El gobierno colombiano abrió de hecho a la sociedad civil la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), al tiempo que dijo estar «dispuesto» a firmar un primer acuerdo con esa guerrilla. Si fructifica el planteamiento, significará la liberación de unos 200 secuestrados.
Cuando aparentemente el gobierno derechista de Álvaro Uribe estaba por darle un portazo al diálogo iniciado en 2005 con el izquierdista ELN, el martes anunció que firmaría el denominado Acuerdo Base, discutido desde mayo en La Habana.
Con ello, Uribe califica al ELN como "Parte" en la negociación y acepta incluir en el texto la palabra "conflicto", aunque no "conflicto armado", un hecho que reconoció en julio la Corte Suprema de Justicia.
Uribe se niega tajantemente a asumir que en Colombia hay una guerra y califica de terroristas a los grupos levantados en armas hace más de cuatro décadas. Al hacer el anuncio, aclaró que sólo "en aras de la paz" acepta que se use el término "conflicto" en los textos con el ELN.
No cambia el estatus de "terrorista" de esa guerrilla, sino que se compromete a no llamarla así mientras tenga vigencia el Acuerdo Base.
El ELN, surgido en 1964, está dispuesto a liberar a los secuestrados en su poder, a cambio de los cuales suele cobrar gruesas sumas de dinero, con lo cual se financia.
Cifras oficiales indican que las personas en manos de ese grupo insurgente serían más de 400, "pero pueden ser la mitad", según Luis Eduardo Celis, analista de la Corporación Nuevo Arco Iris, cálculo en el que coincidió el ex ministro de Salud Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ante la consulta de IPS.
"El ELN no tiene la infraestructura para mantener a tanta gente secuestrada" como afirma el Ministerio de Defensa, dijo a IPS Celis, él mismo desmovilizado de ese grupo hace más de 11 años.
"Preferimos hacer una depuración de casos antes de decir una cifra que no corresponde a la realidad", labor que comenzó la semana pasada, señaló a IPS Olga Lucía Gómez, directora de País Libre, una fundación que lleva estadísticas sobre secuestro y acompaña a sus víctimas.
"A partir de la fecha" en que se firme el Acuerdo Base, las partes se comprometen al "cese de las operaciones y dispositivos ofensivos entre la Fuerza Pública y el ELN".
Las condiciones del gobierno para cumplir una frase aparentemente tan sencilla han estado a punto de echar a pique la negociación en las últimas semanas, por lo que el ELN emprendió un lobby político nacional e internacional que "ha cumplido su cometido", según la presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez.
El quid es la verificación. El ELN propone "formas de verificación técnica y comunitaria" para el "cese del fuego y de las hostilidades temporal".
El ELN no domina de manera exclusiva ningún territorio, mientras sigue la ofensiva militar contra la guerrilla izquierdista más poderosa, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al tiempo que se extienden como mancha de aceite las Águilas Negras, el nuevo nombre de los paramilitares de ultraderecha tras el virtual fracaso de su proceso de desmovilización finalizado en 2006.
El gobierno pretende que el ELN concentre sus tropas ya, junto con sus redes urbanas, que serían custodiadas por su archienemigo, el ejército de Colombia.
Además, debe identificar a todos sus miembros, tema que causa escozor, puesto que esa guerrilla dispone históricamente de un entramado nada despreciable de población simpatizante, más significativa que su poderío militar, según los entendidos.
"Eso se llama capitulación. Es inviable. El ELN no está en plan de capitular", sostuvo el analista en temas de seguridad Alfredo Rangel.
"El ELN ya está en tregua. Está desarrollando una acción armada al mes, casi protocolaria", agregó Rangel durante un foro realizado el martes en la sede del diario bogotano El Tiempo y al que asistieron expertos internacionales en procesos de paz.
Simultáneamente, en el palacio presidencial, Uribe aceptaba por primera vez la opción de una verificación internacional frente a las Partes.
Según entiende el gobierno, la secuencia será así: se firma el Acuerdo Base, el ELN libera a los secuestrados y suspende esa práctica, y el gobierno pone en marcha "lo demás".
Esto es, soluciones al "desplazamiento, la desaparición, las detenciones masivas e ilegales y la persecución política" de personas, entre otras medidas, según el ELN, que también planteó iniciar jornadas de erradicación de minas antipersonal, su más utilizada arma defensiva.
El gobierno da "un tiempo prudencial de dos meses" para perfeccionar los mecanismos de verificación del cese del fuego, "y gradualmente vamos avanzando en el afianzamiento de este Acuerdo Base para que esto nos impulse a un acuerdo definitivo de paz", explicó el Alto Comisionado de Paz del gobierno, Luis Carlos Restrepo, en rueda de prensa.
El ex ministro González ve que "es posible presionar" para que el plazo se extienda a seis meses. Eso sí, "si el gobierno no firma ese Acuerdo Base, es que no quiere darle una oportunidad a que esto tome dinámica", y en "seis meses estaríamos en las mismas circunstancias".
Desde hace una década, el ELN aspira a irradiar a toda la sociedad la discusión sobre la paz, a través de una "convención nacional", pero "sabe que tiene que distensionar el conflicto y liberar a secuestrados para que los empresarios acudan" a dicho foro político, dijo el analista Celis.
La comunidad de países donantes dice estar dispuesta a subvencionar al ELN durante un tiempo mientras avanzan las negociaciones, para que esa guerrilla le ponga fin a los secuestros.
El presidente Uribe hizo el anuncio de la firma del Acuerdo Base durante una reunión del Consejo Nacional de Paz (CNP), cuya convocatoria por sí sola ya es noticia.
El CNP fue creado por ley en 1998 y lo integran representantes de los tres poderes, organismos de control, iglesias, centrales sindicales, asociaciones empresariales y de universidades así como organizaciones campesinas, étnicas, uniformados en retiro, de mujeres, de paz, de derechos humanos y de desplazados, entre otros.
"Es un avance considerable" que "el gobierno haya resuelto volver a convocar el CNP, nacido de la ley y establecido precisamente para tratar de tener una política nacional y permanente de paz", dijo a IPS el ex canciller Augusto Ramírez Ocampo, ex diplomático de alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos en Haití y América Central.
El CNP ya "no existía. El gobierno lo tenía disuelto. Hoy resurgió, si es que de pronto tiene continuidad, y esperamos que al menos por un tiempito así sea", comentó a IPS Álvaro Villarraga, miembro del organismo en representación de organizaciones que agrupan a desmovilizados de movimientos guerrilleros que en el pasado pactaron la paz.
Según la norma que creó el CNP, el presidente debe convocar ese organismo asesor cada dos meses. Con la reunión del martes, no en últimas "el gobierno estaba eludiendo un fallo de desacato" por parte de la justicia, que estaba en mora de sancionar al Poder Ejecutivo "como responsable de incumplir la ley", anotó.
En todo caso, fue el ELN el que pidió la reactivación del CNP. La negociación en La Habana continuará el lunes próximo, pero ahora con la presencia de una delegación de ese organismo.
