La policía, el sistema carcelario y la aduana de Guatemala serán las primeras instituciones que pasarán al escrutinio de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) recién creada por el Congreso legislativo, informaron este jueves fuentes oficiales.
La Cicig, cuya creación fue aprobada de urgencia el miércoles, es fruto de un acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno para reforzar el sistema de justicia de este país centroamericano afectado por altos índices de violencia, criminalidad y corrupción en las instituciones estatales.
En la Policía Nacional Civil, los presidios y las aduanas existen "claros indicios" de irregularidades, reconoció el jueves el vicepresidente de la República, Eduardo Stein, a una radioemisora nacional, al explicar por qué éstas serán las primeras instituciones investigadas por la Cicig.
"Estoy absolutamente convencido de que Guatemala lo necesita, por la debilidad de la policía, el Ministerio Público y el sistema de tribunales", había dicho Stein el miércoles en relación a la creación de la Comisión, de características únicas.
El cuerpo estará integrado por investigadores, forenses, fiscales y juristas de este país y del exterior, especializados en derechos humanos, derecho penal e internacional, y encabezados por un funcionario que deberá nombrar el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Tendrá un mandato de dos años, renovable mediante acuerdo de las partes.
Una de las funciones de la Cicig será investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, su estructura, formas de operar, fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes del Estado y otros sectores que atenten contra los derechos civiles y políticos en Guatemala.
Otra de sus facultades será promover la investigación penal de grupos e individuos mediante la denuncia ante las autoridades correspondientes.
Organizaciones de derechos humanos se manifestaron el miércoles ante el Congreso para exigir la aprobación urgente del decreto que crea esta Comisión, destinada a reducir la incidencia de la violencia, fortalecer los procesos de investigación y contribuir a la desarticulación del crimen organizado.
"Con la aprobación de esta Comisión se sienta un precedente en la lucha contra la impunidad", dijeron el jueves a IPS representantes del no gubernamental Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos.
Según informes del Congreso, "en la actualidad los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad atentan gravemente contra los derechos humanos a través de acciones delictivas, provocando impunidad en la sociedad guatemalteca".
Aunque la Cicig contó con el apoyo de la mayoría de los diputados, el opositor y conservador Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el Partido Unionista y el Movimiento Reformador votaron en contra.
Sin embargo, portavoces del FRG dijeron este jueves a una emisora radial que aunque mantienen una "oposición abierta y clara" a la existencia de la Cicig, no acometerán ninguna acción legal contra de lo aprobado por el pleno del Congreso.
Los argumentos de los críticos de la Cicig, que tendrá labor investigativa y de refuerzo del Ministerio Público, apuntan a la presunta violación de la Constitución que supone autorizar la injerencia externa en asuntos internos.
"La Constitución ha sido violada. Se está vendiendo la soberanía nacional. No hay necesidad de fuerzas extranjeras", expresó Arnoldo López, quien participó en la redacción de la Constitución.
En cambio, fuentes de la embajada de Estados Unidos expresaron su complacencia con la creación de esta Comisión que "ayudará fortalecer las instituciones".
El ex presidente Marco Vinicio Cerezo (1986-1990), representante de la Democracia Cristiana Guatemalteca, dijo a IPS que la Cicig es "conceptualmente necesaria", aunque reconoció que el documento que le da vida contiene "errores" que incurren en contradicción con el texto constitucional.
En Guatemala, de 12,7 millones de habitantes, la violencia y la persistencia de grupos paramilitares parecen vinculadas a rémoras de la guerra civil (1960-1996) que dejó 200.000 víctimas.
En febrero, fueron asesinados en una cárcel de alta seguridad cuatro agentes policiales acusados de matar a dos representantes del Parlamento Centroamericano. Los casos siguen sin aclararse.
