«Cuélguenme o libérenme, pero no me dejen morir lentamente», dice Baha Jambol, de 45 años, quien ya lleva nueve en una cárcel de Malasia condenado a la pena capital y sin posibilidad de apelar esa sentencia.
Su caso no es el único, como consecuencia de serias fallas en la justicia penal de este país.
Jambol fue condenado en 1998 por posesión de 50 kilogramos de marihuana, pero no puede apelar la condena a morir en la horca porque el juez que lo sentenció no se tomó el trabajo de escribir los fundamentos de su fallo.
"Sin un dictamen escrito es imposible apelar", dijo a IPS el abogado de Jambol, Karpal Singh, quien es además un conocido activista por los derechos humanos.
Jambol, un chofer, estaba al volante del automóvil en el que se encontró la marihuana, pero el dueño del vehículo, quien se encontraba con él cuando la policía descubrió la droga, fue absuelto.
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El caso del juez reacio a poner en el papel sus sentencias escandalizó a este país y reavivó las demandas de abandonar la pena de muerte.
"Es un claro ejemplo de travestismo de la justicia", afirmó Singh. "Jambol se ha estado pudriendo en prisión por nueve años. ¿Qué puede ser más cruel que esto? Le pido al gobierno que elimine la pena de muerte y ponga fin a las miserias de quienes están aguardando su ejecución", agregó.
Decenas de personas están en las superpobladas cárceles malayas, sin posibilidad de apelar sus sentencias a la pena capital porque los jueces no pusieron por escrito los fundamentos de sus decisiones.
Aziz Sharif, de 28 años, fue condenado a muerte en 2001 por el asesinato de su novia, aunque su abogado, Harbahjan Singh, considera que el fallo judicial está plagado de defectos. Seis años después, sigue imposibilitado de apelar por la ausencia de una sentencia escrita.
Aziz está sufriendo una "severa tortura mental" mientras aguarda conocer su destino, declararon al diario The New Straits Times sus familiares, campesinos pobres que cultivan arroz en la sureña provincia de Negri Sembilan.
Los parientes del joven pidieron al juez que escribiera la sentencia en numerosas oportunidades, pero no tuvieron éxito..
"Envié cinco cartas, pero desgraciadamente no tuvieron la decencia de responder ninguna de ellas", declaró Singh al Strait Times.
Políticos de la oposición y defensores de los derechos humanos están ejerciendo presión para que se tome alguna medida respecto de los indolentes jueces malayos.
"Su actitud displicente niega la administración de justicia a quienes más la necesitan", dijo a IPS un legislador de la oposición, Kulasegaran Murugesan.
"Si los jueces hubiesen cumplido con su deber básico, las personas condenadas hubieran presentado rápidamente su apelación y podrían haber sido absueltas. Estas largas demoras son la marca característica de una deficiente justicia penal", agregó.
Murugesan reclamó al gobierno que deje en libertad a los condenados a muerte que se encuentran en esta situación. "Una solución más humana y duradera es abolir la pena capital", señaló.
La no gubernamental Malayos Contra la Pena de Muerte está desarrollando una campaña a favor de los condenados. "Los prisioneros que enfrentan la pena capital se encuentran bajo extrema presión si sus apelaciones se demoran", dijo a IPS el codirector de la organización, Charles Hector.
"Los jueces deben entender que es un acto de la máxima crueldad. Los familiares también sufren por la situación de incertidumbre y las postergaciones sin sentido. Es una intolerable forma de tortura", afirmó.
"Esta dramática postergación es una razón adicional para revisar la pena de muerte. Demandamos una inmediata moratoria de todas las ejecuciones pendientes y la abolición de la pena capital en Malasia", agregó Hector.
Amnistía Internacional también expresó su preocupación por las dilaciones y la tortura mental que sufren los prisioneros y coincidió en la necesidad de una moratoria.
La Asociación de Abogados pidió a sus miembros que informaran sobre todos los casos en que sus clientes viven una "muerte lenta" a causa de las largas dilaciones o la ausencia de una sentencia escrita.
La Asociación también presentará al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ahmad Fairuz Halim, una lista de los casos más serios. Su esperanza es que se imponga alguna sanción a los jueces más negligentes y que se ponga fin a las penurias de decenas de condenados como Aziz y Jambol.
Las leyes de este país contemplan la pena de muerte para una serie de delitos que van desde el tráfico de drogas (la posesión de 15 gramos de heroína o de 200 de marihuana ingresan en esa categoría) hasta el envenenamiento del suministro de agua. El asesinato, la posesión de armas y la traición también se castigan con la pena máxima.
Más de mil personas han sido ejecutadas desde 1957, cuando este país alcanzó la independencia, y unas 300 están en el pabellón de la muerte. La mayoría de ellas son indonesios condenados por tráfico de marihuana.
