En julio de 2006, la oposición de México acusaba a la Suprema Corte de Justicia de cometer una de las peores faltas en las que puede incurrir un tribunal que, en teoría, es máximo garante del respeto a la Constitución: proteger a «corruptos» y ser cómplice de fraude electoral.
En apenas un año, la Corte logró modificar diametralmente su imagen, al punto de que hasta sus más acerbos críticos de entonces hoy la elogian por sus fallos en contra del interés de grandes grupos empresarios, por promover pesquisas sobre violaciones de derechos humanos y por combatir la corrupción de gobiernos locales.
Entre los antecedentes que explican el cambio se cuentan las reformas que se introdujeron a la Corte a mediados de la década del 90 para elevarla a la categoría de tribunal constitucional e instancia final de cualquier controversia entre los poderes del Estado.
En ese marco, el máximo tribunal fue dotado de autonomía y facultades para analizar casos graves de violación de garantías legales. Asimismo, todos los jueces anteriores, que tenían cargos vitalicios, fueron removidos y pasó a estar integrado por 11 ministros que duran 15 años en funciones.
A pesar de esto, la satisfacción con la Suprema Corte no ha sido moneda corriente en México.
Durante décadas, el máximo tribunal estuvo ligado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el país entre 1929 y 2000, y su peso institucional fue casi nulo. En la presidencia de Vicente Fox (2000-2006), su protagonismo se mostró en alza, al igual que los cuestionamientos a sus decisiones.
En 2002, activistas sociales y políticos de izquierda declararon que la Suprema Corte era "racista" cuando no aceptó una impugnación a reformas constitucionales que abordaban cuestiones de cultura indígena, formulads por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, asentado en el meridional estado de Chiapas, el más pobre del país.
La oposición cuestionó, asimismo, la resolución de 2005 que declaró fundados los procesos legales abiertos contra un poeta que en uno de sus textos habló en contra de los emblemas patrios. Los ministros de la Corte consideraron que su acción se inscribió en el delito de "ultraje a los símbolos nacionales".
En agosto de 2006, el opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusó al máximo tribunal, cuyos miembros ganan alrededor de 16.000 dólares mensuales, de "corrupto e inoperante".
El PRD lanzó su ataque luego de que los magistrados se negaron a tratar el supuesto fraude electoral cometido contra el candidato presidencial del partido, Andrés López Obrador, en las elecciones del 2 de julio, en las que fue elegido el actual mandatario, Felipe Calderón.
Los ministros de la Corte argumentaron que, al existir un tribunal electoral como máxima instancia en esa materia, ellos no podían intervenir, salvo en caso de que al menos un juez de ese mismo tribunal electoral lo solicitara con argumentos de peso.
"Tenemos que rescatar a la Suprema Corte de las manos de un grupo de privilegiados que mandan y dominan en ese tribunal, que ha dejado de impartir justicia y se ha dedicado a proteger a delincuentes de cuello blanco y a corruptos", señaló López Obrador. También acusó a los jueces de ser "cómplices del fraude".
Hoy, sin embargo, el PRD se congratula de las últimas resoluciones de los máximos jueces del país, igual que analistas identificados con la izquierda política.
La Corte fue este mes el centro de todas las miradas luego de dar un duro golpe a las otrora intocables Televisa y TV Azteca, al declarar inconstitucionales varios puntos de una ley sobre radio y televisión aprobada el año pasado bajo la presión de los dos gigantes mediáticos.
Para debatir sobre ella, los ministros de la Corte asumieron una actitud de transparencia inédita. Difundieron de manera íntegra y en vivo sus deliberaciones a través de un canal público de televisión.
En su página de Internet colocaron sin restricción de acceso el proyecto de resolución, que indicaba que la ley "propicia fenómenos de concentración que contrarían el interés público".
La Corte también decidió investigar denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades durante una rebelión social registrada entre mayo y noviembre de 2006 en el sureño estado de Oaxaca.
También aceptaron la revisión de las acciones judiciales contra la periodista Lydia Cacho, quien reveló la existencia de una red de abuso sexual de niños. Al parecer, el juicio contra la periodista estuvo amañado por la gobernación del estado central de Puebla, en colusión con un empresario.
Otra resolución que recibió apoyo de la mayoría de actores políticos, y que también fue transmita en vivo por televisión, se adoptó en febrero, cuando los jueces dictaminaron, en votación dividida, que es inconstitucional dar de baja a militares portadores del virus del sida, práctica que seguía vigente.
Todos los partidos políticos y gran parte de los observadores felicitaron a la Corte por sus resoluciones, pues a su entender demostró ser un auténtico garante de las leyes y los derechos de los mexicanos
"Estamos aprendiendo a respetar a la Suprema Corte de Justicia y así debemos seguir, no sólo cuando nos gustan sus resoluciones sino también cuando pensamos que son retrógradas o erradas", dijo a IPS el abogado constitucionalista Diego Pedroza.
"Tenemos un poder del Estado que está dado muestras de independencia y eso es bueno para la democracia que construye México", agregó.
Por su parte, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz, declaró el 26 de junio que el máximo tribunal no tiene interés en el protagonismo y que sólo actúa sobre la base de la ley, buscando la transparencia.
"Las decisiones correspondientes, aunque trascendentes, forman parte de nuestras tareas cotidianas", afirmó.
El nuevo clima afrontará una importante prueba en las próximas semanas.
La Corte deberá pronunciarse sobre un recurso presentado por la fiscalía general, que depende del gobierno del conservador Calderón, contra la ley que despenalizó el aborto en la capital mexicana siempre que se practique antes de la semana 12 del embarazo.
Cualquiera sea la resolución de los ministros, un importante sector de la población y las fuerzas políticas estará disconforme.
