Grecia deberá pagar un enorme costo tras sufrir durante una semana un infierno. Algunos incendios están todavía fuera de control.
El área afectada por el desastre se extiende desde la prefectura de Evia, 90 kilómetros al norte de Atenas, hasta las afueras de esta capital y a través de la zona central y suroccidental del Peloponeso, la sureña península de Grecia continental.
Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, 184.000 hectáreas de bosques y campos de cultivo fueron destruidos en los primeros tres días de fuego, que se inició el día 24.
Los pobladores afectados realizaron todo tipo de esfuerzos en el terreno, pero el Estado fracasó en su tarea de protegerlos. Los canales de televisión emitieron en vivo pedidos de ayuda de habitantes de remotas áreas montañosas.
Los muertos confirmados se elevan a 64, pero se estima que ese saldo aumentará cuando los bomberos logren llegar a aldeas aisladas.
Las provincias más castigadas fueron Arcadia, Ileia, Laconia y Messinia, que suman 13.864 kilómetros cuadrados y 580.500 habitantes. Dieciséis de las 18 aldeas de la municipalidad de Zaharo, en el sudoeste de Ilesa, a 335 kilómetros de Atenas, han sido borradas del mapa.
Sesenta y nueve comunidades del Peloponeso fueron evacuadas. El fuego llegó incluso al lugar donde se levantaba la antigua Olimpia, en las afueras de la capital de Ilesa, Pirgos, y causó daños considerables.
Las primeras estimaciones de daños son desalentadoras. Las pérdidas en ganado y tierras ascienden a 2.000 millones de dólares, aunque se estima que el costo total alcanzará los 5.400 millones.
El crecimiento del producto interno bruto se desacelerará entre 0,2 y 0,5 puntos porcentuales en los próximos dos a cuatro años. El costo de las primeras medidas de ayuda de emergencia superará los 410 millones de dólares.
Pero la impresión generalizada es que la cuantificación de los daños no alcanza para describir la magnitud del desastre.
"Nadie está en condiciones de calcular las pérdidas indirectas", dijo a IPS María Roysomoystakaki, presidenta del Comité para la Protección del Ambiente y profesora en la Universidad de Atenas.
"Muchas vidas se perderán en los próximos 10 a 20 años a causa de la degradación ambiental. La calidad del oxígeno que respiramos se reducirá rápidamente. La fertilidad de la tierra sufrirá inmensamente. Su falta de capacidad para conservar la humedad y absorber agua de lluvia provocará erosión y pérdidas de suelo en estas regiones", afirmó.
Para afrontar el desafío de la recuperación ambiental, "primero tenemos que adquirir la cultura necesaria, cuya ausencia nos llevó al punto en el que nos encontramos ahora", agregó.
El público griego comenzó hace poco a considerar el impacto de los problemas ambientales en la calidad de vida. La toma de conciencia se acaba de precipitar de la peor manera posible.
"Imaginen el impacto en las comunidades locales", dijo Roysomoystakaki. "Los olivos y la vegetación destruida no podrán ofrecer nada en los próximos 10 años. Tenemos suerte de que el Peloponeso no se abastece de agua de lagos, pues la contaminación sería aun mayor."
Además del desastre ambiental, el país deberá hacer frente al colapso de sus estructuras sociales. Con miles de personas sin hogar, que dependen del Estado para obtener comida y refugio provisorio, la desesperación de esa gente irá en aumento en los próximos meses.
"Asistiremos a un considerable movimiento de población hacia los grandes centros urbanos, ya sobrecargados", dijo a IPS la directora de Investigaciones del Centro Nacional de Estudios Sociales, Maratou Lara.
Este flujo no será "sólo de griegos, sino de trabajadores inmigrantes que habían encontrado empleo en las áreas del desastre. La gente venderá sus propiedades a precio vil para poder afrontar sus hipotecas y obligaciones crediticias", agregó.
También es evidente que la catástrofe alterará las actividades económicas tradicionales. "Escasearán productos de exportación como el aceite de oliva y derivados del tomate, que se producían a gran escala en el Peloponeso", advirtió Lora.
"Tendremos que empezar a importar lo que usualmente vendíamos al exterior, lo que implicará una carga mayor para la ya problemática balanza comercial", señaló.
"La industria turística, una de las herramientas para estimular el desarrollo en estas áreas, también sufrirá. La sociedad griega, que siempre fue sensible a los apremios de otros, deberá poner ahora a prueba su cohesión", agregó Lora.
La ira y la frustración son generalizadas en la población por la falta de apoyo del Estado. La oposición describió la respuesta del gobierno como "totalmente incompetente".
El primer ministro Kostas Karamanlis, bajo considerable presión política y a tres semanas de elecciones legislativas anticipadas, declaró el estado de emergencia el 25 de agosto y suspendió las actividades proselitistas de su partido Nueva Democracia.
Los comentarios sobre el supuesto carácter intencional de los incendios forestales, o incluso los que atribuyen el fuego a posibles acciones terroristas, son percibidos por la prensa y la población como una maniobra para evadir responsabilidades.
Provocar incendios es una maniobra bien conocida para esquivar las leyes griegas sobre protección de áreas como los bosques. El gobierno insiste en pintar un escenario de "complot de incendiarios".
Las autoridades encomendaron a la unidad antiterrorista, el ejército y el servicio secreto la investigación sobre las causas del desastre, pero hasta el momento no surgió evidencia alguna que sustente las sugerencias del gobierno.
El gobierno anunció una recompensa de 1,37 millones de dólares para quien ayude a identificar a los incendiarios y se inició un debate sobre si el fuego intencional pueden considerarse actos de terrorismo.
"Me indigna que sigan pegando en las paredes carteles de la campaña electoral o que los candidatos traten de capitalizar esta tragedia", dijo a IPS la periodista cultural Olga Sella.
"La actitud del gobierno socava la escala de valores políticos de esta sociedad. Estoy muy preocupada por lo que vendrá", concluyó.
