«No iban a advertirnos de nada, sino a matarnos. Iniciaron una persecución y comenzaron a disparar», dijo Héctor Rosales, aspirante a la presidencia de Guatemala y una de las decenas de víctimas de la violencia política que empaña la campaña para los comicios del 9 de septiembre.
Desde la convocatoria oficial de los comicios, el 2 de mayo, han sido asesinadas al menos 38 personas, entre activistas, candidatos o dirigentes políticos, la mayoría con armas de fuego, informó a IPS José Dávila, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep).
El Incep forma parte del Mirador Electoral, una coalición de cinco organizaciones no gubernamentales que vigilan el desarrollo de la campaña.
"Estuvimos a milímetros de ser asesinados. Hicieron todos los intentos posibles", aseguró a IPS Rosales, candidato presidencial del pequeño partido Desarrollo Integral Auténtico (DIA), que acusó del ataque a miembros del derechista Frente Republicano Guatemalteco (FRG), argumentando que los atacantes "vestían gorras, chumpas (chaquetas) y camisetas" de ese partido.
El 10 de este mes, Rosales conducía un automóvil identificado con banderines de su agrupación política en la occidental comunidad de Zacualpa, departamento de Quiché, junto a la candidata a diputada por el DIA, Liby Solís Wer y a su hijo, de 25 años, cuando otro vehículo comenzó a perseguirlo y sus ocupantes abrieron fuego contra ellos. Los tres resultaron ilesos.
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Una fuente del FRG dijo a IPS que se solicitó a sus delegados en el Quiché que investigaran el caso, aunque "no creemos que los atacantes hayan sido simpatizantes, y menos militantes" de esa fuerza política.
Cuando falta menos de un mes para los comicios generales, los asesinatos ya han superado los 29 registrados en la contienda de 2003, destacan informes del Mirador Electoral. Hasta la fecha, se han denunciado más de sesenta "actos violentos" relacionados con el proceso electoral.
Catorce candidatos a la presidencia se disputan los votos de 5,9 millones de guatemaltecos habilitados para sufragar. Según las encuestas, Álvaro Colom, de la centroizquierdista Unión Nacional de la Esperanza (UNE) lleva ventaja, seguido del general Otto Pérez Molina, del derechista Partido Patriota (PP) y del oficialista Alejandro Giammattei, de la centroderechista Gran Alianza Nacional (GANA).
Diecisiete de los asesinatos políticos se han concentrado en miembros de la opositora UNE, la GANA ha perdido cinco de sus militantes, y cuatro el PP. Activistas de partidos como la coalición centroizquierdista Encuentro por Guatemala (EG), que respalda la candidatura presidencial de la líder indígena Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz 1992, también han sido blanco de ataques.
Mientras, algunos candidatos ofrecen al electorado —la mitad todavía indeciso, de acuerdo con los sondeos de opinión—, "seguridad total" y "mano dura" ante el crimen, según rezan algunos eslóganes de campaña.
"Una de las causas de la violencia política es la impunidad que se da en Guatemala a los perpetradores de los crímenes", dijo a IPS Mario Polanco, director de la organización de derechos humanos Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).
Polanco cree que el origen de estos atentados puede estar tanto en rivalidades internas de los partidos como en el crimen organizado, mientras persiste la "incapacidad de las autoridades para investigar".
"No hay justicia real y verdadera", lamentó a IPS la candidata Solís Wer. Ella vivió "momentos angustiantes" durante el atentado y piensa que "valdría la pena" que la comunidad internacional tomara cartas en esta problemática.
Dávila coincidió con Polanco en que "reina la impunidad" y, al no haber investigación, "sólo se puede especular" sobre las causas de la violencia política.
Reconociendo la debilidad institucional, Guatemala aprobó el 1 de este mes la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, un organismo acordado por el gobierno y las Naciones Unidas para investigar cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, su estructura, formas de operar, fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes estatales y otros sectores que atenten contra los derechos humanos.
Los asesinatos políticos elevan las cifras de muertes violentas —que incluyen crímenes contra mujeres y activistas de los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales—, de este país centroamericano de 12,7 millones de habitantes. Datos oficiales revelan que sólo en el primer semestre de 2007 se cometieron 2.857 homicidios, la mayoría con armas de fuego.
El director del Incep argumenta que la violencia política se desprende de una "violencia histórica" en este país de extendida pobreza, herido por un conflicto interno de 36 años (1960-1996), que se saldó con la vida de 200.000 personas, buena parte indígenas, y con el ejército como responsable de más de 90 por ciento de las violaciones de derechos humanos, según la independiente Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
De acuerdo con el Mirador Electoral, ésta es la campaña electoral más violenta desde la de 1985, cuando el país inauguró una era de democracia después de sucesivos regímenes autoritarios.
