El general Sonthi Boonyaratglin, líder de la junta militar que gobierna Tailandia, corre peligro de motivar comparaciones con sus pares de la vecina Birmania, donde durante décadas sucesivos generales se han negado a transferir el poder a una administración civil.
Las sospechas se dispararon por el vago lenguaje que empleó Sonthi al explicar su futuro político luego de las elecciones programadas para fines de este año.
Un debate sobrevuela en la prensa y en círculos universitarios de Bangkok sobre las ambiciones políticas del jefe del ejército, quien llegó al poder tras un golpe de Estado —el número 18 en la historia de este país— en septiembre pasado.
"Él podría haber descartado todas las especulaciones en cuanto a que quiere ser primer ministro tras las elecciones simplemente diciendo 'no' al puesto. Al ser evasivo, muestra que contempla la idea de querer dedicarse a la política", dijo a IPS el analista Michael Nelson, académico alemán especializado en cultura política tailandesa.
"Esto está poniendo nerviosa a la gente por las verdaderas intenciones del golpe, que iba a devolverle el poder al pueblo. Parece un esfuerzo del ejército por recuperar la gloria perdida luego que sus poderes y su prestigio se redujeron a fines de los años 90", agregó.
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Los militares birmanos, que ostentan el poder desde el golpe de Estado de 1962, están en proceso de lograr la aprobación de una nueva Constitución por parte de una asamblea designada por ellos mismos. El texto luego será sometido a referendo.
Pero este texto contiene un lenguaje que aspira a consolidar el poder militar en el país como una fuerza abarcadora, debilitando, a consecuencia, compromisos asumidos por la junta birmana en cuanto a que la Constitución marque el comienzo de la democracia y dé poder al pueblo.
La perspectiva de que Sonthi sucumba al "síndrome de Birmania" fue alimentada por la nueva carta magna de Tailandia, aprobada por una asamblea constitucional designada por los militares a comienzos de este mes.
Esta Constitución, la número 18 desde que Tailandia se convirtió en una monarquía constitucional en 1932, será sometida a referendo a mediados de agosto.
"Aunque el régimen en Tailandia se ha esforzado por negar las comparaciones con su contraparte en la vecina Birmania, es cada vez más difícil evitarlas", indicó la Comisión Asiática de Derechos Humanos en una declaración el fin de semana pasado.
"En Birmania también la junta está dando sus toques finales a una Constitución que tiene el propósito de cimentar el papel de los militares en los asuntos del Estado para los años venideros y asegurarse la impunidad continuada de los altos funcionarios por cualquier presunto" delito, añadió.
"Por ahora está claro que si el referendo es aprobado y el fingido proyecto de Constitución convertido en ley hará regresar a Tailandia al modelo de 1980, de gobierno burocrático de elite bajo guía militar", continuó la organización no gubernamental con sede en Hong Kong.
"Si no es así, el régimen militar se reserva el derecho de recoger y enmendar cualquiera de las constituciones previas del país en su lugar. En cualquier caso, los generales ya dieron pasos para asegurarse de que su presencia se vuelva a sentir fuertemente en toda Tailandia por muchos años", agregó.
Analistas como Thitinan Pongsudhirak señalan que la junta pasó los últimos nueve meses "institucionalizando gradualmente el papel del ejército en la política" para asegurarse de que "siga siendo un organismo con influencia luego de las elecciones parlamentarias".
A consecuencia, los líderes golpistas destruyen los halagos que el año pasado llovieron sobre los militares por sacar del poder al ex primer ministro Thaksin Shinawatra a través del golpe de Estado, sostuvo Thitinan, director del Instituto de Estudios Internacionales y de Seguridad en la Universidad Chulalongkorn de Bangkok. "Las declaraciones de que fue un golpe bueno se convirtieron en un mito".
De particular preocupación fueron las "maneras sutiles y sofisticadas" en que la junta dio forma a su agenda política, a menudo "dentro de la ley" para evitar las críticas abiertas.
El drástico aumento del presupuesto militar es un tema a destacar, donde el gasto en defensa se incrementó 66 por ciento en los dos presupuestos nacionales presentados al parlamento designado por el ejército desde el golpe del año pasado. El proyecto de defensa para el presupuesto 2007-2008 es de 4.500 millones de dólares.
A las organizaciones de derechos humanos les resulta alarmante la campaña de la junta para resucitar una ley de seguridad usada durante la Guerra Fría para perseguir a miembros del Partido Comunista de Tailandia y a otros calificados como enemigos del Estado.
La Ley de Seguridad Interna, que la junta quiere sea aprobada por el parlamento que designó, es "la medida clave para restablecer al ejército como un gobierno dentro del gobierno", enfatizó un respetado analista que escribe bajo el seudónimo "Chang Noi" en la edición del lunes de The Nation.
"Lo que hace la ley es dar nuevos poderes masivos al jefe del ejército. En muchos sentidos lo vuelve más poderoso que el primer ministro, sin tener que responder ante nadie", agregó Chang Noi.
Si es aprobada, la ley verá el regreso del Comando de Operaciones de Seguridad Interna. Entre los poderes a disposición de esta agencia dirigida por militares estará prohibir asambleas públicas, bloquear rutas, detener sospechosos por hasta 30 días sin ningún cargo, retener a personas calificadas como amenazas a la seguridad nacional, realizar búsquedas en locales sin ninguna orden y confinar a personas a arrestos domiciliarios.
Pero el ejército tailandés no podrá moverse libremente con esos planes, dijo Thanet Aphornsuvan, profesor asistente de historia en la Universidad Thammasat de Bangkok. "Ellos serán conscientes de lo que ocurrió en 1992. Probablemente querrán seguir el ánimo público antes de tomar una decisión, incluso los planes del general Sonthi de convertirse en el primer ministro", sostuvo.
