Este jueves se cumplieron 30 meses del tsunami que arrasó miles de kilómetros de costas sobre los océanos Pacífico e Índico. Los avances y frenos a la reconstrucción de las áreas afectadas en Sri Lanka dejan en evidencia la inequidad de este país de Asia meridional.
En general, la reconstrucción tras el tsunami ocurrido en la mañana del 26 de diciembre de 2004 parece satisfactoria. Las zonas más dañadas son las que lograron menor grado de recuperación.
En el nordeste del país, asolado por el resurgimiento de la violencia étnica de los últimos 19 meses, autoridades gubernamentales y agencias de asistencia a veces no logran ni siquiera llegar a la población. Algunos programas fueron, directamente, suspendidos.
Más de 80 por ciento de las 118.000 viviendas permanentes necesarias se completarán para fin de año, según funcionarios de la Agencia para la Reconstrucción y el Desarrollo (RADA), principal autoridad gubernamental a cargo del esfuerzo de reconstrucción.
"Confiamos en alcanzar esa meta. Las cosas han marchado bastante bien", dijo a IPS Ramesh Selliah, director de Vivienda de la RADA.
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Pero la construcción de 7.000 casas, la mayoría en el nordeste, ni siquiera comenzó.
"La situación es particularmente dramática en el norte y este del país, afectados por el conflicto. Allí la reconstrucción de viviendas fue más lenta que en el sur", dijo la organización internacional de lucha contra la pobreza ActionAid, en un informe titulado "Voces desde el área".
"Ni siquiera 12 por ciento de las casas completamente destruidas en el norte terminaron de reconstruirse. Sólo lo fueron alrededor de 26 por ciento de las del este, mientras que la proporción en el sur asciende a 86 por ciento", agregó.
Según las evaluaciones divulgadas por el gobierno y los donantes internacionales poco después del desastre, 60 por ciento de las necesidades de construcción de vivienda se concentraban en el nordeste.
"Fue muy difícil acceder a las áreas del nordeste a causa de la guerra civil. Ahora estamos en el proceso de evaluar la situación, pero no podemos predecir nada", dijo Selliah.
La más reciente fase de la violencia entre fuerzas del gobierno y los rebeldes Tigres para la Liberación de la Patria Tamil estalló en diciembre de 2005, cobrándose las vidas de 4.500 personas, incluidos 1.500 civiles.
Recientes combates obligaron a unas 300.000 personas a abandonar sus hogares, además de las 60.000 que fueron desplazadas por el tsunami, todavía alojados en refugios temporarios instalados en la región.
"El acceso a algunos sitios de construcción es restringido y el transporte de materiales es difícil o imposible, con los movimientos de delegados y del personal severamente obstaculizados", advirtió la Cruz Roja internacional, que asumió la construcción de 26.000 viviendas.
"Todos esos factores condujeron a demoras en alcanzar los objetivos de construcción. Proyectos ubicados en áreas de primera línea fueron congelados", agregó la agencia en un reciente informe.
El recrudecimiento de los combates y la subsiguiente crisis humanitaria suponen una presión adicional sobre recursos y personal que las agencias de alivio podrían dedicar, en otras circunstancias, a los esfuerzos de reconstrucción.
"Desde mediados de 2006, el conflicto en Sri Lanka desvió la atención de la comunidad humanitaria en general de la recuperación del tsunami. Muchos de ellos reorientaron programas en el norte y el este para concentrarse en la crisis de desplazados", señaló la Cruz Roja.
La violencia reciente puede haber creado un problema práctico muy real para el personal a cargo de la reconstrucción, pero, desde el comienzo, la entrega de asistencia al nordeste sufrió rezagos.
Según la RADA, el oriental distrito de Ampara, que concentró 24 por ciento de los daños a viviendas causados por el tsunami, había recibido apenas 14 por ciento (58 millones de dólares) del total de compromisos de donaciones.
El meridional distrito de Hambantota, por otro lado, recibió una suma casi cinco veces superior a los 11,4 millones de dólares que requería, con compromisos de hasta 45 millones de dólares.
La reciente detección de camiones de carga repletos de explosivos en su camino al sur de la isla también frenó el suministro, especialmente para las áreas septentrionales.
Todos los camiones, excepto los del Programa Mundial de Alimentos (PMA, agencia de la ONU), deben ahora descargar en un nuevo puesto de control a mitad de camino y volver a cargar luego de una revisión de seguridad, lo cual aumenta los costos y demora el transporte.
También hay restricciones a la carga de combustible y de material de construcción hacia áreas controladas por los Tigres, lo cual enlentece aun más la reconstrucción.
La septentrional península de Jaffna parece ser la más golpeada, aislada por tierra luego que el gobierno cerró la única carretera, la autopista A9, en agosto de 2006, por los ataques de los Tigres.
Los más de 500.000 habitantes de la península dependen de suministros del gobierno que reciben por mar y por unos pocos vuelos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) constató también flagrantes disparidades entre el sur y el nordeste del país en el cumplimiento de los programa de recuperación de medios de subsistencia.
"La expansión de las zonas de alta seguridad y el cierre de las rutas de suministro afectaron los medios de vida", señaló la OIT en un informe.
Esta agencia de la ONU con sede en Ginebra halló que 73 por ciento de las familias afectadas por el tsunami en Jaffna ganaban menos de 20 dólares por mes y que 45 por ciento dependían para su supervivencia de ingresos no vinculados al trabajo.
En el ámbito nacional, miembros de 90 por ciento de las familias afectadas habían vuelto a trabajar, aunque el nivel de ingreso cayó respecto de los tiempos pre-tsunami.
"El gobierno hizo muchas promesas y el pueblo todavía espera que cumpla con esas expectativas creadas hace más de dos años. Lo que nos queda claro a todos es que los sobrevivientes del tsunami ya no quieren más promesas rotas", dijo Sugali Kumari, de ActionAid.
Pero es más probable que el involucramiento del gobierno en los esfuerzos de reconstrucción se reduzca, y no aumente. Funcionarios de la RADA dijeron estar disminuyendo las operaciones y la mayoría de las oficinas a cargo de la tarea cerrarán para fines de año.