Organizaciones de derechos humanos de México retomaron la iniciativa de crear una comisión de la verdad destinada a investigar la «guerra sucia», como fue llamada la represión ilegal de guerrilleros y de opositores a los sucesivos gobiernos del PRI en las décadas del 60 y del 70.
Ocho grupos no gubernamentales vienen estudiando desde hace varias semanas la forma de organizar esa comisión. Entre los temas en debate figuran los candidatos a integrarla y el alcance de sus objetivos.
La discusión es por definir si la meta se limita a dejar asentado un historial de violaciones de los derechos básicos, como se hizo en Sudáfrica con la comisión presidida por el obispo Desmond Tutu, al finalizar el largo régimen de supremacía blanca abolido en 1994, o también se apunta a enjuiciar a los responsables, como en Argentina tras la última dictadura militar (1976-1983).
El director general de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fabián Sánchez, reconoció ante IPS que la formación de la comisión es "un tema muy complejo" por los diferentes aspectos que implica, desde lo histórico hasta lo social y legal.
"Queremos definir el objetivo, sobre todo teniendo en cuenta los tiempos, el período de trabajo de la comisión", explicó.
Los impulsores de la iniciativa quieren evitar la reedición de lo que califican como "fracaso" de la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado.
Esa instancia fue creada en noviembre de 2001 por el entonces presidente conservador Vicente Fox (2000-2006) como parte de la estatal Procuraduría General de la República, a cargo de Ignacio Carrillo, y dejó de funcionar en diciembre, cuando finalizó ese mandato y comenzó el de su correligionario Felipe Calderón.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos buscan un mecanismo para compensar las fallas de la labor de ese organismo disuelto.
En su documento final, "Informe histórico a la sociedad mexicana 2006", la Fiscalía concluyó que hubo un genocidio en México, orquestado desde el gobierno por las administraciones de los presidentes Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luís Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982), todos del PRI (Partido Revolucionario Institucional), que gobernó ininterrumpidamente desde 1929 a 2000.
"Al Estado no le bastó con perseguir, detener y encarcelar a los militantes opositores, sino que los sometió a castigos crueles e innecesarios", dice el informe de más de 600 páginas, que fue entregado a la procuraduría (fiscalía) mexicana y ha quedado en su archivo histórico.
A pesar de esas conclusiones, la fiscalía especial sólo logró iniciar procesos judiciales en apenas 2,5 por ciento de los 532 casos investigados, entre los que se encontraban asesinatos y desapariciones forzadas de personas. Sólo avanzaron 17 causas que derivaron en siete órdenes de captura. Fin de la historia.
Alicia de los Ríos, integrante del Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, en el norte del país, opinó que las víctimas no pueden participar en la comisión, ya que le restaría credibilidad al proyecto.
"Tiene que ser un organismo independiente, sin influencias políticas de ningún tipo", dijo a IPS. Su madre, miembro de la guerrillera Liga Comunista 23 de Septiembre, fue detenida por fuerzas de seguridad en enero de 1978 y jamás se tuvo noticias sobre su destino.
Las organizaciones no gubernamentales mexicanas han buscado involucrar en el proyecto a entidades supranacionales de derechos humanos, como el Centro Internacional para la Justicia de Transición y Human Rights Watch, que ya cuentan con información al respecto.
"Es necesaria su incorporación. También hay que recurrir a la Organización de las Naciones Unidas y tener el asesoramiento de otros organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", dijo Sánchez.
Antes de la creación de la Fiscalía, las organizaciones de derechos humanos se dividieron entre las que apoyaban su formación y las que preferían una comisión de la verdad.
"Los resultados confirman la desconfianza que tenían algunas organizaciones", indicó De los Ríos, quien presentó en 2002 una queja a la fiscalía para determinar el paradero de su madre y la responsabilidad del Estado en su desaparición. No tuvo respuesta.
Según la fiscalía, hubo 12 matanzas, 120 ejecuciones extrajudiciales, 800 desapariciones y 2.000 actos de tortura contra detenidos, especialmente durante las décadas del 60 y del 70.
Una de las tareas incumplidas de esa unidad de investigación fue esclarecer las matanzas del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971, cuando policías y paramilitares dispararon sobre civiles desarmados, dejando una cantidad de muertos aún no establecida.
La fiscalía fracasó en su intento de procesar por genocidio a Echeverría, quien fue sucesivamente secretario de Gobernación y presidente de México en la época en que se produjeron esos hechos.
Luís de la Barreda y Miguel Nazar Haro, ex directores de la temible Dirección Federal de Seguridad, también lograron evitar la cárcel.
La Suprema Corte de Justicia ya dictaminó que la desaparición forzada de personas no prescribe, en tanto no aparezca viva o muerta la víctima. Sin embargo, estableció la prescripción del delito de genocidio.
"Hoy las víctimas no tienen ni verdad ni justicia y eso es algo que hay que remediar", dijo Sánchez.
En el sureño estado de Guerrero, escenario de la represión más intensa en contra de opositores al régimen y de grupos guerrilleros en los años 70, el gobierno de Calderón y el opositor izquierdista Partido de la Revolución Democrática planean integrar una Comisión de la Verdad para desentrañar los secretos de la "guerra sucia" en esa zona, como los crímenes perpetrados en la década del 90.
En la localidad de Aguas Blancas, 17 campesinos fueron asesinados en junio de 1995 por agentes de la policía motorizada estatal y en El Charco fueron 11 personas las que murieron en junio de 1998 a manos del ejército.
La lucha de las organizaciones de derechos humanos podría empezar a ver pronto algunos frutos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está a punto de determinar si el estado mexicano violó o no derechos de la víctima y sus familiares en el caso de Rosendo Radilla, quien habría sido detenido en un retén militar el 25 de agosto de 1974 en Guerrero.
"Es el primer caso de este tipo que la Comisión (que es parte del sistema de la Organización de Estados Americanos) acepta referido a México. Si reconoce que se violaron derechos, podría desatar una serie de reacciones en cadena aquí", indicó Sánchez.
La investigación de la "guerra sucia" y el enjuiciamiento de sus responsables fue uno de los compromisos asumidos por Fox, cuando asumió en diciembre de 2000 y que luego se convirtió en uno de sus mayores incumplimientos. Su sucesor Calderón, hasta el momento no dijo ni una palabra sobre este tema.
