Fuerzas de seguridad bajo el control de los partidos políticos de Kurdistán iraquí, ajenas al Ministerio del Interior en Bagdad, practican como rutina la tortura de detenidos, advirtió este martes la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
Las Asayish pertenecen al Partido Democrático Kurdo (PDK) y a la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK), que formalmente se unificaron en julio de 2006, pero mantienen centros de detención separados.
A pesar de las torturas practicadas por las fuerzas Asayish, la mayoría de los abusos cometidos en esa región autónoma parecen nimios frente a la violencia, atentados terroristas y la delincuencia que asola gran parte del territorio iraquí.
"El mundo exterior mira a Iraq y ve desorden y desastre. En cambio, Kurdistán parece una región segura y estable", señaló Ayub Nuri, de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), con sede en Washington.
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"La violencia en el resto de Iraq eclipsó los abusos cometidos en Kurdistán", indicó.
Kurdistán mantiene una amplia autonomía desde 1991, al cabo de la guerra del Golfo, cuando se independizó de hecho del régimen iraquí de Saddam Hussein (1979-2003) bajo la protección de fuerzas aéreas occidentales.
La mayoría de los detenidos por las Asayish no han sido acusados de delito alguno, no tienen información sobre su situación legal ni están en condiciones de apelar, según el informe de HRW titulado "Atrapados en el torbellino: Tortura y negación del debido proceso por las Fuerzas de Seguridad de Kurdistán".
Asayish mantuvo cientos de presos sin el debido proceso, en especial los arrestados bajo sospecha de delitos de terrorismo, por más de cinco años en algunos casos.
Muchos de los presos también se quejaron de que no pueden recibir visitas de sus familiares y de que, en algunos casos, tampoco les informan a ellos de su paradero, según el informe.
Los métodos de torturas utilizados con más frecuencia son los golpes con cables, palos de madera, varas de metal y mangueras, entre otros instrumentos.
Los detenidos también denunciaron que los guardias de Asayish los dejan en "posiciones de estrés" por largos periodos, los mantienen con los ojos vendados y esposados durante varios días seguidos e incomunicados.
Con pocas excepciones, los centros de detención de Asayish están hacinados y tienen malas condiciones de higiene, según el informe.
En 1993, las autoridades kurdas dieron jurisdicción a las Asayish sobre delitos económicos y políticos, incluidos casos de espionaje y actividades de sabotaje y terrorismo.
A mediados de la década del 90 hubo intentos de unificar las distintas fuerzas de seguridad y reunirlas bajo la égida del Ministerio del Interior del gobierno regional, pero fueron inútiles.
No hay cifras precisas de la cantidad de detenidos en la región, pero, según Ayub Nuri, sólo en la provincia de Sulaimaniya, bajo control del UPK, son más de 1.000, la mayoría acusados de terrorismo.
El informe se elaboró sobre la base de investigaciones realizadas de abril a octubre de 2006 en 10 prisiones de Kurdistán.
Las autoridades de ambos partidos se mostraron preocupadas y dispuestas a hacerse cargo de las denuncias, permitiendo el ingreso de los investigadores a todos los centros de detención de las Asayish y las visitas inesperadas de los investigadores.
Pero, según el informe, "esos esfuerzos no se tradujeron en mejoras perceptibles para la mayoría de los detenidos en sus dependencias".
"El PDK prometió revisar esos casos y nosotros enviamos una copia del informe al gobierno regional, pero no recibimos ninguna respuesta", indicó Nuri. Esa disposición a colaborar contrasta radicalmente con la de los ministerios del Interior y Defensa de Iraq y las fuerzas militares británicas y estadounidenses, apostadas en ese país, que desde abril de 2003, un mes después de la invasión, rechazan de forma sistemática las solicitudes de visita cursadas por Human Rights Watch.
Los presos en los centros de detención de Asayish incluyen detenidos por las autoridades kurdas en su territorio, por las autoridades de las provincias septentrionales de Arbil, Duhok y Sulaimaniya así como otros arrestados en operaciones conjuntas de las fuerzas de la coalición, encabezada por Estados Unidos, y el ejército iraquí, cuya custodia, luego, fue transferida al gobierno regional.
También hay extranjeros, incluidos ciudadanos de Afganistán, Arabia Saudita, Irán, Jordania, Sudán y Túnez.
Human Rights Watch no visitó ninguna de las cárceles de mujeres de esas tres provincias ni centros de detención de menores.
