Guatemala se despierta cada día al ritmo da canciones proselitistas y con los muros cubiertos de nuevos afiches, en una competencia publicitaria que dos semanas antes de las elecciones ya le costó a los principales partidos el dinero establecido legalmente para toda la campaña.
Las fuerzas políticas que lideran las encuestas de opinión de voto para los comicios del 9 de septiembre ya han gastado más de los 42 millones de quetzales (unos seis millones de dólares) dispuestos para gastos de campaña a cada una de las participantes por parte de las autoridades, según el último informe de Mirador Electoral (ME).
Desde 2006 a julio de 2007, las 16 agrupaciones inscriptas desembolsaron en publicidad casi 287,9 millones de quetzales (41 millones de dólares).
Pero sólo los tres partidos que convocan a la mayoría del electorado han utilizado la mitad de ese monto, indica el ME. La centroizquierdista Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) utilizó el equivalente a 6,7 millones de dólares, la gobernante centroderechista Gran Alianza Nacional (GANA) 6,2 millones y el derechista Partido Patriota (PP) alrededor de ocho millones de dólares.
Aparte de la publicidad en medios de comunicación y en la vía pública, que absorbe la mayor parte de la inversión, la campaña también requiere desembolsos para garantizar la seguridad de los candidatos y sus desplazamientos, además de ropa, insignias y volantes propagandísticos, entre otros rubros, señalaron a IPS fuentes partidarias.
"El techo establecido por ley para la campaña es irreal, porque la mayoría de los partidos lo ha sobrepasado y sólo en publicidad", explicó a IPS Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana (AC), una de las cinco organizaciones no gubernamentales que integran el ME, que hace un seguimiento del desarrollo de proceso electoral.
El ME basa sus cifras de publicidad en un estudio de medios, en el cual se calculó el precio del mercado de los anuncios de prensa, radio, televisión y vallas publicitarias.
La Ley Electoral estipula gastar el equivalente a un dólar en publicidad por cada ciudadano empadronado. Según datos oficiales, 5,9 millones de guatemaltecos están habilitados para acudir a las urnas con el fin de elegir al presidente y vicepresidente de Guatemala, a 158 diputados y 332 alcaldes.
La última encuesta elaborada por la firma Vox Latina y publicada el miércoles en el periódico local Prensa Libre indica que Álvaro Colom, de la UNE, recoge 22 por ciento de la preferencia de los consultados, seguido por Otto Pérez Molina, del PP, con 17,5 por ciento y por Alejandro Giammattei, de la GANA, con 7,67 por ciento.
En caso de que finalmente ninguno de los candidatos supere, como se estima, el 50 por ciento de los votos, los dos que consigan más adhesiones dirimirán la presidencia en un una segunda ronda a concretarse el 4 de noviembre.
El sondeo, realizado del 7 al 15 de este mes entre 1200 ciudadanos, también indicó que la abstención rondaría 28,8 por ciento del padrón electoral.
Las elecciones se convocaron oficialmente el 2 de mayo, pero todos los partidos invirtieron la mayor parte del dinero, unos 29 millones de dólares, en la llamada precampaña, pese a la prohibición decretada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), aseveró la organización de defensora de los derechos humanos Grupo de Apoyo Mutuo.
Portavoces del PP y de GANA se manifestaron en desacuerdo con el informe divulgado por el ME.
"Esa información no es correcta", dijo a IPS Alejandro Sinibaldi, del PP, quien calculó que, desde la convocatoria oficial de los comicios, su partido ha gastado sólo campaña unos 2,8 millones de dólares.
Sinibaldi puso en duda las cifras de ME, "porque no pueden saber cuánto invertimos durante la precampaña, ya que los medios no tienen tarifas fijas en ese periodo". Agregó que, si hubieran cometido alguna ilegalidad, "ya nos habrían sancionado".
Sin embargo, Marroquín insistió en que "todos (los partidos) están cómodamente violando las normas porque el Tribunal Supremo Electoral no tiene dientes para morder a ninguno". La afirmación del activista es en referencia a la imposibilidad de penalizar por parte del TSE en razón de la ausencia de una normativa integral sobre delitos y faltas electorales.
Según informes del ME, en la última reforma electoral se suprimieron las disposiciones en la materia y se anunció que, para llenar ese vacío legal, se incluirían estas figuras en el Código Penal, algo que todavía debe discutir y aprobar el Congreso legislativo.
En mayo de 2006, un grupo de diputados presentó una iniciativa de reforma al Código Penal, que incluye las nuevas figuras delictivas.
Cuando faltan sólo dos semanas para la contienda electoral, "los partidos políticos siguen ejecutando elevadas sumas de dinero ante la inconsistencia del ente rector del evento electoral", apuntó el Grupo de Apoyo Mutuo en su último comunicado.
También un portavoz del oficialista GANA dijo a IPS que no está de acuerdo con los comentarios del Mirador Electoral y aseguró que los gastos de su partido no han rebasado los permitidos por ley. "Presentamos un informe real ante el TSE", aseguró la fuente.
Respecto del informe presentado por los partidos políticos al TSE, identificando a los donantes de sus campañas y el monto de sus contribuciones, Marroquín duda que estén "apegados a la realidad". Sostuvo que "hay indicios muy claros de que los financistas usan otros nombres para no aparecer en los listados, porque creen que su identificación les puede acarrear problemas".
Según el no gubernamental Grupo de Apoyo Mutuo, estos informes "generan grandes dudas" y no revelan "cuánto fue invertido en propaganda y publicidad".
En la recta final de la campaña, los partidos se esfuerzan por convencer a un electorado indeciso en casi 30 por ciento, según los sondeos de opinión de voto. "Las campañas son muy vacías, están más llenas de publicidad que de contenido político.", consideró Marroquín.
"La oferta política ya no convence a nadie", manifestó el director de AC, mientras que varias personas entrevistadas por IPS afirmaron que no acudirán a las urnas porque entienden que "salga quien salga" no piensan que vaya a cambiar la situación del país.
Para la secretaria general del centroizquierdista Encuentro por Guatemala (EG), Nineth Montenegro, esta contienda electoral "se basa en marketing". Así es que "los partidos carentes de recursos se ven encerrados en una competencia desleal", señaló a IPS.
El EG, con menor caudal de adhesiones según consultas, respalda la candidatura presidencial de Rigoberta Menchú, ganadora en 1992 del premio Nobel de la Paz.
"Si los pobres somos más. ¿Por qué los ricos nos gobiernan?", reza una pintada en la fachada de una casa de Villacanales, una localidad al oeste de la capital guatemalteca.
Datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indican que en la actualidad 51 por ciento de los 13 millones de guatemaltecos viven en la pobreza, indicador que se eleva a 70 por ciento en el caso de la población indígena.
A la pobreza se suman en Guatemala otros males como la corrupción, el crimen organizado, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia en todas sus formas, en particular contra mujeres y activistas de los derechos humanos.
La violencia electoral, que en este contexto no podía faltar, se ha cobrado desde la convocatoria de los comicios al menos 39 vidas de activistas, candidatos y otros dirigentes políticos, asesinados en su mayoría con armas de fuego, informó a IPS una fuente del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos.
Al menos 17 de los asesinados pertenecían a la centroizquierdista UNE, cinco a la GANA y cuatro al PP, sin que hasta el momento haya habido detenciones relacionadas con estos casos. Mientras, algunos candidatos ofrecen al electorado "seguridad total" y "mano dura" ante el crimen, según rezan eslóganes de campaña.
En periódicos, radios y emisoras de televisión locales, organizaciones integradas en el denominado Foro Guatemala invitan al electorado a votar "con responsabilidad". "Si votas por criminales, tú también eres criminal", exhortan.
