«Si usted trabaja bien, la tierra puede producir de todo y con un mercado asegurado. Cuba es un país agrícola. No deberíamos tener que importar alimentos», dice Rubén Torres, un campesino exitoso de los alrededores de Santa Clara, 268 kilómetros al este de La Habana.
Pero las importaciones de Cuba por ese concepto aumentaron 35 por ciento en los últimos dos años, según informes oficiales de diciembre pasado. Ese dato, unido al alza de los precios internacionales, llevó al presidente en funciones, Raúl Castro, a alertar que resulta "imperativo hacer producir más la tierra".
Torres tiene una finca de unas 17 hectáreas y sus métodos de trabajo son principalmente naturales. Para arar, se vale de una yunta de bueyes, al tiempo que fertiliza y protege sus siembras de las plagas con procedimientos orgánicos.
"Esta temporada usé unas 26 toneladas de humus de lombriz en mis campos y el resto lo vendí a otros campesinos de la zona", contó a IPS vía telefónica.
En sus predios hay hortalizas, arroz, coco y guayaba, entre otros cultivos. Torres pertenece a una Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) de la zona, vende la mayoría de sus sus productos al Estado y defiende las prácticas agroecológicas porque "mejoran y enriquecen los suelos".
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En su opinión, es muy importante proveer las tierras de materia orgánica, porque hoy la mayoría de los campesinos privados de la isla tienen pequeñas fincas, de menos de dos hectáreas, sometidas a exceso de laboreo. "Además, la falta de insumos ayudó a convencer a más gente sobre las ventajas" de la agroecología, comentó.
La degradación de los suelos figura, justamente, entre los retos ambientales a vencer por Cuba para alcanzar una agricultura sustentable. Los expertos coinciden en acusar de esa situación al monocultivo azucarero, que marcó la economía de esta isla caribeña desde el siglo XVIII.
"La riqueza de nuestros suelos y una parte importante de nuestra biodiversidad salió de Cuba junto con cada grano de azúcar que exportamos para, entre otras cosas, comprar alimentos. Ha ido desapareciendo con toda la vegetación que hemos cortado y con las técnicas agrícolas que hemos aplicado", se quejó la ingeniera pecuaria María Caridad Cruz en un artículo publicado en la revista cubana Temas.
Según la investigadora, alrededor de 75 por ciento de la superficie agrícola del país está degradada de una u otra forma y existen unos tres millones de hectáreas con baja fertilidad y 4,66 millones con muy bajo contenido de materia orgánica, en tanto la salinidad alcanza a un millón de hectáreas y la erosión, de muy fuerte a media, a 2,5 millones.
Por otra parte, dada su alta dependencia de la importación de insumos, el sector agropecuario figura entre los más golpeados por las restricciones financieras externas del llamado período especial, que, según aclaró Raúl Castro el 26 de julio, aún no ha terminado.
Entre 1989 y 1993, el producto interno bruto decreció 35 por ciento, mientras el valor agregado agropecuario bajó 52 por ciento, fundamentalmente debido al abrupto corte de las principales fuentes de suministro procedentes del hoy desaparecido campo socialista, señaló Cruz.
Para afrontar esa crisis, provocada, entre otras razones, por la brusca pérdida de los vínculos con la Unión Soviética, desintegrada en 1991, y el campo socialista, ya desaparecido, el sector agropecuario fue objeto de significativos cambios en las relaciones de producción.
Las transformaciones dieron lugar a nuevas formas de administración y tenencia de la tierra, con la creación en 1993 de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), a cuyos miembros se les entregó la tierra en usufructo gratuito por tiempo indefinido.
A la vez, se puso en marcha un programa de entrega de tierras, también en usufructo gratuito, para el autoconsumo familiar, con el fin de incrementar la producción destinada al mercado interno de alimentos, así como para aumentar fondos exportables como tabaco y café.
Estas nuevas formas de tenencia y producción se añadieron a las CCS y las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA). Estas dos modalidades existían en Cuba desde la primera reforma agraria, que en 1959 dio a 200.000 personas la propiedad de aproximadamente 20 por ciento de la superficie agrícola del país.
Las CCS se crearon a partir de la asociación voluntaria de pequeños productores individuales, los cuales conservan la propiedad de la tierra y se vinculan para obtener mejores condiciones de acceso a las nuevas tecnologías, al financiamiento y para la comercialización de sus productos.
Las CPA también surgieron de la unión voluntaria de pequeños productores individuales. Su aporte inicial se basó sobre la venta al colectivo de la tierra y otros medios de producción, que serían en lo adelante propiedad y administrados de forma colectiva.
Asimismo, a través de esta asociación se obtienen ventajas tecnológicas, financieras y de comercialización.
Datos oficiales de 2006 señalan que Cuba posee una superficie agrícola de 6.629.600 hectáreas, lo que representa más de 60 por ciento de sus tierras firmes. Pero sólo están cultivadas 3.124.300 hectáreas, de las cuales, 1.260.100 son sembradíos de caña de azúcar, 180.000 de arroz y 806.300 de cultivos varios como hortalizas, raíces y tubérculos y granos.
Desde el punto de vista de la propiedad, 449.400 hectáreas de cultivos dedicados a alimentar a los 11,2 millones de habitantes de Cuba están en manos de campesinos individuales o agrupados en las CCS, 182.800 hectáreas corresponden a las UBPC, 77.000 a las CPA y 276.700 a empresas estatales.
Durante 2006 no hubo ciclones y el régimen de lluvias fue favorable. Sin embargo, las producciones agrícolas (no cañeras) descendieron 7,3 por ciento respecto de 2005, año que sí estuvo afectado por una severa sequía. Tampoco a la ganadería y a la producción lechera les fue mejor.
Para aumentar la producción "habrá que introducir los cambios estructurales y de conceptos que resulten necesarios", vaticinó Raúl Castro, quien no dejó de mencionar la necesidad de "estimular convenientemente" a los agricultores destacados.
En esa dirección, el Estado comenzó a pagar desde julio precios más favorables a los productores de carne vacuna y leche, al tiempo que durante el primer semestre inyectó fuertes sumas de dinero al pago de una abultada deuda con el sector campesino y adoptó medidas para evitar nuevos acumulados.
Expertos consultados por IPS comentaron que al sector agrícola, así como a otras esferas de la economía cubana, no le vendría mal abrirse al capital extranjero, que aportaría capital, tecnología y mercados. "Potencialidades para ello existen", comentó un investigador cubano que prefirió no ser identificado.
El experto también consideró saludable la creación de un mercado de insumos y recursos de labranza en que el campesino pueda comprar directamente lo que necesita, algo que hasta ahora no existe, así como dar mayor participación y real sentido de pertenencia al sector cooperativo.
"También habría que dar mayor espacio a un proceso de descentralización territorial, porque es más sencillo buscar soluciones a nivel local. Además, lo que es bueno para una provincia puede no ser bueno para otra", indicó esa fuente.
Las autoridades cubanas no han ocultado su preocupación por el mayor gasto que significarán sus próximas importaciones debido a los elevados precios de productos de primera necesidad como la leche en polvo (5.200 dólares la tonelada), arroz molinado (435 dólares la tonelada) o el pollo congelado, que de 500 dólares la tonelada hace algunos años, subió a 1.186 dólares.
