El magistrado Carlos Horacio Urán salió a pie del Palacio de Justicia de Colombia durante la toma guerrillera de 1985, pero su cadáver apareció dentro cuando finalizó el drama de 27 horas.
El noticiero de televisión Noticias Uno divulgó el domingo tres vídeos periodísticos que muestran a Urán cuando sale cojeando del edificio y es recibido en la puerta por aparentes socorristas, quienes se lo llevan en una camilla.
El 6 de noviembre de 1985, la guerrilla nacionalista Movimiento 19 de Abril (M-19), tomó por asalto el Palacio de Justicia, con unos 300 rehenes dentro, incluyendo los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
De inmediato respondió el ejército, que no atendió la orden de cese del fuego dada a través de la radio por el presidente del máximo tribunal, Alfonso Reyes, cuando los guerrilleros ya se daban por derrotados por el fulminante operativo militar.
La toma del Palacio de Justicia costó, según cifras oficiales, entre 89 y 115 vidas, entre ellos las de 11 magistrados de la Corte Suprema, tres magistrados auxiliares, 19 jueces y 11 personas que trabajaban o estaban de paso en la cafetería del edificio. Se salvaron unos 200 rehenes. Un fuego devorador destruyó expedientes cruciales y muchas pruebas de lo ocurrido.
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Uno de los vídeos mostrado por Noticias Uno señala la hora en la que el magistrado auxiliar Urán salió de la sede atacada: 14:17 del jueves 7 de noviembre, segundo día de la acción.
Pero el viernes, el cadáver de Urán apareció dentro del Palacio y fue entregado a su esposa, la investigadora uruguaya Ana María Bidegaín.
El dictamen forense indicó que Urán "murió por proyectil de 9 milímetros disparado sobre su cabeza a contacto", es decir un tiro a quemarropa.
Un allanamiento efectuado en mayo de este año por la Fiscalía General de la Nación a una bóveda de archivos del servicio de inteligencia militar B-2, encontró a Urán y a otro magistrado muerto, Manuel Gaona Cruz, en una lista de "Guerrilleros del M-19, dados de baja en combate".
Estaba allí también la billetera de Urán con sus documentos de identidad y una foto de su familia perforada por una bala, según mostró Noticias Uno.
Bidegaín sostuvo que durante casi 22 años estuvo convencida de que su esposo murió por el fuego cruzado entre guerrilla y fuerza pública.
Urán llevaba el caso sobre torturas a la médica Olga López, guerrillera del M-19, y había militado en la Anapo, partido donde había conocido al más tarde insurgente Andrés Almarales, comandante de la toma.
El magistrado Gaona había fallado en contra de una reforma judicial en el gobierno de Julio César Turbay (1978-1982), que disponía el juzgamiento de civiles por tribunales militares.
Tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado estaban emitiendo fallos condenatorios contra las Fuerzas Armadas por casos como el de López y de centenares de civiles y guerrilleros torturados y ejecutados extrajudicialmente.
Los tribunales "habían dictado sentencia en junio de ese año contra el ex ministro de Defensa, Luis Carlos Camacho Leyva, contra el ex presidente Turbay y contra el entonces ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe", recordó el lunes Maureen Maya, directora de la Fundación Cese al Fuego, que trabaja por el esclarecimiento de la masacre.
El magistrado Nilson Pinilla, integrante de la Comisión de la Verdad establecida en 2005 por la Corte Suprema de Justicia, anunció que los vídeos se incluirán en el informe final, como "punto importantísimo de referencia".
El caso de Urán "no había sido planteado (en el informe provisional de la Comisión, en noviembre pasado) porque sólo había sobre ello manifestaciones no confirmadas y no podíamos asumirlo" como cierto, dijo a la prensa.
A su vez, expertos juristas adujeron distintos argumentos para mostrar que el crimen de Urán no ha prescrito, entre otras cosas porque la fuerza pública alteró u ocultó pruebas.
René Guarín, pariente una de las víctimas, ha recibido en las últimas semanas amenazas contra su vida. Su hermana, Cristina del Pilar Guarín, cajera de la cafetería, nunca apareció, si bien salió ilesa del lugar, como demuestra otra cinta incautada en julio a quien condujo el operativo militar, el ahora detenido coronel Alfonso Plazas Vega.
Las amenazas fueron pan de cada día en los cinco años posteriores al ataque para todas las familias de los desaparecidos de la cafetería, y luego cesaron. Retornaron cuando el fiscal general Mario Iguarán decidió dar impulso procesal al caso del Palacio de Justicia, en diciembre de 2005.
Llamadas amenazantes, seguimientos en un mismo vehículo blanco que aparece con dos matrículas diferentes se suman al robo del grueso archivo del ex juez de 87 años Enrique Rodríguez, padre de Carlos, administrador de la cafetería y de quien Plazas Vega también guardaba un vídeo probando que salió ileso y fue desaparecido.
Según las averiguaciones de Guarín, "ambas placas del carro (automóvil) están adscritas al DAS", Departamento Administrativo de Seguridad, organismo de inteligencia civil, dijo a IPS.
La seguridad que le ofrece la Oficina de Protección de Testigos de la Fiscalía a este ingeniero de sistemas de 44 años, padre de dos hijos de 11 y nueve, "consiste en que yo renuncie a mi trabajo, mi hijos salgan del colegio, ellos nos llevan un mercado (compra de víveres) semanal y nos pagan los servicios durante ocho meses".
Luego, "nos entregan cuatro millones de pesos (unos dos mil dólares) para un proyecto productivo", agregó, lo que le alcanza "para ir a montar una tienda de gaseosas" en un balneario.
Nueve años atrás fue asesinado en su oficina el abogado de derechos humanos que asesoraba a estas familias, Eduardo Umaña Mendoza.
La detención de Plazas Vega ha llevado cierta esperanza a los familiares, cuyos esfuerzos por rescatar los cuerpos de sus seres queridos chocaron "con intereses muy poderosos que buscan ocultar pruebas y testimonios", sostienen.
Por eso crearon en mayo su propia Comisión de la Verdad, con la que se proponen blindar el proceso en la Fiscalía, pues éste "duró 20 años en inercia total".
Entre otras metas, las familias esperan conseguir que la justicia acepte el testimonio del ex torturador Ricardo Gámez, exiliado en Europa, cuya versión es "la más aproximada históricamente", consideran.
El ex policía ya había declarado por escrito en agosto de 1989 ante la procuraduría, pero el funcionario a cargo no encontró méritos para abrir investigación.
Gámez se define como ex integrante del "personal seudo del servicio de inteligencia", un grupo de 25 civiles que trabajaban bajo órdenes militares, pagados con fondos de gastos reservados.
Ante cámara Gámez reveló, por ejemplo, que un suboficial se quedó con un bebé que nació en un camión del ejército, durante el operativo del Palacio. Su madre, Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería, fue desaparecida.
También, los familiares piden explicaciones a la Fiscalía sobre "por qué los generales no han sido vinculados al proceso judicial" ni les han aplicado "acciones correctivas".
Gámez señaló que, días antes del asalto guerrillero, fue acondicionada como centro de operaciones del ejército la Casa del Florero, monumento histórico situado frente al Palacio de Justicia y desde donde actuó Plazas Vega, por entonces director de la Escuela de Caballería.
Plazas Vega decidía a quiénes torturar, entre los rehenes que salían, y los enviaba a distintas unidades militares y de inteligencia. Los suplicios se hicieron sin que los torturadores ocultaran su identidad, pues "el operativo se montó para aniquilar desde un principio", afirmó Gámez.
Pero Plazas Vega no estaba al mando a las 14:17 de la tarde, cuando salió el magistrado Urán.
Su superior, el general Jesús Armando Arias Cabrales, entonces comandante de la XIII Brigada, lo había relevado por otros dos oficiales, uno de ellos Carlos Fracica, subcomandante de la Escuela de Artillería, uno de los escenarios de tortura, hoy general y agregado militar en Chile.
En todo caso, según Gámez, la Casa del Florero sólo era "un centro de comando alterno, que tenía comunicación con el Comando del Ejército".
Por eso las familias van tras la línea de mando que planificó y coordinó estas acciones.
Cuando se cumplan 22 años de la masacre, los familiares "rendiremos ampliación de declaración ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer conocer las nuevas evidencias surgidas", adelantó Guarín a IPS.
