Henok Sibuea nació hace 30 años en la isla indonesia de Sumatra. En 2004 reunió sus ahorros y, como miles de sus compatriotas, atravesó en barco el estrecho de Malaca rumbo a la capital de Malasia.
Tenía la ilusión de conseguir trabajo y enviar dinero a su esposa y cuatro hijos.
Pero a principios de junio, Sibuea estaba en el banquillo de los acusados del alto tribunal de Shah Alam, 30 kilómetros al este de Kuala Lumpur, acusado de poseer más de cinco kilogramos de marihuana.
Sibuea fue condenado a 16 años de prisión y a ser azotado 10 veces. Pero puede decirse que tuvo suerte.
Otros compatriotas suyos se pudren en cárceles de Malasia, condenados a la horca. Sibuea, en cambio, fue acusado de "posesión" y no de "tráfico" de marihuana, que se castiga con la pena capital.
[related_articles]
Según informó un portavoz de la Embajada de Indonesia, "varios cientos" de indonesios, la mayoría de la noroccidental provincia de Aceh, en Sumatra, están presos en este país por delitos vinculados con tráfico de drogas y algunos por asesinato.
La pena de muerte es uno de los castigos previsibles para ambas faltas.
"Escribimos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Malasia para obtener detalles sobre todos los indonesios condenados a muerte. Queremos hacer todo lo posible por defenderlos legalmente", dijo el portavoz a IPS.
Bajo la Ley de Drogas Peligrosas de 1952, poseer 200 gramos de marihuana en este país basta para ser condenado a 20 años de prisión.
"Si te acusan de narcotráfico y resultas culpable, estás condenado a morir en la horca", explicó el abogado Ramu Annamalai Kandasamy, quien trabaja en 30 casos de condenados a muerte, en su mayoría indonesios de Aceh acusados de ese tipo de delitos.
"Gran parte de ellos son pobres y vienen a Malasia desde poblados asolados por la pobreza en busca de una vida mejor, pero terminan en el pabellón de los condenados a muerte", dijo Ramu a IPS.
Según este abogado, la pobreza rural es la principal causa detrás del narcotráfico en esta región.
"Un kilogramo de marihuana cuesta alrededor de 1,5 dólares en Aceh, y el precio se eleva aquí a unos 465 dólares. Es muy triste. Se pudren en la cárcel", explicó Ramu, quien se opone a la pena capital
"El Estado es quien mata, es primitivo. ¿Tenemos derecho a matar a otros seres humanos?", se preguntó.
La organización abolicionista internacional Que Nadie Toque a Caín, con sede en Roma, informó que había en marzo de 2006 en Malasia 159 condenados esperando la horca, el método de ejecución que se aplica en este país.
En los últimos 26 años, se registraron en Malasia 358 ejecuciones, al menos 210 por delitos vinculados con el narcotráfico, según datos oficiales. Hubo una sola ejecución en 2006. Las anteriores tres se cumplieron el 27 de diciembre de 2002, en la prisión de Kajang.
La Corte Federal, el mayor tribunal del país, atiende en este momento unos 10 casos de indonesios que podrían ser condenados a muerte, la mayoría por delitos de narcotráfico, según funcionarios judiciales.
"El tribunal de apelaciones analiza otros 50 casos. Hay como 100 más en otros cuerpos judiciales, algunos de los cuales ya tienen sentencia y otros en etapa de investigación", según un funcionario judicial que pidió reserva sobre su identidad.
"Hay un aumento de casos vinculados a drogas", remarcó.
Éste es el "Año para visitar Malasia", según una declaración oficial del gobierno, que espera recibir unos 30 millones de turistas. Las autoridades ofrecen incentivos como visas gratuitas para los viajeros que utilicen la aerolínea local.
Con las normas de ingreso de turistas más laxas, también se elevó la cantidad de droga que ingresa en Malasia.
"Hay más requisas de droga y más detenciones, según la prensa. Esto llevará a un aumento de las condenas a muerte a medida que se procesa a los detenidos", apuntó Ramu.
El aumento de los casos de condenados a muerte por delitos vinculados con drogas no es un fenómeno único de Malasia, sino de toda Asia sudoriental, según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres.
Josef Roy Benedict, director de la filial malasia de Amnistía, señaló que en 16 países de Asia-Pacífico los delitos de narcotráfico se castigan con pena de muerte, a pesar de que nada prueba que el castigo funcione como disuasivo.
Además, en varios de esos países, como Corea del Norte, Malasia y Singapur, las leyes no dejan margen para que los jueces apliquen otras penas.
"Se dictan condenas a muerte como se ponen globos en un cumpleaños infantil. Es una cuestión de talle único", señaló Yap Swee Seng, director ejecutivo de la organización de derechos humanos Suaram.
En Malasia la pena de muerte también es obligatoria para delitos de terrorismo, asesinato, posesión de armas de fuego, y desde hace poco, contaminación de suministros de agua que causen la muerte.
Según el diario New Straits Times, algunos acusados de asesinato, narcotráfico y posesión de armas de fuego, entre ellos varios malasios, permanecen desde hace entre 10 y 22 años en prisión.
"De hecho, se les dictaron dos tipos de sentencias: largas penas de reclusión incomunicados y pena de muerte", según el abogado Charles Hector, director de la organización no gubernamental Malasios Contra la Pena de Muerte.
"Las demoras y los problemas administrativos mantienen vivos a los acusados", señaló Hector. "Es de una crueldad extrema que la pena de muerte penda sobre una persona."
El Colegio de Abogados, de 12.500 miembros, también se opone a la pena capital. En marzo de 2006 llamó a abolir ese castigo extremo y a conmutar las penas de muerte por cadena perpetua.
"La incertidumbre, la espera indefinida y el temor por la llegada del último momento es una tortura psicológica, cuya naturaleza ni siquiera pueden comenzar a comprender aquellos que no pasaron por ese calvario", dijo Yap a IPS.
La mayoría de los malasios están en contra de la pena de muerte y de que los reclusos pasen años en el pabellón de la muerte y en situación de incomunicados.
Sesenta y cuatro por ciento de los entrevistados para una encuesta realizada el año pasado por un canal de televisión estaban contra la pena capital y a favor de la abolición.
Pero el gobierno y gran parte de la burocracia judicial consideran que ese castigo extremo es un método válido para disuadir el delito y se mostraron contrarios a eliminarlo.
El subsecretario de Asuntos Legales, M. Kayveas, dijo al parlamento que el sistema judicial tiene suficientes salvaguardas para evitar que se dicten condenas a muerte de forma indiscriminada.
Por su parte, legisladores opositores respondieron que esas salvaguardas son mínimas y que cada vez se abusa más de la pena capital.
De acuerdo con las leyes y prácticas actuales de Malasia, los detenidas no tienen acceso inmediato a un abogado, ni a una llamada telefónica ni a una audiencia previa al juicio.
"La pena de muerte crea un círculo vicioso de violencia sin sentido. Tenemos que encontrar la voluntad política para terminar esta matanza insensata", indicó Ramu.
