Tres años después del incendio del supermercado Ycuá Bolaños, la peor tragedia civil en la historia de Paraguay, los familiares de los 364 muertos y de los más de 500 heridos ven cada vez más lejos la condena judicial a los responsables.
Los recursos presentados uno tras otro por la defensa de los acusados hacen que sea prácticamente imposible que el proceso judicial con miras a un nuevo juicio oral se inicie el 8 de agosto, tal como fue establecido por la Corte Suprema de Justicia en diciembre.
La máxima instancia judicial de este país declaró nulo el primer juicio, luego de que familiares de las víctimas provocaran graves desórdenes al considerar que las penas impuestas por los jueces eran excesivamente bajas. Pero esto no afectó la acusación inicial de la Fiscalía.
Los abogados de los accionistas del supermercado presentaron en enero una recusación contra dos de los tres miembros del Tribunal de Sentencia que debe juzgar el caso.
Esta medida debe ser resuelta, a su vez, por un Tribunal de Apelaciones, que hasta ahora no ha podido ser conformado porque los 19 jueces convocados se han excusado de intervenir, alegando amistad o enemistad con las partes, por ser allegado a alguna de las víctimas o por el simple hecho de ser vecino de la zona donde ocurrió el siniestro, el 1 de agosto de 2004.
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Liz Torres, integrante de la Coordinadora de Víctimas, Familiares y Personas Amigas del Ycuá Bolaños, dijo a IPS que la inhibición de jueces es indignante y vergonzosa, y demuestra que la justicia paraguaya es incapaz de funcionar con "seriedad".
"Desde el principio hubo realmente un manoseo total, es penoso, triste y terrible decirlo, pero así es. Las casi 400 personas que se calcinaron allí no lograron sensibilizar a esa estructura", criticó.
Además de la recusación contra los jueces, hay otros seis incidentes planteados por la defensa de los acusados, entre ellos un pedido de anulación del proceso, lo que torna aun más sombrío el panorama para el comienzo de la audiencia oral.
Las trabas surgidas para el inicio del nuevo juicio "forman parte de una estrategia de los acusados para dilatar el proceso, que, incluso, podría ser archivado en agosto de 2008 si no cuenta con una sentencia", advirtió ante la consulta de IPS Roberto Almirón, representante de la Asociación de Víctimas y Familiares del Ycuá Bolaños.
"Si una sencilla recusación contra los miembros del Tribunal no puede resolverse, cómo van a resolver los otros seis incidentes planteados por la defensa de los acusados", se preguntó Almirón.
Según el Código Penal, si una causa no recibe sentencia en un plazo de tres años, automáticamente se extingue y los procesados quedan libres de culpa y cargo.
Sin embargo, el fiscal acusador Edgar Sánchez cree poco probable que se llegue a esta instancia frustrante. Alega que la ley 2.341, más conocida como "Ley Camacho", por el nombre de su autor, expresa tácitamente que la presentación de incidentes interrumpe automáticamente los plazos procesales.
A pesar de ello, el abogado Alejandro Nissen, que representa a 70 víctimas de la tragedia, peticionó la semana pasada al Tribunal de Sentencia que se interrumpan "formalmente" los plazos procesales ante el temor de la extinción de la causa.
"No queremos llevarnos una sorpresa y que en unos meses los defensores de los acusados pidan la extinción de la causa, por lo que es necesario que tengamos una resolución judicial", puntualizó Nissen a IPS.
Están procesados y a la espera del juicio oral en esta causa Juan Pío Paiva, propietario del supermercado incendiado, su hijo Víctor Daniel Paiva y el guardia del establecimiento Daniel Areco. Los tres permanecen encarcelados y responden por los delitos de homicidio y exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos.
También están imputados por este último delito los demás miembros del directorio de la empresa, Humberto Casaccia, Antolina Burgos de Casaccia, Agustín Alfonso y María Victoria Cáceres de Paiva, esposa del dueño del supermercado. Todos ellos gozan de libertad ambulatoria.
En un comunicado emitido por las organizaciones de los familiares y víctimas de la tragedia, se denuncia la posibilidad de que el caso se extinga debido a los recursos que presenta la defensa.
"Por casi tres años vimos con impotencia que en nuestro mercado de juicios los comerciantes de sentencias utilizaron reiteradas chicanas jurídicas para ganar tiempo y llegar a la muy probable impunidad a los culpables del mayor homicidio colectivo en tiempos de paz, de la causa más dolorosa, de la más emblemática, y de la más vergonzosa que conozca la historia jurídica paraguaya y hasta del mundo", dice el documento.
Para las víctimas, el calvario judicial se hace cada vez más doloroso. Rafael Benítez, sobreviviente del incendio, lamentó la falta de compromiso por parte de los jueces que siguen desentendiéndose con una causa que enlutó al país.
"Cada momento, el recordar a las víctimas me pesa. Mi hija, Estela Benítez, falleció y su esposo sigue con vida, pero con secuelas. Esto se tenía que haber solucionado hace mucho tiempo, y que termine todo de una vez porque, recordándole a mis seres queridos, me pesa", dijo a IPS.
El primer juicio contra los Paiva y Areco, que comenzó el 24 de julio de 2006, fue anulado por la Corte Suprema de Justicia luego de su brusca paralización en diciembre por la violenta reacción de los familiares de las víctimas durante la lectura de la sentencia.
En esa ocasión, el tribunal consideró a los acusados culpables del delito de homicidio culposo, castigado sólo con una pena de hasta cinco años de cárcel.
La Fiscalía había solicitado la condena por homicidio doloso, que conlleva penas de hasta 25 años de prisión, la máxima en la legislación paraguaya, al argumentar que las puertas del local fueron cerradas cuando comenzó el fuego para evitar actos de vandalismo o que los clientes se retirasen sin pagar.
Mientras en la justicia sigue la cadena de inhibiciones de jueces, las organizaciones de víctimas se preparan para este recordar este miércoles el tercer aniversario de la tragedia.
Con el lema "No hay paz sin justicia, sí a la vida, no a las mercaderías", el programa de actividades incluye manifestaciones frente al Palacio de Justicia, debates, una muestra artística denominada "Arte por la memoria" y una misa de acción de gracias frente a las ruinas del ex supermercado, hoy convertido en un santuario.
El incendio del supermercado Ycuá Bolaños, en Asunción, se inició a las 11:25 hora local, cuando el recinto se encontraba abarrotado por más de 800 personas.
Una explosión en el sistema de gas de la cocina se propagó hacia el patio de comidas y arrasó con las dos plantas del edificio, incluyendo el estacionamiento.
Supervivientes de la tragedia afirman que eso provocó una estampida hacia las salidas, pero al llegar a las puertas, descubrieron que estaban cerradas.
Según artículos de prensa y declaraciones de testigos durante el proceso criminal, las puertas fueron clausuradas por órdenes de los empresarios con el fin de no dejar que nadie saliera sin pagar por los bienes del supermercado.
La Secretaría de Emergencia Nacional confirmó hasta ahora la muerte de 364 personas, luego de que pruebas de ADN lograran identificar varios restos óseos en el último año. Aún permanecen en calidad de desaparecidas otras 11 y muchas de las alrededor de 500 que resultaron heridas aún luchan por superar las secuelas.
El incendio de similares característica que destruyó el 30 de diciembre de 2004 la discoteca República Cromañón, en un barrio céntrico de Buenos Aires, donde murieron 194 personas, reforzó la exigencia de control por parte de los organismos municipales de los países de América del Sur en cuanto a materia de seguridad en los recintos de acceso público.
