La crisis aérea de Brasil puso de nuevo sobre el tapete un viejo conflicto entre los poderes político y militar, aún no resuelto pese a la creación hace ocho años del Ministerio de Defensa, que unificó bajo su mando al ejército, la armada y la aeronáutica.
El objetivo de la creación de esa cartera durante el gobierno del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) fue fortalecer el poder civil e imponer sus decisiones por sobre los comandos de las tres fuerzas militares.
Una meta que está lejos de alcanzarse, como lo demuestra la problemática en el trasporte aéreo desatada hace 10 meses y agravada el 17 de este mes con el accidente del airbus de la empresa Tam en el aeropuerto de Congonhas, ubicado en el centro de la ciudad de Sao Paulo, con un saldo de por lo menos 199 personas muertas.
La decisión del gobierno de Cardoso siempre causo roces entre los sucesivos ministros de defensa, los comandantes de las tres fuerzas castrenses y la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), el organismo regulador con poder de imponer sus decisiones sobre el sector.
Pero Infraero (Empresa Brasilena de Infraestructura Aeroportuaria), por ejemplo, el órgano estatal encargado de la infraestructura de los aeropuertos, está en manos de la Fuerza Aérea y su titular es un brigadier, José Pereira.
[related_articles]
Desde el punto de vista de los militares, la explicación del caos aéreo es simple. Con la creación del Ministerio de Defensa "se rompió la organicidad" que había en tiempos en que Aeronáutica controlaba también la aviación civil, dijo a IPS Mauro Gandara, titular de esa cartera hasta su disolución en 1995.
Pero después de que el Ministerio de Aeronáutica "fue rebajado de nivel", "los diferentes organismos (ANAC, Infraero y otros) pasaron a no hablarse, a no entenderse", agregó el militar.
Gandara también evoca con nostalgia la época en que como titular del Departamento de Aviación Civil, "aunque con asesores", cualquier "decisión importante era tomada por una sola persona", mientras que ahora ANAC, por ser una agencia reguladora, "necesita una reunión de cinco personas para tomar una decisión"
Al destacar que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, es un "sindicalista", acentúa que tampoco es "compatible con las normas militares, pues trata a un superior en el mismo nivel de un sindicato".
Una opinión expresada al recordar que, al comienzo de la crisis aérea, el ex ministro de Defensa Waldir Pires recibió a dos sargentos que eran controladores aéreos y "pidió al brigadier ¬ comandante de la aeronáutica ¬que no participe de la entrevista".
Gandara ahora teme que la aeronáutica "pierda la última porción" de su poder, como es el sector de controladores aéreos.
Un punto de vista que no comparte Sergio Marques, un civil que portavoz de la Federación Brasileña de Asociaciones de Controladores de Tráfico y presidente de la Asociación de Controladores Aéreos de Guarulhos (Cumbica).
Marques subrayó, por ejemplo, que, de 2000 controladores que hay en el país, apenas 500 son civiles, como un resabio de la vieja estructura del sistema aeronáutico.
Un factor al que atribuye gran parte de la crisis y en especial el accidente. Los controladores aéreos de Congonhas son militares.
"Creo que el hecho de que el control del tráfico aéreo en ese aeropuerto sea de militares, la presión para que ese aeropuerto funcione es grande", opinó. "Eso puede haber sido un factor que contribuyo al accidente", añadió tras explicar que ante la pista sometida a intensas lluvias, como ocurría al momento de producirse el accidente, "tal vez podría haber sido cerrada".
La explicación de Marques es que, por ser controladores militares, optan por responder a una orden de mando ante el temor de castigos.
El sindicalista de Cumbica recordó que, en los últimos 10 meses, varios controladores militares que cuestionaron fallas de equipos, sobrecarga horaria de trabajo e insuficiente formación personal fueron castigados con penas hasta de prisión, mientras que los civiles "tenemos más libertad" para expresar sugerencias y reivindicaciones.
Según Demostenes Torres, integrante de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el llamado "apagón aéreo", el aeropuerto de Congonhas tiene capacidad para 12 millones de pasajeros al año pero recibe casi 20 millones.
Y en esto hay acuerdo entre civiles y militares. Es lo que Gandara llama "la presión del mercado ( ) y el mercado tiene mucho poder económico", para que Congonhas haya llegado a ser el principal centro de conexiones aéreas, cuando inicialmente había sido planificado apenas para recibir aviones procedentes de cuatro capitales.
Para el sociólogo brasileño Emir Sader, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), es "un conflicto entre el poder publico y el mercantilismo", como prefiere llamar a la "iniciativa privada" representada por las empresas del sector aéreo.
Un mercantilismo al que atribuye la "sobre utilización brutal" de Congonhas de parte de esas compañías, que se hace en nombre de una demanda de pasajeros que por comodidad prefieren utilizar ese aeropuerto y no el de Guarulhos, que esta más alejado de la ciudad.
Aunque Sader ve en ese tipo de conflicto de intereses la principal causa de la crisis, reconoce que también contribuye al caos "la ausencia del poder publico", debilitado a su vez por la disputa entre civiles y militares "que deberían estar unidos para solucionar la crisis.
En entrevista con IPS, Sader recordó sus años de lucha en la Asamblea Constituyente de 1987 para sacarle a los militares las atribuciones en los aeropuertos, mientras que "hoy hasta los aviones que compran las empresas particulares deben ser sometidos a ciertos criterios de la fuerza aérea. supuestamente por si son necesarios en tiempos de guerra".
Sader se pregunta, ante estas líneas de mando militar y civil, "cuál de las dos es más permeable a las presiones privadas". Al respecto, trajo a la memoria la construcción del aeropuerto de Guarulhos como "uno de los grandes casos de corrupción" de la dictadura militar (1964-1985).
Está claro que, ante esta situación,¬ los militares "se mostraron incompetentes". Pero el "tema esencial es que el gobierno no contradice en nada intereses de sector privado", puntualizó.
