Una de las principales organizaciones de asistencia al desarrollo del mundo rechazó partidas de alimentos proporcionadas por el gobierno estadounidense, por considerar que los subsidios a esa producción empobrecen a agricultores del Sur.
Estados Unidos posee un presupuesto de asistencia alimentaria internacional de 2.000 millones de dólares, con los que compra comida producida en su territorio para destinarla a países en crisis económica o que sufren hambre crónica.
Pero CARE International, organización con sede en Estados Unidos, se negó a recibir ayuda por el programa gubernamental Alimentos por Paz, que le habría deparado el equivalente a 46 millones de dólares en asistencia.
Según CARE, el modo en que Washington determina la distribución de esos alimentos perjudica a los agricultores de los países y comunidades pobres a los que ese programa debería ayudar.
Esta organización ha sido en los últimos 50 años uno de los principales proveedores de asistencia alimentaria en todo el mundo. Su cambio de política podría tener un efecto radical en la industria que mueve el sector.
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Se trata del corolario de años de un debate que influyó en la discusión de la legislación comercial estadounidense e incluso en el curso de la Ronda de Doha de negociaciones multilaterales de comercio.
La objeción al actual sistema de donaciones y ventas de cosechas estadounidenses subsidiadas destinadas a países en desarrollo es que debilita a los agricultores de esas mismas naciones.
"No estamos en contra de la asistencia alimentaria de emergencia en caso de sequía y hambruna", dijo la portavoz de CARE Alina Labrada. Pero a los agricultores de los países a los que se pretende beneficiar "se los daña en lugar de ayudarlos", afirmó.
El descarte gradual por parte de Care de la asistencia del gobierno estadounidense a lo largo de más de un año es objeto de análisis del Congreso legislativo, dedicado hoy a la discusión del proyecto denominado Ley Granjera (Farm Bill).
De aprobarse, la iniciativa asignaría 25.000 millones de dólares a financiar la investigación agrícola, el desarrollo rural, subsidios y asistencia alimentaria.
El programa de asistencia alimentaria estadounidense se estableció en los años 50 con el objetivo de aprovechar el superávit de las cosechas originadas por los subsidios gubernamentales.
Las leyes impusieron estrictos límites al uso de ese dinero. Todos los alimentos que Estados Unidos envía a áreas en crisis deben ser producidos por agricultores nacionales, y 75 por ciento, transportados por empresas navieras de este mismo país.
Muchas organizaciones de asistencia indicaron que tales exigencias impiden la llegada a tiempo de la comida al lugar donde se la necesita.
Una investigación realizada durante un año por la Contraloría General de los Estados Unidos (GAO), organismo independiente que funciona en la órbita del Congreso legislativo, advierte que el alto costo de la logística y el transporte al extranjero redujo a la mitad la carga de ayuda alimentaria en los últimos cinco años.
La política estadounidense en la materia se basa sobre la metodología denominada "monetización", según la cual el gobierno compra cosechas a productores nacionales y las canaliza a través de organizaciones de asistencia que operan en todo el planeta.
A su vez, estas organizaciones las venden en las localidades de destino, a precios a veces desmesuradamente reducidos, y emplean lo obtenido por estas ventas para financiar sus programas de desarrollo y contra la pobreza.
Pero varias instituciones, con CARE a la vanguardia, advirtieron que esta política socava con frecuencia a los agricultores locales y desestabilizan los sistemas de asistencia que ellas mismas tratan de fortalecer.
De cualquier manera, este punto de vista no es universalmente aceptado. De hecho, la actual postura de CARE creó una brecha en la comunidad de organizaciones que fomentan el desarrollo del Sur.
El año pasado, CARE, junto con instituciones como Catholic Relief Services, Save the Children y otras de origen británico, francés y canadiense advirtieron en una declaración conjunta que la monetización era una política ineficiente.
Las organizaciones estimaron que las ventas realizadas a través de ese mecanismo impiden la llegada de los alimentos a quienes más los necesitan, lo que no suceder en casos en que se canalizan mediante entregas directas.
La Unión Europea también ha criticado el programa de asistencia alimentaria estadounidense. Numerosos funcionarios han manifestado sospechas sobre el carácter de subsidio indirecto de estas operaciones.
Además, el bloque abandonó gradualmente en los años 90 la práctica de la monetización, y sólo reserva 10 por ciento de su presupuesto de ayuda alimentaria a la compra de cosechas europeas.
Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), principal distribuidor de asistencia alimentaria del planeta, rechaza la monetización y no permite la venta de sus partidas a través de organizaciones no gubernamentales. Las entrega directamente.
Pero una coalición de 15 organizaciones que adoptó el nombre de Alianza por la Asistencia Alimentaria (en la que figuran World Vision y la Cruz Roja de Estados Unidos) se opone a la posición de CARE, pues defiende la venta de la producción del país norteamericano para financiar sus programas contra el hambre crónica y de desarrollo.
CARE, por su parte, procura obtener aportes directos de dinero para financiar sus esfuerzos de asistencia, sin depender del financiamiento indirecto que obtenía a través de la monetización.
Mientras los dos bandos en el debate sobre la asistencia alimentaria profundizan la controversia, la posición de CARE y el informe de la GAO podrían preanunciar cambios en la forma en que se ayuda a los hambrientos del mundo y en la suerte de los millones de personas.
