Lejos de poner fin a la fuente que envenena la ciudad andina de La Oroya —el complejo metalúrgico de Doe Run—, el gobierno de Perú dispuso un plan de contingencia para afrontar sus grados más peligrosos, como si se tratara de un sismo.
El mecanismo insumió dos años de debates con organizaciones sociales y no gubernamentales y reparticiones estatales encargadas de ejecutarlo y con representantes de la compañía, que lo financiará en gran parte.
La Oroya, 180 kilómetros al este de Lima, es una de las 13 ciudades más contaminadas del país, según dijo el gobierno en 2001. El no gubernamental Instituto Blacksmith, con sede en Nueva York, la incluyó en 2006 en una lista de los 10 peores casos del mundo.
El coordinador de la Región Centro del Conam, Carlos Rojas, adelantó a Tierramérica que se establecerán tres niveles de alerta: cuidado, peligro y emergencia, ante los cuales se actuará para limitar la exposición de la población afectada y detener parcialmente dos líneas de producción de plomo y cobre de Doe Run.
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Los grados de alerta se adoptarán según el estado del aire y los pronósticos de clima no favorable a la dispersión de gases y partículas, como baja temperatura y ausencia de vientos. Pero en ningún caso se contempla el cese de las operaciones del complejo metalúrgico, aclaró.
Decretado un estado de alerta, se sugerirá a la población más vulnerable (niños, mujeres embarazadas, ancianos y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares) no salir a la calle entre las 9:00 y las 13.00 horas, la franja del día con clima más adverso, cerrar puertas y ventanas de viviendas, escuelas y hospitales y proteger los alimentos que se venden en las calles.
El resto de la población deberá cubrirse bocas y narices con pañuelos y bufandas cuando esté a la intemperie. Las mascarillas fueron descartadas, pues "la gente no quiere imágenes que dramaticen más la situación", dijo Rojas.
Interrogada sobre el aporte que haría Doe Run para el plan de contingencia, una fuente de la compañía dijo a Tierramérica que aplica medidas de paralización de manera voluntaria desde 2000.
La detención se realiza en dos plantas identificadas como las que tienen mayor contribución de dióxido de azufre: aglomeración y convertidores de cobre. En un caso, reduciendo el ingreso de azufre a la carga de alimentación, y en el otro deteniendo uno o varios hornos de la fundición de cobre, dijo la empresa.
Pero "aún no se ha definido el costo de las acciones derivadas de la implementación del plan de contingencia de cada uno de los actores involucrados", advirtió.
Los gases y partículas sólidas afectan ojos y vías respiratorias y pueden causar afecciones bronquiales y pulmonares. Además, la acumulación de metales pesados como el plomo en el organismo humano, en especial en los niños, es factor de desórdenes de crecimiento y de aprendizaje y de enfermedades crónicas.
La chimenea principal lanza a la atmósfera en promedio 1,5 toneladas de plomo y 810 toneladas de dióxido de azufre cada 24 horas, más de cuatro veces el nivel máximo permitido por la legislación peruana, que es de 175 toneladas diarias, según el Ministerio de Energía y Minas.
El mismo día que el Conam aprobaba el plan, durante tres horas se registraron 12.000 microgramos de dióxido de azufre por metro cúbico de aire, cuando el Estándar de Calidad del Aire (ECA) sólo permite 364 microgramos.
También se detectaron 330 microgramos por metro cúbico de aire de un compuesto que incluye plomo, cadmio y arsénico, el doble de lo permitido por el ECA.
Estudios médicos de la no gubernamental CooperAcción en 1999 y 2003 y de la universidad estadounidense Missouri- Saint Louis en 2005 revelaron que la mayoría de los menores de seis años de edad tenían más de 40 microgramos de plomo por decilitro de sangre (mcg/dl), cuatro veces más de los 10 mcg/dl que establece como límite la Organización Mundial de la Salud.
El plan de contingencia estará centrado, en los primeros cuatro meses, en la reducción de emisiones para luego pasar a las medidas referidas a los pobladores, tras una campaña de información.
Uno de los principales obstáculos del plan ha sido la aprobación de los habitantes de La Oroya, una ciudad cuya subsistencia depende de Doe Run.
El alcalde César Gutiérrez, a diferencia de su antecesor, apoya el programa desde que asumió el cargo este año. "Es necesario para protegernos hasta que la empresa cumpla con reducir la contaminación", dijo a Tierramérica.
Además, reclamó al Organismo de Supervisión de la Inversión en Energía y Minería que informara los resultados de la fiscalización efectuada a Doe Run a principios de este año. Pero su presidente, Alfredo Dammert, dijo a Tierramérica que este mes se conocerá si habrá sanciones a la empresa, principalmente por las emisiones de dióxido de azufre que estaba obligada a reducir en 2007.
La empresa asegura que la emisión de material particulado ha disminuido desde que comenzó a operar el complejo en 1997, de 147 microgramos a 73 microgramos por metro cúbico de aire. El límite máximo por ley es de 100 microgramos.
Doe Run sostiene que redujo asimismo en 20 por ciento el dióxido de azufre emitido.
Pero el Conam informó a Tierramérica que la emisión de este agente tóxico es preocupante. Si el plan de contingencia se hubiera aprobado en 2006, la emergencia ambiental se habría declarado 183 veces en lo que va del año, agregó.
* La autora es colaboradora de Tierramérica. Este artículo fue publicado originalmente el 4 de agosto por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
