Los gobiernos del Caribe exigen información sobre los emigrantes de la región deportados por Estados Unidos de regreso a sus países de origen y asistencia para manejar el fenómeno. Pero Washington no les ha respondido hasta ahora.
"Queremos saber cuándo llegarán, quienes son y que se les brinde algún tipo de recursos y dinero antes de enviarlos con las manos vacías", dijo el portavoz de la Comunidad de Naciones del Caribe (Caricom), Leonard Robertson. "Nuestros gobiernos lo piden hace años."
El jamaiquino James Dean Collins fue deportado a Guyana en 1999 desde el meridional estado de Texas, Estados Unidos, luego de usurpar la identidad Edgar Garfield Gibbons, mecánico guyanés que había extraviado su carné de residencia en Nueva York, al otro extremo de la costa del océano Atlántico.
Pero el hecho de que el usurpador hubiera terminado a 1.600 kilómetros de su país de origen no fue lo que enfureció a los gobiernos del Caribe, sino la presión del gubernamental Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) sobre la Embajada de Guyana para que eso sucediera.
El gobierno guyanés debió mantenerlo más de un año detenido en una dependencia policial, hasta que se confirmó la verdadera identidad de Collins y agentes estadounidenses lo escoltaron de regreso a una cárcel de Texas.
Desde entonces, la situación ha empeorado. Las autoridades caribeñas mencionan el caso Collins-Gibbons, entre muchos otros de gran notoriedad, para exigir al gobierno de George W. Bush mejores mecanismos de deportación.
La semana pasada, el subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, que atiende los asuntos de América y el Caribe, realizó audiencias especiales sobre las deportaciones, luego de una cumbre entre Bush y sus pares de la región el 20 de junio.
Los jefes de gobierno caribeños entregaron a Bush en la Casa Blanca un informe realizado por la experta jamaiquina Annmarie Barnes, según el cual Jamaica, Trinidad y Tobago y Guyana recibieron 30.000 deportados entre 1990 y 2005.
El retorno de asesinos, narcotraficantes, asaltantes y violadores, entre otros delincuentes supuestos y comprobados, elevó la criminalidad en el Caribe, lo que obligó a los gobiernos a apelar a expertos policiales de Gran Bretaña.
De los 30.000, unos 17.000 habían sido acusados de narcotráfico, 600, de asesinato, y 1.800, de posesión ilegal de armas de fuego. "Estados Unidos es responsable de más de 75 por ciento de las deportaciones de delincuentes a la región", alertó Barnes.
Pero no todos los deportados cometieron delitos violentos o graves.
El subcomité también recabaron también el testimonio de organizaciones de derechos humanos y de legisladores como Charlie Rangel, del opositor Partido Demócrata, de origen latino y elegido en Nueva York, quien asistió a la cumbre de la Caricom en Barbados a comienzos de mes.
Alison Parker, de la organización Human Rights Watch, condenó la política de deportación de criminales antes de cumplir sus condenas, a la que consideró "sin corazón" y discorde con los principios internacionales de derechos humanos.
"Las leyes de derechos humanos reconocen que el privilegio de vivir en un país como no ciudadano puede condicionarse a la obediencia de las normas nacionales. Pero un país como Estados Unidos no puede hacer uso de tal privilegio sin respetar los derechos humanos de los inmigrantes a los que permitió el ingreso", dijo.
Parker recomendó al Congreso legislativo restaurar las leyes que atribuían a los jueces facultades discrecionales en casos de delitos menores y fuertes vínculos familiares.
"Las familias han sido divididas por un único error, incluso leve, como robo al descuido en un comercio o posesión de drogas", aseguró.
Funcionarios de Estados Unidos y del Caribe consideran que las deportaciones constituyen uno de los principales problemas políticos del vínculo entre el país norteamericano y esa región.
Algunos gobiernos caribeños consideran emular un programa piloto que funciona en Haití, por el cual los deportados reciben asistencia financiera y se les ayuda a abrir microempresas para impedir que caigan en las redes de narcotraficantes y otras bandas de delincuentes.
El impacto de las deportaciones en Guyana, Trinidad y Tobago y Jamaica equivale al hipotético ingreso en Estados Unidos "de más de un millón de narcotraficantes y 40.000 homicidas", según Barnes.
El ministro trinitario Conrad Enill afirmó que una mejor comunicación con las autoridades estadounidenses sería clave para el establecimiento de programas exitosos.
"Lo que les decimos es: si van a traerlos de regreso, necesitamos saberlo de antemano, para poder saber dónde están. Debemos recibirlos adecuadamente", dijo Enill.
Carlton Davis, portavoz del gobierno jamaiquino, no tiene dudas de que la política estadounidense de deportaciones contribuye con el aumento de la criminalidad en el Caribe.
"Cuando vienen, quedan libres. Un estudio demostró que existe una fuerte correlación entre deportaciones y delitos violentos. Necesitamos una discusión seria para poder manejar este flujo de personas que, según se me ha dicho, no tienen familia", afirmó Davis.
"Probablemente se conviertan en 'asesores técnicos'" de delincuentes, agregó. "No digo que sean la causa de nuestros problemas, pero es un factor" que los agrava, según el funcionario.
Sólo en 2005, Jamaica recibió a 530 personas condenadas por asesinato.
