Autoridades provinciales de las zonas peruanas afectadas por el terremoto de este mes están bajo sospecha. Muchos de sus gobernados denuncian que acaparan y desvían la ayuda humanitaria.
El ruido atronador de la remoción de los escombros, el polvo que se impregna a todo y los fuertes vientos son parte del escenario fantasmal de este lugar que ha quedado fijado en el 15 de agosto, cuando lo sacudió el sismo de siete grados en la escala Richter.
En él se mueve el burgomaestre Mendoza como pez en el agua. "Juanito, necesito un ataúd", "Juanito, faltan carpas (tiendas) en mi barrio", "Juanito, se acabó la comida en mi barrio", le dicen los pobladores que lo rodean todo el tiempo.
Mendoza pasea por las calles, largas hileras de escombros objeto de una destrucción implacable. Es evidente que comprende el desgraciado protagonismo que le ha tocado en medio del desastre.
[related_articles]
"Todo el tiempo reclaman", dice a IPS mientras recorre la plaza principal que ha convertido en su centro de operaciones, porque allí se estaciona la prensa nacional y extranjera. "Siempre que les das algo, después te piden más", apunta.
Él es quien decide adónde van los víveres, a qué familias proteger en los refugios, por dónde empezar la reconstrucción, a quién atender en primer lugar. Los asuntos que se someten a su consideración abarcan hasta el tipo de ropa que se destina a uno u otro sitio.
Esa centralización de decisiones está ahora bajo investigación. Las denuncias de manejo doloso de la ayuda humanitaria contra el alcalde dieron pie a que el contralor general de la República, Genaro Matute, viajara a la zona del desastre con un equipo de fiscalizadores.
"Encontramos que el propio alcalde en persona repartía la ayuda, que concentraba un poder que impedía que los víveres y la ropa llegaran a las personas que más los necesitaban", dijo Matute a IPS.
Fastidiado por el control, el alcalde buscó apoyo en el presidente Alan García, acusando al contralor de entorpecer las tareas de asistencia.
García desautorizó públicamente a Matute, que ejerce una función estatal de fiscalización independiente. "Hay que ser torpes, a veces brutos, para creer que el alcalde va a entregarle a sus favoritos víveres y ropa, y postergar a la población", dijo García.
"¿Dicen que me robo las donaciones para entregárselas a mis familiares y amigos? Oiga, yo no tengo corazón de piedra. Tendría que ser un maldito para quitarle la comida y la ropa a la gente. Además, mi hermana murió en el terremoto. Yo no puedo robarle a la gente que sufre como yo", se defendió Mendoza.
El alcalde ganó las elecciones provinciales de noviembre de 2006 con sólo 27 por ciento de los votos. En una provincia en la que residen unas 150.000 personas, 18.000 ciudadanos lo votaron. Pero la desgracia le ha conferido más poder. Mientras hablaba con IPS, algunos viandantes le gritaban "Juanito, tenemos hambre". "No te lo lleves todo a tu casa". "Deja algo para los pobres". Mendoza sonreía.
"¿Por qué no va a los pueblos jóvenes? Allí la gente reclama porque usted concentra todo en la ciudad de Pisco", le preguntó IPS."Hay para todos, pero, por favor, la ayuda no puede llegar a todos al mismo tiempo. Ni Dios puede hacer eso", respondió.
Según Matute, las autoridades de la provincia de Pisco, departamento de Ica, no planifican el reparto de asistencia humanitaria, lo que va contra los intereses de miles que viven en los asentamientos hacinados de los alrededores, llamados pueblos jóvenes.
"No contaba con un sistema de distribución, repartía sin registrar a quiénes entregaba, sin saber a quiénes les faltaba. Esa desorganización, ese caos, evidentemente afecta a quienes más requieren la ayuda humanitaria", señaló Matute. "En tales condiciones, podrían generarse actos de corrupción".
Cifras oficiales indican que hasta el 30 de agosto el sismo con epicentro en el océano Pacífico, frente a las costas de las provincias de Pisco, Ica y Chincha, dejó 519 personas muertas, casi 1.400 heridas, 45.000 damnificadas y millonarias pérdidas materiales. Organizaciones no gubernamentales también señalan que aún hay 40 desaparecidos.
Según Matute, la contraloría ha detectado que "regidores (concejales) de las alcaldías provinciales de Pisco y de Cañete —en el vecino departamento de Lima—, se llevaban los víveres a sus casas o a sus allegados, perjudicando a los más golpeados por el terremoto".
Pobladores de Grocio Prado, uno de los populosos distritos de Chincha destruido en 80 por ciento por el sismo, viajaron a Lima para denunciar al alcalde Carlos Torres de apropiarse de la ayuda.
En Grocio Prado, de 15.000 habitantes de una docena de asentamientos, IPS recogió duras expresiones contra Torres. "Nunca viene por aquí", dijeron habitantes en San Benito. "Para nosotros el alcalde ha muerto", señalaron en Yataco.
"Sólo a sus familiares y favoritos les entrega los víveres", afirmaron en El Porvenir, donde la destrucción de las viviendas es total. El alcalde estaba en la plaza principal de Grocio Prado.
"Todas las acusaciones contra mí son falsas. Hemos organizado a la gente para que elijan a un coordinador y éste recoja y distribuya la ayuda que recibimos", dijo Torres a IPS.
"Los que protestan son los que no se han organizado y por eso poco o nada reciben", alegó. Mientras hablaba, algunos pobladores comenzaron a acercarse gritando "mentiroso", "farsante, no te quedes con la ropa y comida". Otros pobladores lo acompañaban y defendían.
"A todos no se puede contentar", se disculpaba el alcalde, pulcramente vestido y de brillantes zapatos negros.
A Grocio Prado no ha llegado la Defensa Civil, y los habitantes retiran los escombros con sus propias manos. Al igual que en otras localidades sureñas afectadas, esta permanece militarizada. Los sitios donde se acopian el agua, los alimentos, las tiendas, los colchones, las medicinas, están bajo control de las Fuerzas Armadas.
El presidente García explicó que las Fuerzas Armadas no estaban sólo para impedir saqueos, sino también para ejercer el mando.
"Un terremoto es como una situación de guerra generada por la invasión de un país extranjero", justificó. "Y en una situación de ese tipo se debe establecer un solo comando de guerra. Menos democratismo y más verticalidad".
Quizás este precepto fue el que lo llevó a nombrar al empresario Julio Favre presidente del Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas del Sur (Forsur), sin consultar a ninguna de las autoridades de las regiones afectadas por el sismo.
Favre, seguidor del ex mandatario Alberto Fujimori (1990-2000) y ex titular del gremio empresarial, mantiene excelentes vínculos con la cúpula militar y con sectores de la Iglesia Católica cercanos a la prelatura conservadora Opus Dei. Hasta su nombramiento actuaba como asesor informal de García.
El presidente de la región Ica, Rómulo Treviño, que comprende la mayor parte de las localidades arrasadas, sostuvo que "el Forsur es la fiel imagen del centralismo total" y como respuesta constituyó la Corporación de Reconstrucción y Desarrollo de Ica.
"Para algunos políticos, el capitalismo es una perversión que consiste en que algunos pocos explotan a muchos ( ) y es el trabajo de los muchos lo que hace ricos a los pocos. Tamaña estupidez podría haber tenido algún fundamento hace cien años", escribió Favre en una columna de opinión.
