García cuestionó la actuación del tribunal durante esta etapa crítica. "Da pie para la suspicacia. De parte de los poderes del Estado, nunca nos van a informar de buenas a primeras, siempre van a tratar de esconderlo con eufemismos, como una renuncia por motivos de salud. La ciudadanía debe reclamar la información de lo que ha pasado", dijo.
El Trife fue creado en 1996, como parte de las reformas judiciales y electorales impulsadas por el entonces presidente Ernesto Zedillo (1994-2000).
Desde entonces ha emitido cerca de 20.000 veredictos, varios de ellos que fueron criticados, como la multa que le impuso al PAN luego de las elecciones presidenciales de 2000, en las que ganó el gobierno de la mano de Vicente Fox (2000-2006), por recibir financiamiento ilegal para su campaña electoral.
"Como todos los seres mortales, como todos los finitos, un día he de caer. Cuando caiga será como los árboles, de pie, con la dignidad, con la honestidad inquebrantable y sin mácula", manifestó Galván.
Actualmente, el Trife está a punto de emitir un dictamen sobre la fiscalización de los partidos políticos y sobre el caso de 280.000 cortos publicitarios emitidos durante la campaña presidencial del primer semestre del año pasado, sobre los que los partidos no informaron a las autoridades reguladoras.
Carmen Alanís, quien también se graduó como abogada en la UNAM, fue secretaria ejecutiva del Instituto Federal Electoral, el órgano autónomo responsable de los comicios federales y ha sido vinculada por la prensa mexicana con Margarita Zavala, esposa del presidente Calderón y con el opositor Partido Revolucionario Institucional.
"Hagamos de este órgano jurisdiccional un ejemplo de transparencia, de uso eficaz, eficiente de los recursos públicos asignados a su función", dijo Alanís, al presidir su primera sesión al frente del Tribunal, sin hacer alusión al escándalo.
