Pasar la noche a la fría intemperie de Bogotá no es recomendable, pero sí necesario para miles de personas pobres que aspiran a recibir una magra ayuda del programa gubernamental Familias en Acción, entre ellas muchas desplazadas por la guerra civil.
Hasta 100.000 familias de Bogotá recibirán los subsidios de salud y educación, el equivalente de 15 dólares por escolar y de 30 dólares por estudiante de secundaria, y un bono de alimentación por 50 dólares, que se entrega cada dos meses. Esta semana muchos han pasado una noche haciendo cola para conseguirlos.
Unas 20.000 de esas familias son desplazadas: huyeron de sus comarcas y hogares por el conflicto interno de casi medio siglo.
Para acceder a ese beneficio, las autoridades tienen en cuenta la inscripción de las familias en el Sistema de Identificación de Beneficiarios, que desde 2000 determina los grupos más vulnerables, según el nivel de ingresos. Los desplazados deben figurar en las bases de datos de la Agencia Presidencial de Acción Social.
La asistencia en salud y educación para menores de hasta 18 años de edad supone la obligación de sus padres o tutores de enviarlos a la escuela y a controles sanitarios especialmente para los que tienen hasta siete años.
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En este país de 42 millones de habitantes, el costo de la canasta familiar es de 450 dólares, mientras el salario mínimo llega a 28l dólares, según el Departamento Nacional de Estadísticas. El gobierno asegura que 45 por ciento de los colombianos son pobres.
Del total de familias que aspiran los subsidios en Bogotá "20 por ciento serían familias en situación de desplazamiento", dijo a IPS la coordinadora nacional del programa, Rita Combariza.
La ayuda para alimentos se entrega en bonos que los beneficiarios cambian por artículos de su elección en supermercados de la zona donde habitan.
En Bogotá, el convenio se realizó con la empresa Colsubsidio, lo que en opinión de María Maldonado, desplazada y madre de dos niños, "no es muy conveniente porque nos toca pagar transporte hasta el supermercado, y además los precios son costosos. Preferiríamos que fuera en el mercado del barrio, porque es más barato", dijo a IPS.
Pero la oficina de prensa de Familias en Acción respondió que mediante un convenio con Colsubsidio, se "otorga descuentos, y garantizándonos productos de calidad. Entendemos que las personas están acostumbradas a comprar a diario en la tienda de la esquina, pero la práctica los convencerá de que es mejor el supermercado".
Familias en Acción se inició durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y continuó bajo el mandato de Álvaro Uribe, "ampliando la cobertura a población en situación de desplazamiento en 2005", dijo Combariza.
"En principio se hicieron entregas de donaciones piloto en regiones apartadas del país, ampliando la cobertura de manera paulatina en 2006. Este año superaremos el millón y medio de personas en todo el país", agregó.
Para Marco Romero, presidente de la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), "la inclusión de las familias desplazadas es resultado de la insistencia de la Corte Constitucional para que se cumpla la legislación a favor de quienes han sido expulsados de sus lugares de origen".
"Familias en Acción no tiene capacidad suficiente para atender una situación que trasciende la vulnerabilidad económica, aun siendo cierto que el apoyo en dinero les sirve", dijo Romero a IPS. "No todos los desplazados son pobres, pero todos son víctimas", enfatizó.
La capital colombiana recibe a diario cerca de cien personas desplazadas, cincuenta y uno por ciento de ellas menores de edad, según el informe "Gota a Gota: Desplazamiento forzado en Bogotá y Soacha", elaborado por Codhes y la Fundación de Atención al Migrante de la Arquidiócesis de la Iglesia Católica.
"En Bogotá tenemos nueve mil familias inscritas hasta el momento, y esperamos que en septiembre, al terminar el proceso, tengamos 20 mil familias afiliadas", aseguró Combariza.
"Es nuestra meta, en desarrollo de acciones que para nosotros superan la tarea y se convierten en compromiso. Es un interés grande, aun a sabiendas de que sólo es un grano de arena dentro de la complejidad del desplazamiento en Colombia", anotó.
La gravedad de la situación se hace evidente en los sitios destinados a brindar información e inscribir a nuevos aspirantes en la capital colombiana.
Entre el 9 de agosto y el martes fue el turno a la zona de mayor recepción de desplazados. Cerca de cinco mil personas se agolparon desde la noche del domingo a la entrada del parque El Tunal, en el suroccidente de la ciudad, protegidos con plásticos y la tradicional ruana (poncho de lana) que visten los campesinos. La enorme afluencia obligó a ampliar inscripciones hasta este viernes.
En la larga fila, IPS encontró a Miguel, de 16 años, que huyó de la población de Gachalá, en el central departamento de Cundinamarca, pues la guerrilla quería que se uniera a sus filas. José Antonio llegó hace cuatro meses del sudoccidental Putumayo, escapando de los paramilitares. Y María de Jesús, del oriental Arauca, asegura que "¡por allá no vuelvo!" para no encontrarse con esas milicias.
Miguel vive en Bogotá con un tío en un barrio marginal, y volverá a la escuela que debió abandonar en Gachalá. José Antonio busca la ayuda para completar ingresos casuales cuando encuentra trabajo de albañil.
María de Jesús, con su niña de 18 meses en brazos, asegura que estira al máximo el subsidio que complementa el salario mínimo de su marido como empleado en un taller de mecánica automotriz.
Mientras, los desplazados siguen inquietos en Bogotá por amenazas proferidas contra sus líderes por grupos paramilitares, pese a la polémica desmovilización que estas milicias de ultraderecha pactaron con el gobierno de Uribe.
Según Jorge Rojas, director ejecutivo de Codhes, entre 2000 y 2007 han sido asesinados 19 líderes de desplazados, mientras otros reciben mensajes de "advertencia", firmados por las Águilas Negras, un nuevo agrupamiento de paramilitares.
La Coordinación Nacional de Desplazados (CND) publicó esta semana las amenazas dirigidas al dirigente social y defensor de derechos humanos Rigoberto Jiménez, en un texto plagado de errores ortográficos e insultos.
"Señor hijo de puta Rigoberto Jimenez y todos tus conpinchi abladores de mierda del gobierno parese que no entendieron el mensaje ustedes siguen con la idea del tribunal internacional para jusgar al gobierno por el desplazamiento" (sic), afirma el texto amenazante enviado por correo electrónico.
Y finaliza: " tenemos orden del patron de darles en la primera oportunidad que nos de el gran ijueputa esta crellendo que estamos charlando y esta pensando que no savemos que sale de bogota es ablar mal del gobierno. Atentamente, las aguilas negras de Bogota, por una Bogota linpia de guerrillero cobardes" (sic).
