MUJERES-BRASIL: Conferencia apunta contra violencia y segregación

La promesa del presidente Luiz Inácio Lula de «invertir casi mil millones de reales» (cerca de 500 millones de dólares) hasta 2010 en la prevención y combate de la violencia de género alentó la segunda Conferencia Nacional de Políticas para las Mujeres, concluida este lunes en la capital de Brasil, con casi 3.000 participantes.

Este monto multiplica casi por 40 los gastos del gobierno efectivamente aplicados a ese combate en los últimos años. El movimiento de mujeres reclama mayores presupuestos para programas sociales, pero la presión actual se concentra sobre todo en lograr que la inversión anunciada se ejecute.

En los dos últimos años, no se liberaron ni siquiera la mitad de las sumas presupuestadas para combatir la violencia contra la mujer en este país.

Fue importante que el presidente "se sintiera en el deber de venir a la conferencia a asumir tal compromiso", aunque será necesario presionar mucho para que la promesa se haga realidad, dijo a IPS Guacira de Oliveira, una de las directoras del no gubernamental Centro Feminista de Estudios y Asesoría, con sede en Brasilia y que acompaña políticas y procesos legislativos sobre la condición de la mujer.

La promesa de Lula busca poner en práctica la llamada Ley Maria da Penha, aprobada el año pasado, que tipifica los delitos contra las mujeres estableciendo sus penas. La ley lleva el nombre de una mujer que luchó 19 años para que la justicia condenara a su ex marido que intentó asesinarla dos veces.

Una reforma política que permita a las mujeres ampliar su presencia en las instancias de poder y la reafirmación del derecho al aborto, cuya legalización fue reclamada en la primera conferencia nacional en 2004, fueron los temas que más movilizaron los debates y manifestaciones durante este encuentro, inaugurado el viernes por Lula.

Las participantes reclamaron "paridad en los espacios del poder" y mecanismos para alcanzarla. Una ley de cuotas, aprobada en 1997 y que exige 30 por ciento de mujeres en las candidaturas de cada partido a la Cámara de Diputados, produjo escasos resultados. Brasil ocupa el lugar 107 en un estudio de la Unión Interparlamentaria sobre presencia femenina en los poderes legislativos de 189 países.

Con 8,8 por ciento de escaños ocupados por mujeres, Brasil está muy lejos de Argentina, con 35 por ciento, y de Costa Rica, con 38,6 por ciento.

Los partidos brasileños no cumplen la ley de cuotas o la cumplen sólo formalmente, sin destinar recursos ni apoyar a las candidatas. Además, en este país se eligen los candidatos más votados individualmente y no por listas partidarias, como en Argentina.

Un avance "valioso" de esta conferencia —en cuya preparación participaron 195.000 mujeres en encuentros municipales y estaduales entre marzo y julio— fue incluir la integración regional como parte de las preocupaciones femeninas, destacó Lilian Celiberti, feminista uruguaya y secretaria de la Reunión Especializada de Mujeres en el Mercado Común del Sur (Mercosur).

Es un refuerzo importante en la lucha por avanzar en políticas sociales en el bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en un momento de "disputa por el tipo de integración latinoamericana", explicó Celiberti a IPS. En la Conferencia participaron como invitadas ministras de varios países latinoamericanos y de Angola, además de parlamentarias.

Una de las invitadas es Epsy Campbell, presidenta del centroizquierdista Partido Acción Ciudadana de Costa Rica, ex diputada, candidata a vicepresidenta de su país en las últimas elecciones y ex coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas.

"Feminista negra en sociedad blanca", como se autodefine, la economista de 42 años se considera "una excepción" por las condiciones sociales que disfruta en un país donde los negros son excluidos.

Campbell es activista de los derechos humanos pues "no quiero seguir siendo una excepción", que explica por haber "encabezado las listas de opinión positiva" por su acción como diputada, dijo a IPS. Su fórmula perdió las elecciones por un punto porcentual.

Un grupo de 17 mujeres en sillas de ruedas representó otra novedad en esta segunda conferencia de las mujeres, un ámbito participativo para formular políticas que promueve el gobierno de Lula también en otros sectores, como ambiente, juventud, derechos humanos y economía solidaria.

Esa minoría entre las 2.587 delegadas elegidas en los 27 estados brasileños reclama una representación en el Consejo Nacional de los Derechos de la Mujer y que en las resoluciones sobre discriminación se agregue "personas con deficiencia" a la lista de víctimas siempre limitada a negros, indígenas y minorías sexuales.

"Para nosotras lo importante es que esta conferencia ofreció la oportunidad de articular un movimiento nacional de mujeres con deficiencia", señaló a IPS Deline Cutrim de Lima, coordinadora del Foro de Personas con Deficiencia y Patologías de Maranhão, un estado del nordeste brasileño.

"El derecho de ser mujer nos es negado", se quejó, refiriéndose tanto a la sexualidad como a la ausencia de servicios públicos de salud, educación y transporte que atiendan las necesidades específicas de esas mujeres. Lima, de 38 años, recibió a los 15 años un diagnóstico de fibrodisplasia osificante progresiva, que le va quitando movilidad.

Su colega Maria do Socorro Gomes Silva, de 36 años, preside la Asociación de Deficientes de Açailandia, ciudad del interior de Maranhão. Sus piernas se atrofiaron a consecuencia de una inyección con exceso de antibióticos que le afectó un nervio cuando tenía sólo 2 años y medio.

Graduada en filosofía, Silva considera que sufrió la mayor discriminación al ser despedida de la Alcaldía de Açailandia, donde era telefonista y ejerció otras varias funciones durante 12 años. La deficiencia no le impidió adoptar dos niñas, que tienen hoy ocho y nueve años.

En su opinión, Brasil tiene muchas leyes para las personas con deficiencia, pero "hacerlas cumplir es difícil", y más complejo en el nordeste, región pobre donde la población es menos informada sobre sus derechos que en el sur del territorio.

Una activista con más experiencia es Luiza Cámara, bibliotecaria de 62 años y parapléjica que participó en numerosas reuniones internacionales y lanzó dos libros en esta conferencia.

Ella es madre de dos hijas que son ya "ciudadanas del mundo", de 28 y 30 años. Cámara se adhirió al movimiento feminista más de dos décadas atrás, luego de vivir la violencia familiar. Su padre, que tenía dos parejas, mató a quien no era su madre "al descubrir que ella tenía otro compañero".

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