La potente explosión en un vehículo frente a un cuartel de la Guardia Civil española en el País Vasco fue atribuida este viernes a la organización terrorista ETA, si bien no fue reivindicada por el grupo que aparece cada vez más débil y aislado.
Un encapuchado estacionó un vehículo en las cercanías de la Casa Cuartel de la Guardia Civil del municipio vasco de Durango, norte del país, se alejó y con un mando a distancia lo hizo estallar, para huir luego en otro automóvil robado en Portugal, en el que lo esperaba un segundo atacante, indican las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar.
En la Casa Cuartel cumplen sus actividades los guardias civiles, pero también se alojan allí con sus cónyuges e hijos.
Dos guardias fueron heridos, una decena de vehículos quedaron convertidos en amasijos de hierro y los efectos de la explosión se hicieron sentir a 200 metros a la redonda, con desplome de muros, arranque y rotura de puertas y ventanas, tanto del edificio policial como de casas vecinas.
Si bien la ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad) suele avisar de sus ataques, no lo hace cuando los dirige contra cuarteles de la Guardia Civil.
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El atentado era esperado. Incluso el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró un día antes que era "razonable" prever que el grupo separatista vasco intentaría alguna acción, por lo que sus fuerzas se mantendrían vigilantes.
Este es el primer ataque de ETA desde que el 5 de junio anunció que rompía el "alto el fuego permanente" que había declarado el 22 de marzo de 2006, reclamado por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero como condición para negociar un acuerdo de paz.
De hecho, el 30 de diciembre de 2006, la ETA hizo estallar un vehículo en la terminal aérea de Madrid, Barajas, ocasionando la muerte de dos trabajadores ecuatorianos y grandes destrozos en las instalaciones.
Desde el 5 de junio, una veintena de miembros de ETA fueron arrestados, entre ellos varios dirigentes que vivían en Francia, merced a operaciones conjuntas de las policías española y francesa.
La represión policial y el casi unánime rechazo de las fuerzas políticas —con excepción de la minoritaria Acción Nacionalista Vasca (ANV), continuadora del ilegalizado partido Batasuna en las últimas elecciones— han contribuido al debilitamiento del grupo, cuya acción no tiene ya el ritmo, la violencia y los efectos de cinco o 10 años atrás.
"Hay quienes hablan de ETA como de una organización armada e incluso militar, pero no lo es, es un grupo terrorista cada vez más débil", dijo a IPS Carlos F., un guardia civil de un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, otra de las 17 comunidades autónomas de este país.
"Con los teléfonos móviles y las nuevas tecnologías no es nada difícil cargar un coche con explosivos y hacerlo estallar a distancia, para lo cual bastan dos personas, como en este caso", añadió.
Pero ETA está lejos de los tiempos en que lanzaba granadas contra cuarteles, atacaba vehículos policiales y secuestraba a civiles y militares en acciones de comandos.
Conocido el atentado de este viernes, fueron convocadas dos manifestaciones, una en Durango condenando lo sucedido y otra en la ciudad vasca de Bilbao, justificándolo y culpando al gobierno.
En Bilbao, Pernando Barrena, portavoz de Batasuna, brazo político del grupo, acusó al gobierno de haber rechazado "una propuesta de ETA de desarme definitivo en el contexto de un acuerdo político con el derecho a decidir".
El "derecho a decidir" propuesto por ETA se refiere a habilitar un pronunciamiento popular sobre la autodeterminación e independencia del País Vasco, al que considera formado por las tres provincias españolas que lo integran en la actualidad, la Comunidad Autónoma de Navarra y tres departamentos franceses.
La Junta de Portavoces del ayuntamiento (municipio) de Durango aprobó un comunicado condenando el atentado, con el voto favorable de todos los partidos, excepto la ANV.
El texto fue leído al término de la manifestación de repudio, convocada por todos los partidos.
Pasado el mediodía de este viernes, la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aclaró que el Poder Ejecutivo "nunca estuvo en tregua" durante el lapso que la ETA consideró de "alto el fuego", pues las fuerzas de seguridad continuaron con su actividad a pleno.
Además, Fernández de la Vega reiteró que su gobierno está decidido a que "todos los terroristas terminen en la cárcel, que es donde deben estar los que quieren imponerse por la fuerza de las armas". Para ello reforzará tres aspectos: "acción policial, acción judicial y unidad de todos los demócratas".
Entre las duras condenas al atentado se destacan las del gobierno vasco, presidido por el nacionalista Juan José Ibarretxe, y las de Izquierda Unida (IU), la coalición basada en el Partido Comunista.
El gobierno vasco estimó que ese ataque y anteriores intentos fallidos "evidencian con absoluta claridad el fracaso de quienes en el mundo de Batasuna dicen, por una parte, querer hacer política mientras, por otra, demuestran con su silencio cobarde y cómplice su absoluta sumisión a los planteamientos y dictados irracionales de ETA".
Gaspar Llamazares, coordinador general de IU, advirtió de que nadie, "y en particular el Partido Popular (PP), tenga la tentación de rentabilizar partidariamente esta situación porque esa confrontación solo ayudaría a los violentos".
La advertencia obedece a las constantes críticas de los máximos dirigentes del derechista y opositor PP contra el gobierno de Zapatero por haber intentado encontrar una salida pacífica a la violencia etarra.
