El gobierno hondureño de Manuel Zelaya no ha podido revertir la imagen de corrupción que lo rodea y está a punto de perder una millonaria ayuda contemplada en la Cuenta del Desafío del Milenio, un fondo creado por Estados Unidos para apoyar a países muy pobres.
Los fondos destinados a Honduras, 215 millones de dólares, fueron aprobados a fines de 2005 para un período de cinco años, y hasta ahora apenas se han desembolsado 28 millones de dólares.
Entre las condiciones para otorgar esta ayuda se encuentran la transparencia, el buen clima de inversión y la lucha contra la corrupción. Pero Honduras no logró superar la primera evaluación, efectuada a inicios de este año.
La segunda evaluación se hará en noviembre y, según el subdirector de la Cuenta del Desafío del Milenio para Honduras, Jonathan Brooks, de los resultados "dependerá si la ayuda continúa o se suspende".
"Ahí se decidirá si el país sigue siendo elegible, no elegible o entra en un proceso de remediación para continuar recibiendo los desembolsos, previo al cumplimiento de una serie de condicionalidades que no puedo en este momento adelantar", dijo Brooks a la prensa hondureña.
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A esto se suma el anuncio de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional (ASDI), que disminuirá a partir de 2008 "sustancialmente" la ayuda a Honduras.
No se trata de que este país de más de siete millones de habitantes no necesite asistencia internacional. De acuerdo con el documento Objetivos de Desarrollo del Milenio – Honduras 2007 – Segundo Informe de País, 62 por ciento de los hogares hondureños son pobres, y 42 por ciento son indigentes.
El problema parece ser otro.
El informe Indicadores Mundiales de Gobernabilidad 1996-2006 del Banco Mundial incluye una escala de efectividad en el control de la corrupción para 212 países y territorios, en la que Honduras pierde varios lugares por su escasa transparencia.
Este país, junto con Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Argentina, Perú, México y Brasil, aparece en la lista de los 11 más incapaces de controlar la corrupción. El primer lugar lo encabezan Haití y Venezuela.
El estudio, efectuado en base a una docena de indicadores de transparencia, efectividad en la lucha anticorrupción, violencia social y estabilidad social, gobernanza y otros, fue aplicado en base a encuestas a cientos de ciudadanos, expertos, empresarios y líderes sociales, compilado por al menos 33 entidades, incluidos el Latinobarómetro, con sede en Chile, y la organización estadounidense Freedom House.
La difusión parcial de ese informe hizo estallar un polvorín en Honduras. Se trata de "una falsa percepción que nos quiere dañar con propósitos insospechados", sostuvo Yani Rosenthal, ministro de la Presidencia.
Rosenthal atribuyó esa "falsa percepción" a que el período evaluado "abarca más a otros gobiernos que a éste", que lleva casi 19 meses, si bien los datos incluyen el primer año de Zelaya.
Desde que fue investido, el 27 de enero de 2006, el gobierno lleva en su cuenta más de 10 denuncias de presunta corrupción que van desde hurto de energía eléctrica por parte de altos funcionarios, irregularidades en licitaciones en materia de salud, contratos de asesores sin funciones, despilfarro en la empresa de telefonía y tráfico de influencias hasta abuso de poder en el otorgamiento de obras viales y de generación de energía, entre otros.
El último escándalo data de julio, cuando una comisión interventora nombrada por el mandatario corroboró irregularidades en contratos aprobados por el director del Fondo Vial, Ramiro Chacón. Pero una vez hecho público el informe de la comisión, Zelaya premió al funcionario al ofrecerle un viceministerio en la estatal Secretaría de Obras Públicas, Vivienda y Transporte.
Para el ministro asesor de la Presidencia en materia jurídica, Enrique Flores, algunas denuncias son "infundadas, porque desde que el presidente asumió el poder su compromiso con la transparencia ha sido tan grande que se aprobó una ley de acceso a la información pública, en señal de buena fe por rescatar la credibilidad y la dignidad en este país", dijo a IPS.
Pero la ley, que tendrá vigencia plena el año próximo, establece una serie de trabas al acceso a la información pública, han dicho expertos y activistas. El jueves 9, el Congreso legislativo eligió, en menos de tres minutos y en medio de un intenso ulular de sirenas, a los comisionados de lo que será el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), órgano garante de aplicar la norma.
Esos funcionarios son leales a las fuerzas que han ostentado el poder político en Honduras: el gobernante Partido Liberal y el opositor Partido Nacional. Miembros de la cooperación internacional que asistieron a la sesión, se retiraron atónitos.
"No puedo creer lo que pasó, esto es grotesco, no escuchamos nada, sólo un bochinche, gritos, y, en medio de eso, eligen a gente para cargos tan importantes sin que siquiera se dé una discusión o se sepa su trayectoria y compromiso con la transparencia. ¡Ésta es su democracia, no la entiendo!", dijo a IPS un cooperante que no quiso dar su nombre.
Las agencias de cooperación internacional han seguido con interés la creación del IAIP, como paso fundamental para garantizar la transparencia.
El embajador de Estados Unidos, Charles Ford, hizo una clara advertencia antes de que se nombrara a los miembros del IAIP.
"Mi pueblo está muy interesado en ver qué destino se le da a los recursos. La corrupción es un tema que hablamos de gobierno a gobierno como un área de gran interés nuestro y, como digo, no significa mucho la lucha contra la corrupción si no hay gente en las cárceles", afirmó Ford.
El Informe Nacional de Transparencia, publicado un mes atrás por el estatal Consejo Nacional Anticorrupción, registra tres mil casos de corrupción conocidos en los últimos seis años, apenas 11 de los cuales se encuentran en los tribunales.
Fuentes de la Corte Suprema de Justicia dijeron a IPS que en la segunda semana de agosto fueron sobreseídos varios procesos contra personas ligadas a la quiebra fraudulenta de bancos en la región norte del país.
Julieta Castellanos, analista política y experta en corrupción y seguridad, dijo a IPS que "se registra tal impunidad que uno no sabe si el país tocó o está tocando fondo".
"Hay un círculo vicioso que uno no ve por dónde se puede romper. Incluso en el monitoreo de medios, hemos visto que aunque la prensa denuncie casos de corrupción, el impacto no pasa de simple denuncia: no hay seguimiento ni por los periodistas ni por las autoridades. Es como un espectáculo de información y desinformación a la vez", acotó.
No sorprende que en este clima la sueca ASDI, aduciendo cambio de prioridades políticas, anunciara una "sustancial reducción" de la ayuda que anualmente otorga al país, estimada en un poco más de 50 millones de dólares, la mayor parte no reembolsable.
Ann Stôdberg, de la sección de cooperación de la embajada de Suecia, dijo desconocer en cuánto disminuiría la asistencia. "Será en septiembre cuando daremos a conocer una posición oficial, estamos replanteando todos los proyectos de cooperación en los países donde ayudamos", dijo.
