Los esfuerzos del gobierno de Malasia para desalentar a líderes de diversos credos en Malasia que defendían el carácter sagrado del agua como fuente de vida fueron vistos como un intento de alterar la armonía interreligiosa y, al mismo tiempo, apoyar planes de privatización de este recurso compartido.
Los preparativos para realizar un foro sobre el derecho de acceso al agua en la Mezquita Nacional de la capital de este país, Kuala Lumpur, de significado altamente simbólico, debieron suspenderse cuando los organizadores fueron forzados a trasladarlo a otro ámbito, a cinco kilómetros de distancia.
El cambio de último momento no impidió que líderes de las religiones budista, cristiana, hindú, musulmana y sij firmaran una declaración subrayando que el agua es un sagrado presente otorgado por el Creador para que las personas lo conserven y usen para atender las necesidades de todas las criaturas vivas sobre la tierra.
"El agua simboliza la vida en su forma prístina. El derecho al agua está intrínsecamente ligado al derecho a la vida", afirmaron.
La declaración remarcó que el derecho a contar con este recurso significa que todos deben contar con agua "suficiente, segura, físicamente accesible y a un costo razonable". Los cortes de suministro por deudas o el empleo de tarjetas prepagas para obtener el servicio son una violación a este derecho, indicaron.
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"La disponibilidad del agua no puede estar sujeta a un criterio de rentabilidad. Las personas deben disfrutar este derecho sin ninguna clase de discriminación", destacó el texto.
Los líderes religiosos indicaron que el Estado debe asegurar que el sector privado respete estos principios. La conservación y protección del agua es responsabilidad de la sociedad y el estado, agregaron.
El desarrollo del foro, al que asistieron unas 200 personas, fue sin embargo eclipsado por las circunstancias externas que llevaron al cambio del lugar de las deliberaciones.
"Se perdió una gran oportunidad. Todas las religiones podrían haber discutido unidas un tema fundamental para nuestra sociedad", dijo el coordinador de la Coalición Contra la Privatización del Agua, Charles Santiago.
Sobre todo, agregó Santiago, hubiera sido una gran ocasión para el país, actualmente dividido por cuestiones raciales y religiosas, fundamentalmente entre quienes postulan una visión conservadora de un Estado islámico y aquéllos que defienden una tradición más liberal.
El 31 de julio, dijo, las autoridades de la mezquita recibieron a una delegación de los organizadores del foro, a quienes les manifestaron que sería una ocasión histórica y sin precedentes, acorde con los principios que deben guiar el vínculo con la sociedad civil.
También aconsejaron a los organizadores sobre cómo debían vestir los participantes, pero luego la policía presionó a las autoridades de la mezquita para que dejaran de lado se promesa verbal, relató Santiago.
El 2 de agosto, el imán de la Mezquita Nacional envió una carta retirando la autorización para realizar allí el foro. Los organizadores solicitaron entonces un permiso policial, relató Santiago, que también denegado a pesar de una respuesta inicial positiva.
Los responsables del encuentro alegaron que la policía "fabricó información" para crear una situación de temor e incertidumbre, lo que llevó a las autoridades de la mezquita a modificar su posición.
Según los organizadores, ese comportamiento reveló una total falta de respeto y constituyó un intento para impedir que la sociedad civil debatiera los temas que la afectan.
La actitud de las autoridades reveló que no estaban satisfechas con el hecho de que personas de todos los credos y razas se reunieran para discutir el futuro del país, afirmaron los organizadores.
También se preguntaron si no existió la intención de beneficiar a los intereses empresarios. En los últimos años, compañías privadas se volcaron hacia el sector del abastecimiento de agua potable en búsqueda de importantes ganancias, mientras que también se les abrió el camino para obtener beneficios de proyectos de infraestructura por miles de millones de dólares.
El comisionado de derechos humanos, Siva Subramaniam, dijo luego de una reunión con un jefe policial que el permiso para realizar el foro había sido rechazado por cuestiones "técnicas", ya que el imán Besar no había autorizado la utilización de la mezquita, argumentaron.
El jefe policial señaló que los rumores sobre posibles protestas y disturbios no influyeron en la decisión, comentó Siva a IPS.
El director del Movimiento Internacional por un Mundo Justo, Chandra Muzaffar, quien pronunció el discurso central en el foro, dijo que la decisión de las autoridades de forzar un cambio de lugar respondería a que durante el debate "se habría asumido una posición crítica hacia la política gubernamental respecto del agua".
Chandra agregó que existe un aspecto simbólico, en momentos en que el país se apresta a celebrar sus 50 años de independencia del dominio colonial británico. "Lo ocurrido plantea cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de nuestra Merdeka (independencia)", agregó.
Las leyes que limitan el derecho de reunión son un legado del pasado colonial, dijo Chandra, que permanecen en vigencia cuando deberían haber sido abolidas.
