La decisión del Supremo Tribunal Federal de Justicia de Brasil de aceptar el procesamiento de eminentes actores del proceso político es un antecedente importante en la lucha con la impunidad, aunque esté lejos una condena, observan analistas.
Tras cuatro días de sesiones, el Tribunal sorprendió a quienes desconfiaban del proceso cuando decidió aceptar la denuncia formulada en 2006 por el procurador general de la Nación, Antonio Souza, contra 40 políticos, empresarios y banqueros.
Los encausados, considerados reos a partir de ahora, deberán responder por delitos como corrupción activa, asociación para delinquir, lavado de dólares y desvío de dinero, en el mayor escándalo de corrupción que tuvo que enfrentar el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y su Partido de los Trabajadores (PT).
José Dirceu, quien fue jefe de gabinete entre 2003 y 2005, será procesado por corrupción activa y asociación para delinquir, según el dictamen del máximo tribunal.
Los jueces aceptaron la denuncia de que Dirceu -considerado uno de los políticos mas influyentes del PT y del gobierno de Lula— encabezó un esquema de sobornos millonario para comprar votos en el Congreso legislativo, tanto de diputados del PT como de partidos aliados.
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Souza lo definió como "una compleja red delictiva especializada en desviar dinero público y comprar apoyo político", con el objetivo de "garantizar la continuidad del proyecto de poder" del PT.
El escándalo estalló en junio de 2005, cuando el entonces diputado Roberto Jefferson, del Partido Laborista Brasileño —aliado del gobierno y él mismo involucrado en una denuncia de corrupción—, reveló que varios integrantes de la administración y del PT pagaban sobornos equivalentes a unos 13.000 dólares por mes a cambio de votos para proyectos de ley del oficialismo.
El Tribunal Supremo estableció además procesos penales por corrupción activa y asociación para delinquir al ex presidente del PT, José Genoino, al ex tesorero de ese partido, Delubio Soares, y, por el primero de los delitos mencionados, al ex secretario general de la organización, Silvio Pereira.
Por lavado de dinero y corrupción activa fue procesado Anderson Adauto, ex ministro de Transportes de Lula, y por peculado, Luiz Gushiken, ex secretario de comunicaciones de la presidencia, con rango ministerial.
Los magistrados también decidieron abrir proceso contra directivos de bancos y publicistas como Duda Mendonca, que tuvo a su cargo campañas electorales y del gobierno, por lavado de dinero y evasión de divisas.
También fueron incluidos varios diputados tanto del PT como de partidos aliados, entre otros el ex presidente del Congreso legislativo, Joao Paulo Cunha, y el mismo Jefferson, que desató el escándalo.
La analista política Maria Celina D'Araujo, calificó de "inédita" la decisión de la corte de procesar a "personas de la clase política y vinculadas al gobierno".
D'Araujo, del Centro de Investigación y Documentación de Historia Contemporánea de Brasil de la Fundación Getulio Vargas, espera que el proceso confirme la decisión del Supremo Tribunal, en un proceso que si bien tendrá "efectos importantes para la democracia", no afectará particularmente al presidente.
"Lula es un líder personalista, carismático, que basa su liderazgo principalmente en los sectores más pobres de la población, así que creo que el caso no incidirá en su popularidad", opinó, si bien no descartó efectos políticos para el gobierno en las elecciones municipales de octubre del año próximo.
Para la analista, "lo nuevo es que la corte suprema está aceptando las denuncias de corrupción. Hasta ahora, tanto el gobierno como el PT decían que el escándalo era parte de una conspiración de los medios, que no había mensalão (mensualidad), que era un invento de las elites contra el gobierno".
D'Araujo no coincide con quienes intentan aliviar la responsabilidad alegando que "robaron dinero, sí, pero para apoyar un proyecto político".
"Fue en aras de un proyecto político para mantenerse en el poder, sí. Pero para mantener sus propios privilegios personales", agregó.
D'Araujo y Luiz Henrique Bahia, profesor de política de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, recuerdan que este tipo de esquemas no son una novedad en la política brasileña.
"Lo inédito es que se descubra y se enjuicie. No me acuerdo de un hecho político parecido", dijo Bahia al subrayar que el dictamen no sólo podría crear un antecedente "contra la impunidad" sino que serviría para "recuperar la imagen del Poder Judicial, tan criticado por tomar actitudes privilegiadas en relación a algunos grupos".
Desde el punto de vista político, el analista anticipó que la apertura del proceso penal contra importantes personas del PT significará un "desgaste" para el llamado Campo Mayoritario de ese partido.
Esa corriente del PT, para "llegar al poder abandonó las tesis más radicales de un partido socialista, caminando hacia el centro y haciendo componendas y alianzas" y, una vez en la presidencia, "aceptó políticas económicas conservadoras antes criticadas (cuando era) oposición", dijo.
Pero el desgaste de esa corriente, según Bahia, no significará sólo una posibilidad de fortalecimiento de la izquierda del PT, sino también de "otro centro" de esa fuerza política, representado por el ministro de Justicia, Tarso Genro.
También podría reafirmarse la estrategia del gobierno de Lula de "apoyarse cada vez más" en fuerzas de la coalición oficialista, como el tradicional Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
Para Bahia "lo interesante" del caso es que la decisión de los magistrados fue "sólo técnica", es decir basada en pruebas legales y no "ideológica o política", opinión que fundamenta en la inusual unanimidad de los votos a favor del proceso de los acusados.
Terminada esta etapa, los analistas creen que el juicio que conduzca a una sentencia podría demorar más de tres años. Por eso los involucrados consideran que la última palabra no está dicha y que hasta entonces no habrá culpables.
