La eliminación de la pena de muerte del sistema legal de Kirguistán fue aplaudido por defensores de los derechos humanos. Pero muchos cuestionan algunas limitaciones de la medida y reclaman más reformas para acompañar la abolición.
El presidente de Kirguistán, Kurmanbek Bakiyev, promulgó el 27 de junio un Código Penal "humanizado". La nueva legislación cambió la pena de ejecución mediante fusilamiento por la de 30 años de prisión.
La reforma ajusta el Código Penal a la Constitución aprobada en diciembre. Con esa prohibición, Kirguistán se convirtió en el segundo país de los cinco de la región de Asia central en abolir ese castigo extremo.
"Muchos jueces podrán respirar más fácilmente ahora. Solían ser renuentes a dictar condenas a muerte y tenían la esperanza de que la pena fuera suavizada en el proceso de apelación", dijo a IPS Ulugbek Azimov, especialista de la Organización Independiente de Derechos Humanos y ex magistrado.
"Las enmiendas al Código Penal implican que los tribunales revisarán las sentencias dictadas a los 174 condenados a muerte", explicó.
"Este es un requisito esencial para una sociedad que se considere civilizada", señaló la directora de la organización Dinara Sayakova.
La abolición de la pena capital y la reforma del Código Penal correrán el centro de atención hacia la reinserción social de las personas que cumplen cárcel por asesinato o violación.
Sayakova, una médica que trabajó como patóloga penal, señaló que ella es una de las personas convencidas por los argumentos de los abolicionistas.
Sin embargo, algunos activistas de derechos humanos cuestionan las limitaciones de las enmiendas al Código Penal.
La nueva legislación prevé un periodo de ocho meses para revisar las 174 condenas a muerte existentes, dijo Azimov. "Es probable que haya una nueva ley para regular esto", añadió.
Pero el breve lapso y la inseguridad acerca de qué tipo de revisión se permitirá preocupa a los activistas.
La posibilidad de que hubiera errores judiciales era más elevada en Kirguistán que en un país desarrollado, dijo a IPS Nurbolot Kurmanov, jefe del Departamento de Justicia de Bishkek, mostrándose a favor de un análisis riguroso de las condenas a muerte.
La reforma planteó interrogantes acerca de la procedencia social de la mayoría de las 174 personas que estaban en el pabellón de la muerte. Ninguna pertenece a familias adineradas de este país, según estadísticas de la independiente Oficina de Derechos Humanos, que cuenta con apoyo de organizaciones de Estados Unidos.
Defensores de derechos humanos reclaman que las condenas a cadena perpetua se reduzcan a penas de 20 años.
Los 30 años de cárcel que prevé el nuevo Código Penal antes de conceder la libertad condicional son un exceso debido a las condiciones que tienen las cárceles de este país, arguyen. Además, choca con la práctica internacional.
Las autoridades se comprometieron a mejorar la situación para los presos que ahora están condenados a cadena perpetua.
El viceministro de Justicia, Sergey Zubov, prometió reformar una parte de la prisión de Bishkek, a dónde serán trasladados.
Pero los activistas son escépticos al respecto y no creen que se pueda hacer sin asistencia exterior.
"Es llamativo que muchos presos no hayan aplaudido la abolición de la pena de muerte", dijo a IPS Nargiza Akyl, directora de la organización defensora del pueblo kirguisa.
"La cadena perpetua sencillamente no es un enfoque humano. Si las condiciones de las cárceles se equiparan con los estándares internacionales, ellos tendrían otro discurso", añadió.
La falta de recursos del sistema carcelario repercute en la calidad de la dieta de los presos, señaló. "Reciben menos de la ración diaria prevista de entre 50 y 60 gramos de carne. Pon un cucharón en la sopa de la noche y verás que es puro líquido", apuntó.
Una fuente confiable dijo a IPS que la corrupción y robo de alimentos por proveedores y guardias de la prisión también son responsables de la situación.
Investigaciones independientes realizadas por IPS confirmaron denuncias de hacinamiento, casos de tuberculosis y falta de atención médica.
La mayoría de ellos padecen enfermedades psiquiátricas, pero no reciben asistencia.
La organización Penal Reform International, con sede en Londres, exhortó a las autoridades de la región a brindar a los presos un tratamiento acorde con los estándares mínimos e introducir un sistema de control público e independiente acerca de las condiciones de las cárceles.
Los activistas ahora presionan al parlamento para que ratifique el segundo protocolo opcional del Pacto Internacional acerca de Derechos Civiles y Políticos, de la Organización de las Naciones Unidas, que aboga por la derogación de la pena de muerte.
El hecho reforzaría el compromiso del país con la abolición.
"No es difícil cambiar una Constitución. Esta es la razón que necesitamos para ratificar el protocolo", señaló Sayakova, en clara alusión a los dos proyectos constitucionales que en un lapso de dos meses se aprobaron en 2006.
El año pasado fracasó un intento en el parlamento en ese sentido. Pero los activistas se muestran optimistas acerca de que pronto se presentará otra oportunidad.
El protocolo fue ratificado por 61 países, incluido Turkmenistán, de esta región.
