Weng Tojirakan, médico de 56 años, se mostraba desafiante este viernes en el Tribunal Penal de la capital de Tailandia, un día después de ser arrestado por la policía. «Esto sucede porque vivimos en dictadura», dijo.
Weng se encuentra entre nueve dirigentes de un grupo prodemocrático detenidos el jueves de noche a raíz de los choques entre manifestantes y policías registrados el domingo a la noche en Bangkok.
Entre los otros detenidos figuran un ex juez de la Corte Suprema, un ex miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un ex portavoz del depuesto del gobierno primer ministro Thaksin Shinawatra (2001-2006).
"Nuestra detención es otro paso en nuestra lucha para recuperar la democracia en Tailandia", dijo Weng, quien estaba frente a la casa de un asesor del reverenciado monarca del país, Bhumibol Adulyadej, cuando estallaron los disturbios.
Más de 100 personas resultaron heridas cuando la policía intentó impedir la concentración de unos 5,000 manifestantes, que respondieron arrojando piedras.
[related_articles]
Se trató del primer episodio de violencia luego del golpe de Estado de septiembre de 2006 y coincidió con el lanzamiento por parte del gobierno militar de la campaña hacia el primer referéndum en la historia del país, que se realizará el 19 de agosto.
Los votantes fueron convocados para decidir sobre un proyecto de Constitución, que, de ser aprobada, sería la número 18 que tendrá Tailandia desde que se convirtió en una monarquía constitucional en 1932.
El gobierno acelerará el ritmo de la campaña en la próxima semana, tanto a través de los medios de comunicación como del servicio postal.
Una copia del texto del proyecto de Constitución será enviada a cada votante registrado. Pero los tailandeses tendrán apenas tres semanas para leer las 186 páginas que contienen los 309 artículos de la propuesta.
Sin embargo, lo que está en juego es mucho más que la Constitución. El referéndum será la primera prueba de legitimidad en las urnas que afrontará el gobierno militar, en medio de las crecientes críticas que lo están tomando como blanco.
El golpe militar del 19 de septiembre de 2006 desplazó del poder a un gobierno que había sido elegido dos veces en comicios libres.
"El gobierno intenta legitimar el golpe y su gestión a través del referéndum, indicó Naruemon Thabchumpon, una cientista política de la Universidad Chulalongkorn de Bangkok. "Para ganar, el Ministerio del Interior ya organizó una red en las provincias, donde vive la mayoría de los votantes."
Un triunfo de los militares podría ayudar para reducir la tensión política, pero la "tregua" entre la oposición y los generales no duraría mucho, estimó. "Las divisiones se han hecho más profundas a partir del golpe", explicó Thabchumpon.
Los militares mencionaron su intención de restaurar un clima de unidad como excusa para producir el golpe, el decimoctavo desde la instauración de la monarquía constitucional.
Los generales argumentaron que las políticas del gobierno de Thaksin dividían al país. También lo acusaron de debilitar la democracia por la corrupción y el nepotismo.
Los golpistas se ofrecieron como una mejor alternativa para guiar al país en el camino del retorno a la democracia e incluso prometieron sostener una cultura política libre e imparcial.
Sin embargo, una ley aprobada el miércoles por el Parlamento, cuyos miembros fueron designados por los militares, generó dudas sobre esas garantías en vísperas del referéndum.
Cualquier intento de obstruir la votación será considerado delito, con penas de hasta 10 años de prisión.
Entre las ofensas se encuentran "desinformar" al público acerca del plebiscito y dañar las boletas electorales.
Esta medida se agrega al hecho de que casi la mitad de las 76 provincias de Tailandia se encuentran todavía bajo la ley marcial. Los militares también están usando a la policía para impedir que activistas pro-democracia se trasladen a la capital para protestar.
Un ex senador indicó que miembros del Comando de Seguridad Interna, un poderoso brazo del ejército, están vigilando los barrios más pobres.
Las restricciones de la junta sobre los pobres urbanos y la población rural se originan en el temor de que Thaksin, quien vive en el exilio, pueda retomar contacto con esos sectores, que constituyeron su principal base electoral. Con ella se aseguró resonantes victorias en las elecciones generales de 2001 y 2005.
Algunos analistas consideran que no hay diferencia entre la forma en que los militares intentan controlar el proceso político y los métodos que utilizó Thaksin para hacer lo mismo.
"Los argumentos que utilizaron los generales para justificar el golpe han sido demolidos uno a uno", le dijo a IPS un especialista estadounidense en la política tailandesa, David Streckfuss. "Tenemos a dos regímenes ilegítimos que se combaten uno a otro", agregó.
Tailandia se encuentra ante "una nueva cultura política", comentó el abogado y activista por los derechos humanos Somchai Homlaor. "El clima presente no es de libertad para los seguidores de Thaksin. Cada vez más personas sospechan que la junta quiere retener el poder", señaló.
Los líderes de los grupos pro-democracia, algunos de los cuales pegan carteles con la leyenda "Vote No" en las calles de Bangkok, son más frontales en sus críticas a la junta, sobre todo luego de los choques entre policías y manifestantes del fin de semana pasado.
"El referéndum será una farsa porque los militares tienen bajo su control a la policía, los soldados y los jueces", afirmó el líder del Frente Unido de la Democracia contra la Dictadura, Sant Hatthirat.
"El descontento de la gente sólo aumentará", dijo Sant a IPS. "La intimidación de las personas por parte de los militares es una forma de condicionar el voto."
