Un puñado de miembros del Congreso legislativo de Estados Unidos dio un pequeño paso para limitar las exportaciones de bombas de racimo, arma que se ha utilizado desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) con devastadoras consecuencias para los civiles.
El senador del opositor Partido Demócrata, Patrick Leahy, incluyó el mes pasado una cláusula en el proyecto de asignación de fondos para las operaciones internacionales que podría reducir significativamente las ventas de Washington de este tipo de armas.
"Perdida" entre una larga lista de partidas presupuestarias del Departamento de Estado (cancillería), programas de ayuda militar e iniciativas de desarrollo económico, figura la adición de Leahy, que prohíbe la venta o transferencia de bombas de racimo con una tasa de mal funcionamiento superior a uno por ciento.
Estados Unidos cuenta con un arsenal de casi 1.000 millones de bombetas, las pequeñas submuniciones que dejan caer las bombas de racimo desde una distancia predeterminada del suelo. Algunas de ellas se remontan a la época de la guerra de Vietnam (1965-1975) y tienen una incidencia de fallas de hasta 23 por ciento.
La cláusula añadida por Leahy, en caso de ser aprobada, impediría la venta de gran parte del arsenal estadounidense de estos explosivos.
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El proyecto también contempla prohibir su venta o transferencia a países que no acepten usarlas exclusivamente contra blancos militares claramente identificados, evitando áreas en las que se encuentren o vivan civiles.
Las bombas de racimo, sin embargo, están específicamente diseñadas para "blancos suaves": esencialmente personas. Tienen un uso muy limitado contra puentes, vías férreas o instalaciones militares, pero pueden causar desastres en batallones de tropas y los civiles que se encuentren en las cercanías.
Estas armas tienen un tamaño aproximado al de una lata de gaseosa, colores brillantes y formas intrincadas. Pueden convertir un campo de cultivo en una zona de terror o la calle de un vecindario en una trampa cazabobos. Provocan una senda de devastación cuando caen, matando plantas, animales y personas.
La masacre continúa semanas y aún meses después, cuando los combatientes ya dejaron la zona o el conflicto finalizó y los civiles intentan el prudente, a veces penoso, proceso de retornar a una vida normal.
Las pequeñas submuniciones están diseñadas para explotar en el momento del impacto, esparciendo esquirlas que pueden atravesar 10 centímetros de acero y llegar hasta a más de siete metros del punto en el que cayeron.
Cuando no explotan, yacen ocultas en un campo de arroz, enterradas entre la basura de una calle o pendiendo de un árbol, lo que las convierte de hecho en minas terrestres para los civiles que vuelven a trabajar, jugar y llevar sus vidas normalmente. No es difícil imaginar lo que estos explosivos le pueden hacer, en el mejor de los casos, a la pierna de un niño o la mano de un campesino.
El proyecto de ley no hace referencia a una prohibición de su uso por parte de Estados Unidos, pero podría tener un gran impacto en los arsenales de otros países. Washington ha vendido o entregado bombas de racimo a unos 25 países, entre los que se encuentran Arabia Saudita, Indonesia, Israel, y Pakistán.
La aprobación de la cláusula incluida por Leahy en la Comisión de Asignaciones del Senado, casi por unanimidad, puede señalar un cambio hacia una regulación más estricta respecto de las bombas de racimo.
"Hay muy buenas posibilidades que aprobación del proyecto en el Senado, ya que los republicanos en la comisión votaron a favor", dijo a IPS el secretario legislativo del no gubernamental Comité de Amigos sobre Legislación Nacional, Scott Stedjan.
El comité es una organización pacifista de Washington. Stedjan trabajó en este tema tanto con Leahy como con la senadora Dianne Feinstein, también demócrata.
El año pasado, ambos legisladores introdujeron modificaciones al proyecto de ley de Asignaciones para Defensa que limitaban severamente la utilización y venta de bombas de racimo.
Sin embargo, el proyecto fue puesto a consideración a poco tiempo de finalizada la guerra entre Israel y la milicia Hezbolá en Líbano, en la que el uso de bombas de racimo por ambas partes constituyó un aspecto altamente polémico. El tema eclipsó todos los restantes en la agenda y fue rechazado en una votación de 70 a 30.
Un proyecto similar, presentado este año, cuenta con el patrocinio de 11 senadores, ninguno de los cuales se opuso a la medida en 2006.
Otra señal sobre un nuevo clima en este tema se produjo semanas antes de que la comisión del Senado aprobara las limitaciones a la exportación de bombas de racimo. Funcionarios del gobierno dijeron por primera vez que estaban dispuestos a iniciar negociaciones sobre un tratado que regule su uso, en el marco de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Uso de Armas Convencionales.
Ese fue un cambio importante para un gobierno que cinco meses atrás se había negado a participar de una conferencia internacional sobre municiones de racimo que se realizó en Oslo, en la que 46 países acordaron trabajar para llegar a un acuerdo internacional que prohíba su uso.
En ese mismo mes, un portavoz del gobierno de Estados Unidos declaró a la prensa que Washington "considera que estas armas tienen un lugar y un uso en los arsenales militares".
Aunque la historia de las bombas de racimo se remonta a la Segunda Guerra Mundial, fueron usadas por primera vez en su forma actual como parte de la campaña contra la guerrilla comunista en la guerra de Vietnam (1965-1975).
Estados Unidos arrojó más de 82 millones de bombetas sobre ciudades vietnamitas, incluida la capital del entonces Vietnam del Norte, Hanoi.
Esas submuniciones todavía se pueden encontrar en 43 de las actuales 65 provincias vietnamitas. Las fuerzas estadounidenses también las emplearon con efecto devastador en Camboya y Laos.
Washington también utilizó estas armas contra fuerzas iraquíes en Kuwait durante la primera Guerra del Golfo en 1991, en operaciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en la ex Yugoslavia en 1999 y en Afganistán en 2001.
En la invasión a Iraq en 2003, Estados Unidos lanzó cohetes, misiles y bombas que esparcieron más de dos millones de submuniciones alrededor del país, incluso en centros poblados como la capital, Bagdad. Cientos murieron y miles resultaron mutilados.
"Si realmente se hicieran cumplir las leyes humanitarias internacionales, estas armas serían declaradas ilegales", afirmó Stedjan.
Por ahora, los activistas dicen que el primer paso para modificar la política de Estados Unidos en este punto es limitar la exportación de estas armas. El proyecto actualmente bajo consideración sería votado en el recinto por el pleno del Senado a fines de julio o en septiembre, tras el receso de verano en el hemisferio norte.
