Gobiernos regionales, legisladores, sindicatos y otras organizaciones civiles de Perú exigen la derogación de los decretos emitidos por el presidente Alan García para dar marco legal a la represión indiscriminada de las protestas sociales.
Los primeros días de agosto se convertirán en un nuevo dolor de cabeza para el gobierno. Los presidentes de las regiones y la no gubernamental Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han decidido promover acciones de inconstitucionalidad para que queden sin efecto los puntos más controversiales de las normas dictadas por el gobierno.
El secretario ejecutivo de la Coordinadora, Pablo Rojas, informó a IPS que harán llegar al Congreso legislativo y a la Defensoría del Pueblo el recurso para que puedan iniciar el proceso de demanda ante el Tribunal Constitucional, el máximo órgano para la administración de justicia en Perú.
En forma paralela, la Coordinadora elabora un documento con los excesos que, según denuncia, cometió García al promulgar tales normas. Con ello recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte del sistema de la Organización de Estados Americanos.
Las normas, consideradas como un candado a la ola de protestas que afronta el país, forman parte de las 11 promulgadas el domingo pasado por el Poder Ejecutivo, que usó para ello el marco de facultades especiales otorgado por el Poder Legislativo para enfrentar la lucha contra el crimen organizado.
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Entre los aspectos más polémicos de los decretos se cuentan la inhabilitación y sanción con pena de cárcel a los funcionarios estatales que participen en movilizaciones, así como considerar a la huelga un delito de extorsión y declarar que no son imputables los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la policía que "en el cumplimiento de su deber" hieran o maten a una persona.
De ese modo, los militares y policías quedan eximidos de responsabilidad ante la justicia, al igual que los menores de edad o las personas que sufren trastornos psíquicos.
Cuando se cumple un año de gobierno de García ya se han registrado ocho muertos por la represión policial a movilizaciones sociales, según la Asociación Pro Derechos Humanos.
La crisis social desató protestas en distintas partes de Perú en reclamo, entre otros puntos, de la eliminación de las llamadas "services" (firmas tercerizadas), de que se establezca el impuesto a las ganancias mineras elevadas, se revise el tratado de libre comercio con Estados Unidos e imponga la libre desafiliación del Sistema Privado de Pensiones.
Estas demandas, que llevaron a las calles a cientos de miles de trabajadores, campesinos, maestros e integrantes otras organizaciones sociales, se refieren a promesas de García en su campaña electoral.
La respuesta del gobierno, que se autoproclama socialdemócrata, fue desplegar más de 15.000 efectivos policiales y facultar a las Fuerzas Armadas a actuar para impedir la toma de locales públicos. Para amparar legalmente la represión es que se promulgaron los decretos-leyes criticados.
El secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores del Perú, Mario Huamán, advirtió que, si el gobierno no retrocede "en su intento de reprimir las movilizaciones sociales, habrá nuevas medidas de lucha".
Huamán demandó al Congreso corregir estos decretos, porque en caso contrario se convertirá "en cómplice de una decisión abusiva, que busca silenciar los reclamos de la ciudadanía".
La oposición también hace lo suyo en el parlamento. El partido de centro izquierda Unión por el Perú (UPP) presentó esta semana un proyecto solicitando la derogatoria de algunos puntos del paquete de normas.
El secretario general de UPP, José Vega, señaló a IPS que impulsará esta iniciativa a partir de la primera semana de agosto, cuando se inicia la nueva legislatura ya que "se están violando derechos fundamentales".
"Una política represiva ante las protestas resulta contraproducente, abre paso a las violaciones de derechos humanos y a una situación de ingobernabilidad", comentó a IPS Pablo Rojas, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Para los presidentes de las regiones en que se divide políticamente el país, la norma está hecha especialmente contra esos gobiernos locales que han apoyado las movilizaciones de distintos grupos sociales de sus respectivos distritos.
El coordinador de la Asamblea Nacional de Presidentes Regionales, Vladimiro Huaroc, indicó a IPS que pedirá al nuevo titular del parlamento, Luis Gonzáles Posada, que impulse la derogación del decreto que sanciona la participación de funcionarios públicos en huelgas y manifestaciones, porque viola los derechos de las autoridades regionales al prohibirles apoyar las reivindicaciones de sus pueblos.
Huaroc informó que dos especialistas ya se encuentran elaborando la demanda de inconstitucionalidad por encargo de los presidentes regionales que, además, por estos días coordinan con los alcaldes provinciales de sus jurisdicciones para consolidar esfuerzos.
Luego de esta ronda de conversaciones entre las autoridades del interior del país, el 10 de agosto se realizará en Lima una asamblea nacional para evaluar el tema.
En la misma línea, el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú y alcalde de la norteña ciudad de Trujillo, César Acuña, anunció que convocará a la junta directiva de esta entidad para realizar un cónclave de alcaldes de Perú con la finalidad de rechazar el decreto.
La mayoría de expertos coinciden en que el Poder Ejecutivo se ha excedido en el uso de las facultades que le fueron otorgadas para materias específicas relacionadas con el crimen organizado, con lo cual se estaría vulnerando la Constitución.
Samuel Abad, ex defensor adjunto de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, explicó a IPS que el decreto que inhabilita a los presidentes regionales es muy ambiguo.
El Congreso no le dio "un cheque en blanco" a García para que dé normas de manera tan amplias, sostuvo el ex funcionario, aunque también aclaró que dentro del paquete de decretos-leyes existen otras disposiciones importantes para enfrentar el crimen organizado.
La Defensoría del Pueblo indicó a IPS que se encuentra elaborando un documento de análisis sobre tales decretos para entregárselo al Congreso, que es el llamado a pronunciarse sobre las cuestionadas normas a los 10 días de que entren en vigencia.
Tal como lo ha pedido la bancada de UPP, el Poder Legislativo podría derogar los decretos, lo cual conllevaría un proceso más corto que conseguir la declaratoria de inconstitucionalidad.
Pero sucede que la presidencia del Congreso volvió a quedar el jueves en manos de un representante del gobernante Partido Aprista Peruano. Y además acaba de presentarse una iniciativa de los legisladores oficialistas para bajar la valla a las solicitudes de vacancia (destitución) de las autoridades regionales.
Simultáneamente, ante la denuncia del gobierno nacional de que algunas movilizaciones sociales están siendo financiadas por los gobiernos regionales, el contralor de la República, Genaro Matute, dijo a IPS que aprobará en los próximos días una directiva para investigar si se han utilizado recursos del Estado para esos fines.
Se busca cerrar los candados de las movilizaciones desde diversos flancos.
Para la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, el decreto pretende "convertir en un delincuente al funcionario que participa en una huelga", lo cual revela que existen problemas al intentar "criminalizar" las protestas.
"Están buscando la forma de amedrentarnos, quieren arrinconarnos.", apuntó ante IPS el presidente de la meridional región de Puno, Hernán Fuentes, el gobernante local que más se ha enfrentado al gobierno de Alan García.
Precisamente, los decretos se promulgaron cuando Fuentes convocó a un paro regional en Puno para el miércoles pasado. Ante ello, la autoridad regional dio una tregua hasta el 3 de agosto para que el gobierno nacional atienda sus demandas.
El constitucionalista Jorge Avendaño considera que se ha distorsionado el concepto de delito de extorsión, que normalmente se sanciona cuando una persona quiere sacar alguna ventaja económica indebida.
Pero el primer ministro y presidente del consejo ministerial, Jorge del Castillo, respondió ante las críticas que el concepto sobre dicho delito era lo de menos, porque lo importante es gobernar con la Constitución en la mano para que "Perú no se desquicie".
"La democracia no es desorden y el país no es de propiedad de los anárquicos", dijo Del Castillo.
Avendaño entiende que el gobierno se equivoca al querer preservar el orden antes que respetar el derecho a la vida del ser humano, al declarar inimputables a los militares y a los policías.
"Debe haber una proporcionalidad entre el ataque y el rechazo. Esta norma podría abrir el camino a actos de abuso, porque los policías y militares también son personas que pueden cometer errores", advirtió.
"Por eso se debe dejar la decisión de establecer sus responsabilidades penales en manos de los fiscales y los jueces", dijo.
